CHA reclama en el Senado que la CHE valore el impacto de la mina de Borobia y revise la calidad de las aguas por su posible afección en Aragón

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La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha trasladado su preocupación por el Proyecto de explotación y el Estudio de Impacto Ambiental para ampliar la mina de Borobia, cuyas afecciones a los acuíferos podrían afectar a comarcas aragonesas como el Aranda o la Comunidad de Calatayud.

Por este motivo, además de presentar una alegación para reclamar a la Junta de Castilla y León que desestime el proyecto, Chunta Aragonesista ha anunciado la presentación de una inciativa en el Senado, a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que realice valoraciones sobre su impacto y cumpla con las revisiones calidad de las aguas por sus posibles afecciones en Aragón.

Por su parte, David Félez, coordinador del Rolde de Medio Ambiente y Política Hidrológica, explica que “en este momento existe un importante número de anomalías y de incumplimientos de acuerdos establecidos”, y que “no se han cumplido las condiciones de la concesión del vertido del año 2016, llegando incluso a abrir la CHE un expediente sancionador por el vertido en el río Manubles del 23 de febrero de 2017”.

“La ampliación de la explotación, así como el análisis de los impactos, habrían de estar fundamentados en una descripción geológica más detallada y rigurosa”, y que “existen serias dudas sobre el modelo de permeabilidad que se argumenta”, señala Félez.

Por estos motivos, Lasobras reclama “una revisión en profundidad del estudio presentado” y la elaboración de otro más riguroso “para evitar que una actuación inadecuada ocasione perjuicios irreparables en el ecosistema de la zona, a la agricultura y ganadería de la ribera del Manubles y de otras actividades relacionadas con el buen estado medioambiental del entorno y sus valores paisajísticos y arqueológicos”.

La Secretaria General de CHA ha recordado que la formación siempre se ha opuesto a la explotación de esta mina. “Ya advertimos desde el minuto cero de los problemas que podría suponer, y los hechos han demostrado que es el esfuerzo de colectivos sociales y ecologistas es el que están permitiendo sacar a la luz las irregularidades que se vienen produciendo”.

Finalmente, Isabel Lasobras ha señalado que las Administraciones Públicas competentes tienen la responsabilidad de actuar, exigir las máximas medidas de seguridad y controlar el cumplimiento de los preceptos  legales por parte de esta explotación”.