CHA considera ineludible la aprobación urgente de una nueva ley sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como el “impuesto sobre plusvalía”

La sentencia efectuada ayer lunes por el Tribunal supremo vuelve a poner un en evidencia, a juicio de CHA, la necesidad de actuar legalmente para garantizar un nuevo marco jurídico adecuado, tanto para las personas que tienen que pagar el conocido como “impuesto de plusvalía” como para que los ayuntamientos de todo el Estado sepan a qué atenerse. 

Carmen Martínez Romances, Secretaría General de CHA: “Llevamos más de un año reclamando una nueva legislación, pero el anterior Gobierno de Rajoy no atendió esta demanda. Ahora pedimos al nuevo ejecutivo que sí tome las medidas adecuadas para garantizar tanto una seguridad jurídica y económica a los ayuntamientos como corregir los efectos injustos del impuesto entre las personas afectadas”. 

Martínez Romances indica que cuestiones como ésta “dejan en evidencia un problema de fondo”, la necesidad de una reforma global del sistema de financiación municipal “para facilitar su viabilidad y la prestación correcta de las funciones que tiene encomendadas”. 

Finalmente, recordamos que en el último debate de política general sobre el “estado de Aragón”, celebrado el pasado mes de septiembre de 2017, ya se presentó para su debate y votación en el pleno de las Cortes de Aragón, la siguiente propuesta de resolución, finalmente aprobada, donde se indica: 

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a reclamar al Gobierno de España que ponga en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar la aprobación, en esta legislatura, de una nueva ley sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIWNU), conocido como “impuesto de plusvalía”, que elimine las situaciones injustas en las que se cobra impuestos a pesar de tener pérdidas en la venta de los bienes inmuebles y se asegure un marco de actuación estable para los ayuntamientos”.




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