La cuestión planteada es: “¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de política presupuestaria?”

Esta interpelación surge en un contexto de crec,iente preocupación por la gestión financiera del ejecutivo de Azcón. De hecho, el Gobierno de Aragón ha incumplido por segundo año consecutivo, el mandato estatutario que establece la obligación de presentar los presupuestos a las Cortes antes de finales de septiembre, fruto de su debilidad política, incapaz de alcanzar mayorías parlamentarias. Además, el director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, ha reconocido recientemente que la tramitación del presupuesto de 2026 se encuentra en una situación de “nebulosas” y sin una fecha definida para su inicio

Esta falta de planificación y transparencia se ve incrementada ante las informaciones que ahondan en el importante incremento de la deuda pública de Aragón, que ha alcanzado un récord histórico de 9.422 millones de euros al cierre del segundo trimestre de 2025

Este aumento de la deuda coincide, sin embargo, con un creciente deterioro de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que sufren recortes y falta de inversión.

José Luis Soro ha señalado que “la ausencia de unos presupuestos claros y la creciente deuda pública son síntomas de una política económica errática y perjudicial para los intereses de Aragón”. CHA exige al Gobierno de Aragón que aclare su estrategia financiera y que cumpla con sus compromisos legales y éticos en materia de gestión pública.

Verdes Equo y Chunta Aragonesista (CHA) han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, para reducir gradualmente a la mitad la producción intensiva de vacas, cerdos y pollos, de aquí a 2030,
Así lo han anunciado en Granada el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y la coportavoz federal de Verdes Equo, Mar González, que con esta medida buscan reducir un 30% las emisiones de metano producidas por la ganadería intensiva, causantes del 10% de los gases de efecto invernadero en España, y favorecer la ganadería extensiva para mejorar la salud, la economía local y el bienestar animal
Para ello, instan al Gobierno a establecer una moratoria para nuevas macroexplotaciones como las dos de ganado porcino que hay Granada y a cerrar aquellas que ya están contaminando zonas vulnerables.
Mar González, , ha manifestado que: “El modelo de las macrogranjas no tiene futuro. Genera beneficios privados a corto plazo, pero deja pérdidas públicas a largo: contaminación, acuíferos envenenados, malos olores, pérdida de salud y de vida en los pueblos. Los beneficios se los quedan unos pocos, las consecuencias las pagamos todas”.
“Lo hemos visto con las macrogranjas del Altiplano de Granada, donde vecinos y vecinas viven rodeados de balsas de purines, olores insoportables y un paisaje cada vez más degradado. Nos quieren hacer creer que hay que elegir entre empleo hoy o futuro mañana, pero es un falso dilema. Hay alternativas reales: la ganadería extensiva, la familiar, la que cuida la tierra, crea empleo digno y mantiene los pueblos vivos. Eso sí es progreso”, ha añadido González.
Para Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista, “la situación en Andalucía es similar a la Aragón: mismo modelo y mismos impactos: macrogranjas que contaminan, fondos de inversión que se lucran y pueblos que pagan las consecuencias. Dos territorios con una misma herida. Nos venden que las macrogranjas fijan población, pero los estudios demuestran lo contrario”.
Pueyo ha denunciado que en Aragón “el PP, por la presión de Vox, ha eliminado los límites a las macrogranjas. Esto disparará la contaminación y los fondos internacionales harán competencia desleal a las granjas familiares. Ni Aragón ni Andalucía pueden ser zonas de sacrificio, por eso pedimos una moratoria inmediata a las nuevas macrogranjas y una apuesta firme por la ganadería sostenible”.

Chunta Aragonesista considera inaceptable que la alcaldesa se desentienda de la situación y recuerda que es la responsable última del servicio público de transporte

Chunta Aragonesista ha criticado la falta de implicación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ante la huelga de los conductores del tranvía que afectará de lleno al Día del Pilar. CHA considera “muy grave” que la alcaldesa declare públicamente que no va a mediar entre la empresa concesionaria y los trabajadores, cuando su obligación es garantizar la correcta prestación de un servicio público esencial.

El Presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal ha declarado que Chueca “no puede escurrir el bulto por tener el servicio externalizado. Es la alcaldesa, y por tanto la responsable política última de que Zaragoza tenga el 12 de octubre un transporte público que funcione y esté a la altura de las fiestas de la ciudad”.

La formación aragonesista recuerda que el Ayuntamiento es quien adjudica y supervisa el contrato del tranvía, y que la externalización de su gestión no exime al Gobierno municipal de su deber de velar por los derechos de los trabajadores ni por el interés general de la ciudadanía.

“La incapacidad del equipo de Chueca para anticipar los conflictos, dialogar y buscar soluciones está afectando directamente al día grande de las Fiestas del Pilar, a la movilidad y a la imagen de Zaragoza”, ha afirmado Bernal, que reclama una actuación inmediata para garantizar un servicio adecuado.

Chunta Aragonesista subraya que el transporte público es un elemento esencial de la vida urbana, especialmente en jornadas con una enorme afluencia de público como el 12 de octubre, y exige al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad política y trabaje activamente para evitar que la ciudad se vea colapsada.

“Estamos hablando de un puesto imprescindible para el correcto desarrollo del día a día en el centro. La ausencia de este personal no es un detalle menor: repercute directamente en la seguridad, el cuidado y la atención que merecen nuestros niños y niñas”, señala Oliver Navarrete, Presidente de CHA- Cuencas Mineras

El Grupo Parlamentario de CHA ha registrado una iniciativa en las Cortes de Aragón para exigir al Departamento de Educación que resuelva de manera urgente la falta de personal en el centro educativo de Utrillas, donde actualmente se encuentra vacante una plaza de técnico/a auxiliar infantil.

La pregunta, formulada por Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, reclama una solución inmediata a un problema que está afectando al funcionamiento del servicio de comedor y a la atención adecuada del alumnado.

CHA recuerda que esta situación no es un hecho aislado, sino que se repite en diferentes centros, donde las plazas de monitor/a de comedor o técnicos/as auxiliares infantiles no están cubiertas desde el inicio de curso, generando dificultades tanto para el personal educativo como para las familias.

“El Departamento de Educación no puede seguir fallando en algo tan básico como garantizar que estos puestos estén cubiertos desde el primer día de clase. Se necesita revisar a fondo los procedimientos de convocatoria, selección y cobertura de plazas para evitar periodos prolongados de ausencia. La educación pública en el medio rural no puede permitirse este tipo de fallos”, afirma Navarrete.

CHA pide al Gobierno de Aragón que actúe con responsabilidad y dé una respuesta concreta a las familias y a la comunidad educativa de Utrillas, asegurando la cobertura inmediata de la plaza y un sistema más ágil y eficaz para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

“Si queremos garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado de las ciudades y el de nuestros pueblos, no podemos permitir que servicios básicos como el comedor escolar o la atención infantil se vean comprometidos”, concluye Navarrete.

Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca recuerda también que “este tramo de la muralla musulmana, que se ubica junto al solar que sirve de aparcamiento, está pendiente de restauración, como gran parte del resto, concretamente el tramo que va desde la curva del Trasmuro hasta el CEIP San Vicente, que continúa con una valla provisional, cuando el Plan Director contempla que presente condiciones similares a los tramos rehabilitados entre la zona del Torreón Amparo y la curva del Trasmuro”

Cuando desgraciadamente la ausencia de impulso de proyectos es la tónica general de nuestro consistorio, una simple demolición de un edificio fuera de ordenación urbanística sirve para que nuestra Alcaldesa se haga innumerables fotos, en este caso junto al edificio número 9 de la ronda de Montearagón, frente al albergue municipal y colindante con la muralla.

Esta intervención ha permitido descubrir uno de los torreones de la antigua muralla musulmana del siglo IX, intervención que quedará incompleta porque anexo al edificio derribado se ubica un transformador eléctrico que afea esta zona de la muralla, que poco tiene que ver con la “Huesca Huapa” que pretende nuestra alcaldesa, por lo que le pedimos al equipo de gobierno municipal que llegue a un acuerdo con Endesa para la supresión del mismo.

Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca recuerda que “este tramo de la muralla musulmana, que se ubica junto al solar que sirve de aparcamiento, está pendiente de restauración, como gran parte del resto, concretamente el tramo que va desde la curva del Trasmuro hasta el CEIP San Vicente, que continúa con una valla provisional, cuando el Plan Director contempla que presente condiciones similares a los tramos rehabilitados entre la zona del Torreón Amparo y la curva del Trasmuro”.

“Desde que en 2006 se llevó a cabo la firma del convenio con el compromiso de reurbanizar la calle Desengaño simultáneamente a la apertura del paseo sobre la Muralla, abierto con terrenos cedidos gratuitamente por los propietarios para permitir la restauración y puesta en valor de la Muralla, ha pasado demasiado tiempo, y es que el paseo se abrió en 2015, pero la urbanización de la calle Desengaño sigue pendiente al igual que la restauración integral de la Muralla, cumplir estos compromisos creemos desde CHA, que debe de ser una prioridad”, ha concluido Alastruey.

«Llevamos muchos meses dialogando y negociando con el Grupo Socialista para acercar posturas y por fin hemos logrado que el Ministerio entienda que, si hay paradas de autobús que dejan de prestarse por las rutas estatales y deben ser asumidas por las rutas autonómicas, debe hacerse contando con las Comunidades Autónomas y el coste debe asumirlo el Estado», ha afirmado Jorge Pueyo. «Imponer unilateralmente la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús era un error, una injusticia, y una grave contradicción con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este Gobierno de coalición. Si no se corregía, ese recorte de paradas iba a perjudicar precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costaría varias horas, por la necesidad de realizar trasbordos, y sin ninguna duda eso iba a perjudicar la vida de la gente». El diputado de CHA ha recordado que la eliminación de paradas afectaba a 151 municipios aragoneses, de los que 111 se iban a quedar sin cobertura (54 en la provincia de Teruel).
«Por eso desde CHA, con el apoyo de todo el Grupo Plurinacional Sumar y, en especial, del ponente de esta ley, Alberto Ibáñez, hemos trabajado para corregir ese error, buscando una transacción que garantice que la reordenación de rutas se haga con el acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas y con dos objetivos: que ninguna parada en el medio rural desaparezca sin alternativa y que las comunidades reciban la justa financiación si deben asumir las competencias de las nuevas rutas en su mapa autonómico. Estábamos convencidos de que esa era la clave para desatascar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Si no, desde CHA no hubiéramos podido votar la Ley a favor. Y por eso estamos satisfechos con la aprobación de estas transacciones que van en la buena dirección. La reordenación de las paradas será por consenso con las Comunidades Autónomas y el coste lo asumirá el Ministerio, como exigíamos desde CHA. Ahora, cuando la ley entre en vigor, las Comunidades Autónomas tendrán herramientas legales para exigir al Ministerio y poder evitar la eliminación de paradas», ha afirmado Jorge Pueyo.
Finalmente Pueyo ha argumentado poniendo en valor las transacciones acordadas: La ley obliga al Gobierno a que tenga en cuenta «la función de conexión territorial» de los servicios de competencia estatal y a favorecer «el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo» (art. 49.3). Esta frase es un éxito de la movilización popular trasladada al Congreso: protege las paradas que no cuenten con alternativa. Además, «se compensará económicamente por parte del Estado» a las CCAA (art. 49.3). La obligatoriedad del “se compensará” del art. 49 prevalece sobre el “podrá destinar créditos a la financiación de los servicios” que dice la transitoria 2ª, punto 2. Disposición que recoge el informe previo de las CCAA sobre si aceptan o no la segregación de tráficos. Por tanto, ha conseguido que si la Comunidad Autónoma no acepta un tráfico, el Ministerio deberá seguir prestándolo. Se suprime también la obligatoriedad de asunción por las CCAA de las paradas intermedias, que pretendía el texto original del PSOE. Las paradas, por tanto, no desaparecen: las prestará la Comunidad si lo acepta y, si no, las seguirá prestando el Estado. Lo dice el punto 3 de la Transitoria 2ª: Los tráficos no aceptados por la Comunidad Autónoma se incluirán en la licitación de las concesiones estatales.

Transacciones aprobadas
La enmienda transaccional nº 46, que fue aprobada en junio en Ponencia y que afecta a las enmiendas 241 y 244 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 188, 215, 222 y 223 del BNG (Grupo Mixto) y 681 de ERC, además de eliminar el apartado 5 del artículo 49, modifica el apartado 3 con la siguiente redacción:
«Artículo 49. Servicios de transporte público regular de personas por carretera de competencia estatal

3. Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente, pero además se atenderá a la función de conexión territorial y de servicio de transporte público, favoreciendo el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo, sin perjuicio de que, cuando así lo justifique la demanda previsible, se pudieran atender otras paradas. Además, las paradas intermedias deberán facilitar los desplazamientos intermodales y por ello, cuando corresponda, deberán estar debidamente conectados con los puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros nodos de transporte. En el caso de que paradas que actualmente se encuentren dentro de las concesiones estatales se decida que sean prestadas por la Comunidad Autónoma con el objetivo de conseguir un mejor servicio y esto lleve aparejado un coste extra para la Comunidad Autónoma, se compensará económicamente por parte del Estado.
   Asimismo, con carácter simultáneo a la apertura de un período de información pública del anteproyecto de establecimiento del servicio, se recabará informe de las Comunidades Autónomas afectadas por éste.»

Recientemente, se aprobó en Comisión la enmienda transaccional nº 77, que afecta a las enmiendas 242 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 36 (CC-GP Mixto), 197 (BNG, GP Mixto), 611 del PP y 707 de ERC, y que modifica la Disposición Transitoria Segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda. Adaptación al nuevo mapa concesional de competencia estatal.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional, que incluirá la relación de todos los servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 49. El establecimiento de dichos servicios se tramitará con carácter previo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 61 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Si como consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 49 existieran tráficos íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma que se dejaran de prestar en el entorno de servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, se solicitará informe a la comunidad autónoma competente acerca de si acepta la segregación de dichos tráficos como servicio independiente de competencia autonómica, y en su caso, de los posibles nodos de intercambio de su red concesional con el mapa concesional estatal con objeto de optimizar el servicio al viajero.
En caso de que la comunidad autónoma acepte la segregación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, previa solicitud de la comunidad autónoma competente, podrá destinar créditos a la financiación de los servicios indicados en el párrafo anterior de acuerdo a lo recogido en el artículo 49 de esta ley. La formalización de los compromisos financieros se establecerá mediante convenio con las comunidades autónomas afectadas. El convenio incorporará el cálculo de la financiación, de acuerdo a los siguientes criterios objetivos:
a) Establecimiento de un coste medio por viajero-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
b) Establecimiento de un coste medio por vehículo-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
c) Media ponderada de ambas estimaciones aplicando un factor de ponderación que tenga en cuenta la densidad y distribución de población en las comunidades autónomas afectadas.

La gestión de los fondos por parte de las comunidades autónomas quedará sometida a las siguientes condiciones:

a) Los importes percibidos de acuerdo a lo establecido en esta disposición deberán destinarse exclusivamente a financiar servicios de transporte público de viajeros que anteriormente estaban cubiertos por servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal.
b) Los nuevos servicios podrán comprender cualquiera de los regulados en el artículo 42 de esta Ley.

La gestión, justificación y el resto de las actuaciones relacionadas con los gastos derivados de la ejecución de los compromisos originados para ambas administraciones en los citados convenios se ajustarán a lo establecido en la legislación presupuestaria.
2 En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar adjudicados licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales incluidas en aquél, incluyendo en su caso los tráficos que no hayan sido aceptados por la comunidad autónoma según lo recogido en el apartado 2.
En este mismo plazo de dos años, las Comunidades Autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales. Estos tráficos no serán atendidos, con carácter general, en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal.
En todo caso, la administración está obligada a iniciar los procedimientos de licitación de los contratos de concesión de servicios del nuevo mapa concesional en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de su aprobación. Este plazo podrá prorrogarse una sola vez por un período de 6 meses más, si concurren circunstancias excepcionales.
Los nuevos contratos de concesión de servicios podrán incluir tráficos que se encuentren afectados por contratos en vigor en el momento de la licitación, en cuyo caso el pliego de cláusulas administrativas particulares incluirá las prescripciones necesarias para la incorporación de tales tráficos al nuevo servicio adjudicado desde la fecha de finalización del contrato preexistente.
En las concesiones de servicios de transporte regular de personas de uso general otorgadas o prorrogadas tras de la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transporte Terrestre, en las que se ha superado el plazo de duración del contrato sin que la administración haya adjudicado un nuevo contrato de concesión de servicios, se aplicarán las siguientes reglas:
El concesionario podrá continuar explotando el servicio por un período máximo de 18 meses a contar desde la aprobación del mapa concesional o desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, si éste fuera anterior a la aprobación del mapa concesional.
Transcurrido el plazo máximo de 18 meses anterior, en caso de que no se hubiera adjudicado el nuevo contrato, se extinguirá la concesión prorrogada, sin perjuicio de la posibilidad de la administración de adjudicar provisionalmente el servicio a un operador distinto, de conformidad con los sistemas de adjudicación directa previstos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la normativa europea, durante el período imprescindible para la licitación y adjudicación del nuevo contrato y, en ningún caso, por tiempo superior a nueve meses.
Los expedientes correspondientes a los nuevos contratos de concesión de servicios podrán serán ser objeto de tramitación urgente, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»

“La situación en Ateca no es un caso aislado, sino el reflejo de la realidad que viven numerosos municipios aragoneses, donde la falta de profesionales del sector y de recursos sanitarios está dejando a la población en una situación de abandono. No podemos resignarnos a que vivir en el medio rural implique renunciar a una atención sanitaria digna”, señala Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón

Nota a los medios de comunicación. 8 de octubre de 2025. El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) ha mostrado su preocupación por la ausencia de respuestas concretas del Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, durante el pleno de las Cortes celebrado el pasado viernes 3 de octubre, a la pregunta formulada por Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y portavoz en la Comisión de Sanidad.

Lasobras interpeló de forma directa al Consejero Bancalero con la siguiente pregunta:

“¿Qué medidas urgentes y concretas piensa adoptar el Departamento de Sanidad para garantizar una atención sanitaria digna, continua y próxima a la población rural aragonesa, dadas las situaciones de abandono que padecen, como ocurre en el caso del centro de salud de Ateca, que sufre una falta crónica de personal médico, demoras inasumibles y carencias estructurales?”

Sin embargo, la respuesta del titular de Sanidad fue insuficiente y evasiva, sin ofrecer compromisos claros ni un calendario de soluciones para un problema que afecta gravemente a la calidad de vida de miles de aragoneses que residen en el medio rural.

CHA exige al Gobierno de Aragón que ponga en marcha de manera inmediata un plan de choque específico para la sanidad rural, que garantice la cobertura médica, reduzca las listas de espera y asegure que los centros de salud dispongan de personal y medios suficientes para atender las necesidades de la población.

“Defender la sanidad pública en Aragón pasa por garantizar la igualdad de derechos de quienes viven en los pueblos. No aceptaremos respuestas vacías: queremos soluciones inmediatas y concretas”, ha concluido Lasobras.

“Este cambio vulnera la confianza de las familias y supone un grave perjuicio para la conciliación, especialmente en una zona rural como la comarca de Daroca, donde las alternativas son muy limitadas”, indica Dámaso García, Presidente de CHA – Campo de Daroca

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha registrado una iniciativa parlamentaria tras recibir quejas de varias familias usuarias de la Escuela Municipal Infantil de Daroca, que denuncian un recorte en el horario de atención respecto al comprometido en el proceso de matrícula.

Según explican las familias, durante el proceso de inscripción se les aseguró un horario concreto, que fue determinante para organizar su conciliación laboral y familiar. Sin embargo, una vez finalizada la matriculación, el Ayuntamiento de Daroca decidió reducir dicho horario, alegando el elevado coste económico de mantener la jornada completa inicialmente ofertada.

El Presidente de CHA en la comarca del Campo de Daroca, Dámaso García, recuerda que la Escuela Infantil de Daroca forma parte de la red de centros conveniados entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, por lo que corresponde al Departamento de Educación garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos con las familias y que se preste el servicio en las condiciones acordadas.

Ante esta situación, CHA ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a través de la Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras:

“¿Tiene conocimiento de que se ha recortado el horario de atención de la Escuela Municipal Infantil de Daroca, pese a que se había prometido otro distinto en el proceso de matrícula?

¿Qué mecanismos de control o seguimiento tiene para garantizar que los centros conveniados cumplen los compromisos adquiridos con las familias?

¿Piensa intervenir o mediar para asegurar que se restablezca el horario inicialmente comprometido?”

“No hablamos solo de un cambio de horarios, sino de un incumplimiento que afecta directamente a la calidad de un servicio público esencial en el medio rural. El Gobierno de Aragón no puede mirar hacia otro lado”, han concluido desde CHA.

Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca, muestra su solidaridad con la Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín, y denuncia que Lorena Orduna quiere acabar con todo lo que huela a popular

Lo del año pasado con la prohibición de instalar el tradicional cartel de “Viva San Martín” fue el aviso de una serie de trabas continuas por parte del equipo de gobierno municipal, que ha intentado sortear la Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín hasta que no ha sido posible.

Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Huesca recuerda que “fue en 2013, con Ana Alós como alcaldesa, cuando se prohibió realizar actos en la carpa climatizada que se instalaba todos los años en el interior de la plaza de toros, y se les propuso como alternativa el Palacio de Congresos, ahora 12 años después, el equipo de gobierno no permite el uso del Palacio de Congresos para actos como la presentación de mairalesas y mainates, el “Luna Lunera San Martinera”, verbenas, fiestas infantiles o la cena popular, pero la alternativa que se presenta es una carpa pequeña, no la de siete cuerpos que se solía utilizar y encima sin climatización”.

“Es evidente que el actual equipo de gobierno municipal, tras las diversas reuniones que han tenido lugar, no han querido plantear alternativas asumibles, por lo que consideramos que nos encontramos ante un evidente boicot de las fiestas de San Martín”, denuncia la coordinadora de CHA.

“Queremos recordar que tras las de San Lorenzo, estas son las fiestas más populares y populosas de nuestra ciudad, pero Lorena Orduna quiere acabar con todo lo que huela a popular y que no esté bajo su absoluto control, y de ahí las trabas y falta de diálogo existente con asociaciones de vecinos o con peñas recreativas como la Laurentina, para conseguir que el Jai Alai vuelva a ser un espacio de cultura para todos los oscenses”. “Pese a nuestro ayuntamiento, ¡Viva San Martín!”.

“El comercio de proximidad es mucho más que un espacio de compra: es identidad, cohesión y vida para los barrios. Permitir que las grandes superficies abran más y más festivos es condenar a la desertización comercial de nuestras ciudades, daña el comercio rural y aboca a una mayor precariedad laboral”, ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro

El portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha manifestado su rechazo a la nueva propuesta del Gobierno de Aragón de ampliar los días de apertura en festivos de las grandes superficies comerciales.

Desde CHA se subraya que la propuesta del Ejecutivo de Azcón ignora el impacto negativo en varios ámbitos:

-Económico, al agravar la brecha entre grandes superficies y pequeños comercios ya afectados por la digitalización y el aumento de costes.

-Social y urbanístico, al vaciar los barrios tradicionales y concentrar el consumo en las periferias, generando ciudades menos sostenibles y más dependientes del coche y también en el pequeño comercio del mundo rural.

-Laboral, al imponer horarios festivos en un sector caracterizado por la precariedad y las dificultades de conciliación, en unas plantillas compuestas mayoritariamente por mujeres.

-Ambiental, al incrementar la movilidad en vehículo privado y la huella de carbono de los grandes centros.

CHA plantea una estrategia integral de revitalización del comercio local, que incluye la rehabilitación de locales vacíos, incentivos a nuevos negocios, apoyo a la digitalización y sostenibilidad de las pymes, planes de movilidad sostenible en las áreas comerciales y campañas de apoyo al consumo responsable en el comercio de proximidad.

“Queremos un modelo comercial equilibrado, que garantice el derecho al descanso de las trabajadoras y trabajadores, que cuide nuestros barrios y que impulse la modernización del pequeño comercio, en lugar de favorecer únicamente a las grandes cadenas”, ha concluido Soro.