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17/06/2017

Nueva iniciativa en Europa contra el pantano de Biscarrués

Miguel Martínez Tomey, miembro del equipo de Primavera Europea (coalición en la que participa CHA) en el Parlamento Europeo: "Queremos Comisión Europea sea transparente en el proceso de declaración de Impacto Ambiental del pantano de Biscarrués y explique si el Gobierno de España ha cumplido con los requisitos requeridos".

Miguel Martínez Tomey ha enviado una solicitud a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea para conocer si el Gobierno de España ha cumplido con los requerimientos ambientales demandados por la Unión Europea con motivo de la tramición del pantano de Biscarrués. 

Para Martínez Tomey "Es una iniciativa más que presentamos en Europa para comprometer a la Unión en la defensa de los principios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente y en la transparencia con respecto al expediente sancionador todavía no resuelto que pesa sobre el proyecto de embalse de Biscarrués" . "Este pantano supondría la destrucción de la economía de la zona, de los puestos de trabajo creados sobre el turismo de aventura y todo con dinero público. Un auténtico sinsentido" 

La carta enviada expone: 

"El 23 de septiembre de 2015 les dirigí una solicitud de acceso a un documento que forma parte del procedimiento por Infracción nº 2014/4023 referido al proyecto de embalse de Biscarrués (Aragón) al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

En su atenta respuesta fechada el 29 de septiembre de 2015, el Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Sr. Calleja, me comunicaba la negativa a facilitarme acceso a dicho documento debido a la aplicación a este caso de la excepción contemplada en el artículo 4 del citado reglamento, resultando imposible a tales efectos incluso la posibilidad de obtener un acceso parcial al mismo. Entendiendo los argumentos de la Comisión desde el primer momento, me abstuve de presentar ninguna solicitud confirmatoria para que reconsiderase su postura. 

Dicho lo anterior, me permito informarle de que, sin que conste la existencia de resolución alguna por parte de la Comisión Europea sobre dicho expediente, el gobierno español, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (su organismo rector de la cuenca del Ebro), publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH) el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de construcción de dicho embalse, así como la relación de bienes y derechos afectados. En el documento correspondiente se definen las obras necesarias para la ejecución y funcionamiento del pantano y se recogen las condiciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del anteproyecto en julio de 2011 que son objeto del procedimiento por infracción, así como el presupuesto base de licitación, que asciende a 124.624.554,95 euros. 

A la luz de estos hechos, considerando que: 

-esta acción de las autoridades españolas avanza en la ejecución de un proyecto cuya conformidad con la ley está pendiente de establecerse hasta que no se dicte resolución sobre el procedimiento por infracción que tiene abierto, sin perjuicio de las instancias de recurso a las que puedan acudir las partes; 

-se trata de una obra de gran impacto cuya ejecución tendría efectos irreversibles sobre el medio ambiente, el territorio y la población que lo habita; 

-se ha generado una enorme alarma social en la zona y un claro perjuicio para empresas y actividades de todo tipo cuya continuidad en el territorio está bajo amenaza de desaparición, así como para las numerosas personas que viven de ellas y que han contribuido a repoblar y rejuvenecer en las últimas décadas una comarca anteriormente en acelerado declive, gracias a la diversificación de su economía, hasta hace unos años casi exclusivamente agraria; 

-la continuación del proceso de ejecución del proyecto no solo supondría un derroche estéril e inaceptable de dinero público en caso de declararse la ilegalidad e inviabilidad del mismo sino que, a falta de resolución alguna al respecto, denota una inexplicable presunción -ignoramos si con base en información que solo el gobierno de España parece tener- de que el procedimiento por infracción ya lo tiene ganado antes de que la Comisión emita su resolución al respecto; vuelvo a dirigirme a la Comisión Europea solicitándole en esta ocasión como nueva petición que me facilite el acceso a todos los documentos que obran a fecha de hoy en el expediente de este procedimiento".


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