CHA afirma que el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el uso de lenguas propias en el ámbito de las administraciones públicas garantiza “derechos a la ciudadanía”

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Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón: “Estamos ante una norma que pretende seguir avanzando en la dignificación de nuestras lenguas propias, conforme a lo contemplado en la legislación vigente, siendo útil en ejercicio real diario, cotidiano, de los derechos de la ciudadanía en su relación con las administraciones públicas aragonesas”

La Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha comparecido ante los medios de comunicación hoy para realizar una primera valoración política ante el proceso abierto para presentar aportaciones al nuevo decreto por el que se regula el uso de las lenguas propias.

Lasobras ha recordado en primer lugar que “hasta el propio Tribunal Constitucional reconoció en la Sentencia STC 56/2016, los nombres de aragonés y catalán para nuestras lenguas, que están protegidas por la Carta Europea de las Lenguas”. La Secretaria General de CHA ha indicado igualmente que “la propia Universidad de Zaragoza tiene un Área de Filología Catalana y una Mención de lengua aragonesa en los estudios de Magisterio y hasta el Consejo de Europa ha dicho, en innumerables ocasiones, y en los cinco informes emitidos hasta ahora sobre la Carta Europea de las lenguas por su Comité de Ministros, que las lenguas que están protegidas en Aragón son el aragonés y el catalán”.

Además, ha afirmado, la Secretaria General de CHA, en las Recomendaciones de 2019 se dice expresamente que “se deben tomar medidas para el uso del aragonés y el catalán en las administraciones locales y autonómica”.

De este modo, la futura norma, cuando se apruebe, permitirá a las personas que puedan presentar escritos en las administraciones públicas, locales y autonómica, en la lengua correspondiente. “Un derecho a garantizar, no una imposición”, ha recalcado Lasobras.

De hecho, recordamos que algunos ayuntamientos ya lo hacen, además también permite que si algunas corporaciones locales así lo acuerdan se puedan realizar los debate plenarios en la respectiva lengua, así como publicar las actas, acuerdos y otros documentos oficiales, además de en castellano, en la respectiva lengua o modalidad lingüística.

“En definitiva, como siempre en la aplicación práctica de nuestras propuestas políticas, queremos garantizar derechos, en todos los ámbitos, para toda la ciudadanía, también en el ámbito lingüístico, siempre sin imposiciones”, concluye Lasobras.