CHA lamenta el permiso concedido por el Gobierno de España para la puesta en marcha del proyecto Mina Muga en Undués de Lerda y Sangüesa

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Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA: “Reiteramos, una vez más, la necesidad de paralizar este proyecto, dado su enorme e irreversible impacto ambiental para las zonas aragonesas afectadas”

La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha lamentado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de conceder el permiso para la puesta en marcha del proyecto Mina Muga, que se ubicará en los municipios de Undués de Lerda y Sangüesa (Navarra). “Es un proyecto insostenible, que ni siquiera cuenta todavía con las licencias municipales pertinentes”, advierte.

En este sentido, Lasobras ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno de España que dé explicaciones sobre esta decisión, dejando claros los motivos de la concesión del permiso, “teniendo en cuenta las afecciones que producirá y la gran oposición que existe en la zona afectada”.

“Desde el primer instante en que se conoció lo que representaría este proyecto para la zona, hemos presentado toda una serie de iniciativas políticas cuyo objetivo era y es lograr su paralización”, explica la Secretaria General de CHA, quien recuerda que la formación ha asumido como partido todas las argumentaciones formuladas por la Plataforma en contra de las Minas de Potasa de la Bal d´Onsella y la Sierra del Perdón.

Isabel Lasobras ha señalado que CHA presentó en agosto de 2020 sendas alegaciones, durante el periodo de exposición pública, para “reiniciar la tramitación ambiental del mismo, suspender la aprobación de la resolución del Plan de Restauración, aprovechar la tramitación de alguna parte del proyecto para realizar una evaluación conjunta, una evaluación externa del proyecto completo, elaborar una evaluación ambiental estratégica del conjunto, no relegar a tramitaciones mineras aspectos ambientales, aumentar los canales de participación pública, realizar una nueva declaración de impacto ambiental y una resolución negativa del proyecto de restauración”.