La portavoz del grupo municipal de CHA en el ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, Eva Clavería, solicitó en mayo de 2008, ante la Dirección General de Minas del Departamento de Industria, una información relativa a una gravera de esta localidad. Desde CHA se denuncia el oscurantismo y la falta de control que existe en torno a las actividades relacionadas con la extracción de recursos y se pide un registro público de las explotaciones que se accesible.

Tras un año de silencio de la administración, se presentó la correspondiente queja ante El Justicia, el cual la admitió a trámite y requirió por dos veces explicaciones al citado departamento sobre el asunto. Tras el verano, Industria remitió un informe sobre lo sucedido al Justicia, sin embargo continuó sin facilitar respuesta alguna al grupo municipal de CHA. Finalmente, con fecha de 29 de diciembre de 2009, el Justicia resolvió la queja sugiriendo al Consejero de Industria que en el plazo de un mes procediese a dar respuesta a la petición de la demandante. Transcurrido este plazo el grupo municipal de CHA sigue sin obtener respuesta alguna.

Para CHA debería existir un registro público de las explotaciones realmente accesible, que estuviese disponible a través de Internet en la web del Departamento de Industria y que datos como la titularidad, superficie y localización de la explotación, volúmenes a extraer, condicionantes medioambientales y caducidad de las explotaciones, entre otros, fuesen completamente transparentes. Desde CHA se pide que “este departamento cambie radicalmente la forma de tratar las peticiones de información de los ciudadanos, ya que se considera que es lamentable que tras 31 años de Constitución se siga tratando de esta manera tanto a la ciudadanía como al Justicia”.

Desde CHA en Albalate se denuncia el oscurantismo y la falta de control que hay alrededor de las actividades extractivas. Para Eva Clavería, portavoz de CHA, “no es la primera vez que Industria niega información sobre explotaciones en la localidad. En 2007 El Justicia ya resolvió en el mismo sentido una queja de ADESOBAMA a la que nunca se le facilitó la información sobre las cuadrículas mineras de una empresa que había abierto una cantera de caliza sin ningún tipo de permiso y que finalmente no obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental positiva”.

“Así mismo es necesario que se aumenten las inspecciones sobre el terreno y que la administración no actúe solamente cuando hay denuncias de particulares sobre presuntas irregularidades. Se debería ampliar la plantilla de Inspectores de minas en el Servicio Provincial de Industria, teniendo en cuenta la superficie de Teruel y el importante número de explotaciones existentes en la provincia de arcillas, graveras, calizas, alabastros, carbón, losas, etc.”- apunta la concejala de CHA.

Desde CHA se reclama además que sea obligatoria la colaboración en las tareas de inspección entre los diferentes departamentos con competencias en la materia pero carentes de coordinación sobre la misma.

CHA recuerda que en mayo de 2009 una investigación de la Fiscalía de medio Ambiente de Teruel detectó la existencia de 113 minas cuya explotación había sido abandonada sin haber cumplido con los requisitos obligatorios de restauración de los terrenos afectados con las pertinentes afecciones al paisaje y al medio ambiente.