Opinión

Comunicación

12/04/2017

El desconcierto educativo

Gregorio Briz Sánchez

Por Gregorio Briz Sánchez

Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón y Secretario de Relaciones Institucionales y Políticas

El tema de la educación, como siempre históricamente, desune, confronta y en algunos casos a algunos les provoca la inclinación a embestir al contrario. Después de toda la algarabía y francachela de algunas fuerzas políticas que pretendían reproducir la Segunda Guerra Mundial con petardos de feria, volvamos a la realidad viva. 

La orden 1952/2016, de 27 de diciembre, por la que se convoca el rocedimiento para el acceso, renovación y modificación de los conciertos educativos, para el curso académico 2017-2018, ponía en marcha el procedimiento para la revisión de los conciertos educativos en Aragón. La consejera de Educación, Cultura y Deporte dictaría orden por la que se resolvería sobre el acceso, la modificación y la renovación de los conciertos educativos, antes del 15 de abril de 2017. 

Era el momento oportuno para desarrollar políticas de izquierdas en el terreno de la educación en Aragón, y no crear un conflicto innecesario e irreal entre la escuela pública y la escuela privada, financiada con fondos públicos, incluidos sus propios trabajadores, tal como decíamos en el programa electoral de CHA: 

«Eliminar progresivamente los conciertos con centros privados existentes en la enseñanza, buscando alternativas públicas, y, por tanto, no concertar unidades en centros privados si existen espacios en centros públicos del entorno». 

En el Gobierno PSOE-CHA había una sintonía clara en este tema, y así se puso de manifiesto en las reuniones que fuimos teniendo los representantes de ambas fuerzas políticas previas a la presentación del presupuesto, e incluso el número de aulas que no se podrán no concertar, que podrían estar entre 10 y 15 aulas de infantil, incluso en las zonas que podrían ser, en función del descenso demográfico, especialmente en la ciudad de Zaragoza, principal foco de centros concertados. 

Por lo tanto este procedimiento llevaba a señalar como prioridad la escuela pública, y, en todo caso momentáneamente la escuela concertada sería subsidiaria, aunque legalmente se le reconozca como complementaria, apoyado en los datos demográficos y la planificación educativa de un gobierno de izquierdas para posibilitar la reversión de las políticas agresivas contra la escuela pública del Gobierno PP-PAR. 

Los acuerdos finalmente firmados sobre esta cuestión, que permitieron desbloquear la negociación parlamentaria, han sido la excusa para tratar de extender, y finalmente, lograr, un temor entre la escuela concertada, cuando la tozuda realidad ha demostrado que las cifras definitivas que ha tomado este Gobierno con respecto a esta modalidad de enseñanza han sido las posibles, las reales, las más sensatas. 

Además de esta medida necesaria desde la racionalidad, la planificación educativa y el liderazgo del Gobierno de Aragón; también tiene que garantizar el derecho a la educación, en condiciones de igualdad, para todos los alumnos independientemente de su origen, condición o recursos personales y económicos. 

Esta garantía la va a cumplir con el nuevo decreto de admisión para el curso 2017-18 donde la atención al alumnado con necesidades educativas especiales se distribuye equitativamente entre los centros públicos y concertados, además de la reducción de ratios y la previsión de no ofertar vacantes a centros con un porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) superior al 30% para enseñanzas de 2º ciclo de infantil y primaria; así como la posibilidad de anticipar el proceso de escolarización un curso a determinados centros que presenten un nivel notable de alumnado con necesidades educativas, es decir centros en clara situación de desventaja, donde la equidad y la igualdad de oportunidades ha desaparecido. 

En este momento, previo al proceso de escolarización se debe defender, por encima de la libertad de elección de centro, bendecida por los sectores conservadores, como principio básico de la enseñanza, la equidad y la igualdad de oportunidades y tomar una serie de medidas que permitan establecer una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo entre los diferentes centros educativos sostenidos con fondos públicos, públicos o privados. 

Y, por supuesto, llevar a cabo políticas educativas de mejora de la calidad de la escuela pública para subvertir el orden de preferencias de las familias y que se decanten por demandar los centros públicos en detrimento de la escuela privada. 

Nunca el PP y el PAR firmaron en su pacto de gobernabilidad que iban a desmontar un número determinado de aulas de la escuela pública, pero sí que lo hicieron sin ruido, sin alharaca, sin fuegos de artificio, porque el gobierno te permite planificar las políticas en una dirección u otra. 

Ahora más que nunca se hace necesario todo un esfuerzo de diálogo, de voluntad de acuerdos para evitar la judicialización, siempre traumática y, sobre todo, ser capaces de no perder la perspectiva necesaria, la altura de miras políticas, para lograr, cuanto antes mejor, el necesario «Pacto por la Educación en Aragón» que dé estabilidad, rigor y fortaleza al sistema.


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