CHA defiende las potencialidades de Aragón con otro planteamiento económico y social más sostenible, solidario y de innovación

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En coherencia con el contenido de la intervención de esta mañana de su portavoz parlamentario, José Luis Soro, Chunta Aragonesista ha registrado 112 propuestas de resolución (dos de ellas conjuntas con otros grupos), que serán debatidas y votadas mañana 18 de julio, en la última jornada del Debate de política general 2014.

CHA, consciente y orgullosa del potencial que tiene Aragón, defiende con sus propuestas un nuevo modelo económico más sostenible y solidario, en el que el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y al medio ambiente sea la base de todo. En esencia, lo que CHA persigue es acabar con el modelo depredador que sigue manteniendo el Gobierno PP-PAR actual, fortalecer el Estado del Bienestar y los servicios públicos que ahora están desmantelando, avanzar en el autogobierno y dignificar la identidad propia de la nación aragonesa.

Texto completo de las propuestas de resolución de Chunta Aragonesista:

1. Las Cortes de Aragón condenan la violencia ejercida por el estado de Israel sobre el Pueblo palestino e instan a la comunidad internacional, y muy especialmente a Naciones Unidas, a desarrollar todas las acciones oportunas para detener inmediatamente todas las acciones bélicas.

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Presidente del Gobierno central a fin de que, previa autorización del Congreso de los Diputados y conforme a lo previsto al respecto en el artículo 92 de la Constitución, proponga al Rey la convocatoria de un referéndum en el que la ciudanía española decida libremente sobre la continuidad de la Monarquía o la reinstauración de la República.

3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a remitir a la Cámara, a la mayor brevedad, un Proyecto de Ley de reforma de los artículos 38 y 55 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a fin de suprimir el aforamiento de los Diputados y Diputadas a Cortes de Aragón y de los miembros del Gobierno de Aragón.

4. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central a fin de que proceda a derogar inmediatamente los Acuerdos suscritos con la Santa Sede, así como a suprimir todos los privilegios de la iglesia católica y el resto de confesiones religiosas, en particular lo relativo a beneficios y exenciones fiscales.

5. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha inmediatamente las medidas contempladas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, aprobando a tal fin las modificaciones presupuestarias precisas para destinar a tal fin una dotación presupuestaria no inferior a 500.000 euros.

6. Las Cortes de Aragón rechazan cualquier decisión que implique la privatización del Registro Civil bajo cualquier fórmula, así como la supresión de las oficinas del mismo actualmente existentes, e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central a fin de trasladarle ese rechazo.

7. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a abandonar inmediatamente las políticas de austeridad y recortes dirigidas únicamente al cumplimiento de los objetivos de déficit público, así como a desarrollar políticas expansivas y de crecimiento económico impulsadas desde lo público, mediante políticas tributarias justas inspiradas en los principios de igualdad y progresividad que estimulen la creación de empleo estable y de calidad y garanticen el mantenimiento de los servicios públicos del estado de bienestar con carácter universal, laico y gratuito.

8. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía y, en consecuencia, le requieren a dar cumplimiento inmediatamente a lo aprobado por el Pleno el 5 de octubre de 2011, con motivo del debate de la Proposición no de Ley número 42/11-VIII, sobre suscripción del acuerdo bilateral económico financiero con el Estado, y, en consecuencia, le instan a negociar y suscribir con el Estado el citado acuerdo bilateral previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, al que Aragón tiene derecho desde 1996, en el que se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y se atienda a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, poniendo fecha conjuntamente con el Gobierno central para la reunión de la Comisión Mixta prevista en el citado artículo.

9. Las Cortes de Aragón lamentan que todavía no se haya reunido en esta Legislatura la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón prevista en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que constituye el órgano bilateral de relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones, e instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno central para exigirle la inmediata reunión de la citada Comisión, a los efectos previstos en el citado precepto estatutario.

10. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar los presupuestos para el ejercicio 2015 con la prioridad de garantizar los derechos sociales y los servicios públicos del estado del bienestar -en particular la educación, la sanidad y los servicios sociales-, generar empleo estable y de calidad e impulsar la reactivación económica desde lo público, mediante el desarrollo de inversiones productivas y el impulso de la I+D+i, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores y el fomento de la economía social.

11. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar decididamente en los presupuestos para el ejercicio 2015 las políticas activas de empleo, recuperando con dotación suficiente todos los programas suprimidos o que han visto reducida drásticamente su dotación a lo largo de la legislatura.

12. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a no acordar en ningún caso retenciones de créditos presupuestarios incluidos en los Grupos de Función 3, Seguridad, Protección y Promoción Social, y 4, Producción de Bienes Públicos de Carácter Social.

13. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a cumplir escrupulosamente todas las obligaciones de información a las Cortes de Aragón que le impone la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

14. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar el proyecto de Ley de medidas tributarias para el ejercicio 2015 con la premisa de establecer un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, de forma que tributen más quienes disfrutan de mayores ingresos o patrimonio, con el objetivo de alcanzar el nivel de los ingresos públicos necesario para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos del estado de bienestar con carácter universal y gratuito, para desarrollar políticas públicas de inversión imprescindibles para reactivar la actividad económica y para garantizar la función redistributiva de la riqueza que han de tener los tributos.

15. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a remitir, en el plazo de tres meses, un Proyecto de Ley de creación de la Agencia Tributaria de Aragón prevista en el artículo 106.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a la que se le encomendará la aplicación de todos los tributos propios, así como de los tributos estatales cedidos totalmente por el Estado a Aragón, y muy especialmente las funciones de inspección a fin de luchar contra el fraude fiscal.

16. Las Cortes de Aragón rechazan la reforma fiscal impulsada por el Gobierno central e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al mismo a fin de que desarrolle un marco tributario respetuoso con los principios de igualdad y progresividad que incluya, entre otras medidas, la derogación de la subida de los tipos general y reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el incremento de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas más altas, para las rentas de capital y para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV); la creación de un impuesto sobre grandes fortunas; la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales; y la supresión de los beneficios fiscales de la iglesia católica y el resto de confesiones religiosas, en particular en lo relativo a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

17. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a cumplir todas y cada una de las recomendaciones formuladas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas en sus diversos informes, especialmente en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesión de subvenciones.

18. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, en el plazo de tres meses, el cálculo de la balanza fiscal de Aragón con la Administración central desde el ejercicio 2006 hasta los últimos datos definitivos disponibles.

19. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar una auditoría de la deuda, con la máxima participación social, así como a desarrollar negociaciones con las entidades financieras tendentes a acordar la refinanciación del endeudamiento de la Comunidad Autónoma y disminuir el importe de los costes financieros, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón de la actuaciones desarrolladas.

20. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

a. No destruir empleo público y a no precarizar las condiciones laborales, salariales, sociales y sindicales de sus empleados y empleadas.

b. Respetar en todo caso los pactos y acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales.

c. No recurrir en ningún caso al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. d. Aprobar, en el plazo de dos meses, un plan integral de igualdad y conciliación.

21. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a abonar inmediatamente al personal del sector público aragonés la cantidad equivalente a la parte proporcional devengada hasta el día 15 de julio de 2012 de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, que hubiera dejado de percibir como consecuencia de la supresión de tales pagas en aplicación de lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

22. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón no sean en ningún caso superiores a las retribuciones de los Directores Generales, y, en el caso del personal directivo de las empresas públicas que realice funciones ejecutivas, y que no sean de máximo nivel, a que sus retribuciones no superen las fijadas para las Jefaturas de Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

23. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que la concesión de cualquier tipo de ayuda, subvención, bonificación o préstamo a empresas públicas o privadas esté siempre vinculado a la creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad, de modo que se exija la devolución de la cantidades percibidas en el caso de que, tras la percepción, se destruya el empleo creado o pre-existente o se precaricen las condiciones laborales.

24. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar todas las medidas de promoción y apoyo, en el ámbito de sus competencias, que favorezcan el mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad de las empresas que se encuentran en dificultades, así como a desarrollar todas las actuaciones a su alcance para evitar su cierre.

25. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar la Economía del bien común.

26. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar en un plazo de seis meses y con la participación de agentes sociales, entidades y colectivos interesados, un Plan de Empleo Verde de Aragón.

27. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a presentar, en el plazo de tres meses, un Plan Integral de Política Industrial de Aragón que promueva los sectores de alto valor añadido y con una fuerte base tecnológica, así como los recursos endógenos y los servicios avanzados para las empresas, permitiendo la diversificación sectorial y territorial de la actividad económica. Este Plan estará basado fundamentalmente en la investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica, la sociedad del conocimiento, la sostenibilidad y la economía productiva (transformación, distribución y comercialización), y servirá de base para la formulación a la mayor brevedad de planes específicos de reindustrialización para las comarcas aragonesas que lo requieran.

28. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

a. Elevar una queja al Ministerio de Industria ante la tardanza en publicar las ayudas al cierre y requerir al Ministro que cumpla los acuerdos y medidas adoptadas en el “Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018”, especialmente la publicación urgente de la convocatoria de las ayudas para la reactivación e impulso económico de las comarcas mineras.

b. Colaborar estrechamente con la empresa Carbonífera del Ebro y sus trabajadores para culminar satisfactoriamente el proceso del Plan de Cierre, desde su presentación hasta la finalización, tutelando el proceso desde la Administración de la Comunidad Autónoma y garantizando la permanencia de la empresa durante todo el periodo de duración del Plan de Cierre.

c. Dar celeridad a la tramitación y aprobación del plan de cierre por parte de la Administración Autónoma una vez sea presentado por Carbonífera del Ebro y solicitar al Ministerio de Industria que lo tramite también con urgencia.

d. Desarrollar todas la medidas necesarias para favorecer el proceso de recolocación de los trabajadores que no puedan acogerse a la prejubilación en el marco del Plan de la Minería 2013-2018.

29. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a incrementar el gasto en I+D+I con respecto al Producto Interior Bruto.

30. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a apoyar el desarrollo de las energías renovables pese a los recortes que están sufriendo por parte del Gobierno Central.

31. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar la eficiencia y el ahorro energético.

32. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a promover, facilitar y regular la instalación de sistemas de autoconsumo con balance neto energético.

33. Las Cortes de Aragón conscientes de la grave situación económica de numerosas familias aragonesas, instan al Gobierno de Aragón a cumplir con el acuerdo alcanzado en Pleno el pasado 28 de noviembre de 2013 sobre la Proposición no de ley núm. 466/13, sobre medidas a adoptar para erradicar la pobreza energética.

34. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón requerir al Gobierno central la firma inmediata del Convenio de Colaboración relativo al Fondo de Inversiones para Teruel 2014 y a incluir en el mismo la previsión de que el procedimiento de concesión de subvenciones a entidades locales se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

35. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a no destinar dinero proveniente del Fondo de Inversiones de Teruel a la sociedad pública Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (Motorland) con objeto de realizar una ampliación de capital de la sociedad.

36. Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a cumplir de manera más decidida con su obligación de contribuir a la financiación de las administraciones locales aragonesas, de tal manera que: a. Actualice en el próximo ejercicio presupuestario las partidas económicas que transfiere a las Comarcas de la Sección 26, y que los cargos a los créditos de estos programas se realicen mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas, de tal modo que aplique cada uno de los aumentos anuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde 2002, al objeto de compensar la congelación que desde entonces han venido sufriendo. b. Incremente la partida correspondiente al Fondo de Cooperación Municipal, y esta no se congele o disminuya como en el caso de los presupuestos 2013 y 2014, dada la repercusión directa que éste tiene para el funcionamiento de tantos pequeños municipios aragoneses. c. Elabore una Ley de Financiación Comarcal.

37. Las Cortes valoran negativamente que el Gobierno de Aragón, tras haber tomado en consideración el 24 de marzo de 2011 la Proposición de Ley de Capitalidad y de régimen especial de Zaragoza, siga sin presentar en sede parlamentaria la Proposición de Ley. Además, instan al Gobierno a que remita inmediatamente a las Cortes un Proyecto de Ley Capitalidad de Zaragoza, en el que se incluya la preceptiva memoria económica y un título específico sobre financiación, de modo que pueda ser tramitado, debatido y votado parlamentariamente durante la actual Legislatura.

38. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que remita a estas Cortes un proyecto de Ley de la Comarca Central de Zaragoza, incluyendo todos los municipios que componen la actual Delimitación Comarcal de Zaragoza y con las competencias que la Ley23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización atribuye a las Comarcas, sin perjuicio de otras que pudiera asumir.

39. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, que soliciten al Gobierno Central, el vaciamiento de competencias de las Diputaciones Provinciales, con el fin de terminar con el clientelismo político y evitar duplicidades de competencias.

40. Las Cortes de Aragón, tras la aprobación de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Coordinación de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón y sus respectivos reglamentos, instan al Gobierno de Aragón a presentar un Plan de Inversiones, en un plazo de seis meses, para desarrollar las diferentes zonas de actuación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento aprobadas en el reglamento de organización y funcionamiento del servicio, que recoja un cronograma con los plurianuales que deben ejecutarse en los próximos años, así como el número de parques imprescindibles y las necesidades de recursos humanos y materiales de cada una de las zonas de actuación para conseguir una prestación de calidad de este servicio en Aragón.

41. Las Cortes de Aragón, ante la aprobación del nuevo Plan de Infraestructuras, Vivienda y Transporte (PITVI) 2012-2024, instan al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno estatal la inclusión en ellos de aquellas propuestas de infraestructuras aragonesas que han suscitado acuerdos unánimes en esta Cámara; y a que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en Aragón a partir del ejercicio 2015 sean proporcionales a la superficie del territorio aragonés en relación con el conjunto estatal y no suponga un recorte constante como en los ejercicios anteriores.

42. Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a requerir al Ministerio de Fomento que la paralización de obra pública en carreteras de Aragón no afecte a tramos que están en obras o inconclusos, de forma que se eviten las peligrosas afecciones para la seguridad vial y los sobrecostes adicionales que conllevará la dilatación de las actuaciones; y en concreto: las autovías A-21, A-22 y A-23; el desdoblamiento de la N-232 como A-68 y la N-II, el tercer carril de la A-2; y los tramos pendientes de la N-260 y N-232.

43. Las Cortes de Aragón, en relación con la Línea Internacional del Canfranc, instan al Gobierno de Aragón a solicitar de la Comisión Europea las ayudas regionales comunitarias que apoyen las acciones de los estados español y francés para su reapertura elaborando un programa de trabajo coordinado y una estructura de acción conjunta con las autoridades francesas responsables de las obras del tramo francés y promoviendo las adaptaciones de la normativa que estimen necesarias, además para que se dirija al Gobierno Central para que consigne las partidas correspondientes debidamente dotadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y de los años sucesivos que permitan la modernización completa del tramo Huesca-Canfranc y con ello la entrada en servicio de este corredor en 2020.

44. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar el desarrollo de las cercanías ferroviarias aragonesas solicitando del Ministerio de Fomento el impulso y ejecución de las actuaciones comprometidas en su calendario, y las acordadas por el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza en el Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad Sostenible de Zaragoza, para los horizontes 2010 y 2015.

45. Las Cortes de Aragón valoran negativamente que el Gobierno de Aragón, tras haber presentado el Plan Aragonés de Gestión de Vivienda Social, no haya presentado un documento donde se recojan los objetivos, procedimientos y cumplimientos de dicho Plan. Además instan al Gobierno de Aragón a que remita inmediatamente a las Cortes un balance y una evaluación del cumplimiento de los objetivos y las inversiones ejecutadas en cada uno de los programas del Plan para su debate, formulación de propuestas de resolución y votación de las mismas por parte de los grupos parlamentarios; acompañado de un cronograma de las partidas presupuestarias pendientes en cada uno de los programas del Plan Aragonés de Gestión de Vivienda Social hasta el final de la legislatura para atender las necesidades sociales a las que debe responder este Plan en sus diferentes programas.

46. Las Cortes valoran negativamente la aprobación el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 35, suprimió las nuevas concesiones de ayudas de subsidiación de préstamos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en su disposición adicional segunda, viene a subvertir la situación jurídica de las ayudas ya concedidas al disponer que las renovaciones o prórrogas de las ayudas referidas, incluso de aquellas que según la norma explicita habrían sido ya concedidas, quedan suprimidas y sin efectos y no se admiten en lo sucesivo a pesar de estar expresamente previstas en la legislación en cuya virtud se reconocieron. Además, instan al Gobierno a revocar de oficio las resoluciones que hubieren denegado las solicitudes de ayuda a la subsidiación de vivienda de protección oficial de los planes estatales de vivienda anteriores al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 y dictar, en el plazo más breve posible, nuevas resoluciones favorables en las que se estimen las prórrogas, y de esta manera, evitar a los afectados acudir a los juzgados y causarles mayores perjuicios económicos.

47. Las Cortes de Aragón, valoran negativamente la aprobación de la Ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social, instan al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno estatal la adopción de manera inmediata las medidas legislativas necesarias, con el objeto de incluir los siguientes extremos:

a. Que en los procedimientos de ejecución hipotecaria que afecten a la vivienda habitual del deudor o sus familiares directos, que hayan culminado con resolución que comporte el lanzamiento de los mismos, el Juez, a petición del afectado o las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales decrete la suspensión de la diligencia de lanzamiento, hasta en tanto las partes intervinientes o las administraciones públicas competentes no presenten un acuerdo o propuesta que garantice el derecho del afectado a seguir disponiendo de la misma o distinta vivienda en condiciones de habitabilidad y vecindad, mediante título que le garantice la estabilidad residencial por un periodo mínimo de cinco años y en condiciones económicas ajustadas a las posibilidades del afectado.

b. Que las personas titulares de viviendas en que tengan su residencia habitual o la de sus familiares directos y que estén hipotecadas puedan instar la suspensión temporal del pago de las cuotas hipotecarias, sin acreditación de nuevos intereses, por justa causa consistente en situaciones de desempleo, accidente laboral, larga enfermedad, desgracia familiar o infortunios similares, sin ingresos mínimos para cubrir los alimentos y las cuotas hipotecarias, y en tanto se mantenga esa situación o las autoridades competentes en materia de servicios sociales y de vivienda, presentes una solución que garantice el derecho a disponer de una vivienda digna.

c. Que las entidades financieras intervenidas por el Estado o que estén sujetas o deban acogerse a operaciones de saneamiento que incluyan activos inmobiliarios residenciales, deban poner, de forma inmediata, a disposición de las autoridades competentes en materia de política de vivienda, el derecho de uso –por tiempo máximo de cinco años- de las viviendas desocupadas y que reúnan condiciones de habitabilidad, cuando así sean requeridas por resolución que justifique la necesidad de disponer de las mismas para atender a necesidades de alojamiento de personas y familias que hayan perdido el uso de la vivienda o estén en riesgo inmediato de perderlo por causa de procedimientos de lanzamiento hipotecario ya ejecutado o por desahucios arrendaticios.

d. Que se expropie el uso de la vivienda a las entidades financieras, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos como que la vivienda hipotecada sea la habitual, que se acredite una situación de empobrecimiento sobrevenido, que no superen tres veces el IPREM y, en todo caso, estén en riesgo de exclusión social.

e. Que cree un fondo social de Viviendas que se nutra de viviendas transferidas al SAREB de entidades nacionalizadas, de las viviendas en propiedad de las entidades participadas por el FROB y las viviendas desocupadas de que sean titulares las administraciones públicas y sus empresas y las viviendas expropiadas a las entidades financieras y se fomente el alquiler de viviendas a través de un sistema de penalización en el que se apliquen multas a las entidades financieras y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

f. Que se recoja la dación en pago de la vivienda como mecanismo para la cancelación hipotecaria total de la deuda en aquellos casos que no resulte posible articular otro mecanismo para que el propietario de la vivienda continúe en el disfrute de la misma.

48. Las Cortes valoran negativamente que el Gobierno de Aragón, tras haber anunciado la revisión de la Ley 17/2006, de 29 de diciembre, de Medidas urgentes en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón, haya eliminado rutas de autobuses en diferentes comarcas de Aragón. Además, instan al Gobierno a impulsar, de acuerdo con el Gobierno Central, la elaboración de un Plan Estructurante de Transporte, en un plazo de un año, que defina con rigor el modelo futuro de transporte ferroviario y por carretera, tanto de viajeros como de mercancías en Aragón, un Plan que prevea y planifique las inversiones a acometer, garantizando la adecuada comunicabilidad de todas nuestras comarcas dentro de un modelo público sostenible y adaptado a las necesidades.

49. Las Cortes de Aragón, ante la aprobación del Decreto-ley 20/2012, de 20 de julio por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios y el Plan Integral Transporte y Vivienda 2012-2024, instan al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno estatal que no suprima líneas de ferrocarril convencional en Aragón por lo que supone de servicio público y social, que se haga una apuesta firme en defensa del ferrocarril convencional a través de una inversión para la mejora de los servicios ofertados y de la elaboración de un Plan Regional de Transporte, y, además, que no se firme hasta que se revise el Convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento/ Renfe-Operadora para la prestación de servicios ferroviarios de media distancia en la Comunidad Autónoma puesto que no se han cumplido las condiciones pactadas en dicho convenio.

50. Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a requerir al Gobierno de España para que elabore un informe detallado sobre la cantidad a la que ascenderían las indemnizaciones que tendrán que abonarse por el rescate de la concesión de los tramos de la autopista AP-2 entre Pina de Ebro y Fraga y del tramo de la autopista AP-68 entre Tudela y Alagón antes de la fecha prevista para su finalización. Con estos cálculos determine si es más viable económicamente construir el desdoblamiento de estas dos autovías o liberar definitivamente la AP-2 y AP-68 en los tramos especificados mediante la supresión anticipada de la concesión. Mientras tanto alcanzar un acuerdo urgente con el Gobierno de España para la liberación completa del peaje para vehículo pesados en los tramos de las dos autopistas citadas.

51. Las Cortes de Aragón conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instan al Gobierno de Aragón a cumplir el acuerdo unánime de estas Cortes para declarar Aragón como territorio libre de fracking y a prohibir cualquier permiso de investigación.

52. Las Cortes de Aragón muestran su rechazo a los sucesivos desvíos presupuestarios del proyecto de recrecimiento de Yesa e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno estatal para que se ponga fin a la actual escalada de ampliaciones presupuestarias, derivando las inversiones previstas a servicios esenciales que están siendo recortados, inversiones verdaderamente productivas o pequeñas infraestructuras en el sistema de Bardenas que permitan un uso eficiente del agua regulada con el actual embalse.

53. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de España para que la Confederación Hidrográfica del Ebro descarte la construcción del embalse de Biscarrués, por ser un proyecto insostenible y que afectaría a una zona que en este momento se encuentra en pleno desarrollo.

54. Las Cortes de Aragón in