03 Mar CHA defiende prohibir a maltratadores trabajar con menores de edad

Jorge Pueyo: «Es imprescindible modificar cuanto antes la Ley Orgánica 8/2021 para exigir al personal que trabaja con menores un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad”. En una reunión de representantes de CHA con Paloma Delgado, el diputado Jorge Pueyo, que ha preguntado al Gobierno, ha trasladado el apoyo del ministerio de Juventud e Infancia con la reforma legal que promueve el colectivo Docentes Decentes.

Esta tarde, Jorge Pueyo, diputado de CHA en el Congreso en el Grupo Plurinacional Sumar, e Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y diputada de las Cortes de Aragón, se han reunido en Huesca con Paloma Delgado, víctima junto con sus dos hijos de violencia machista, que defiende que se reforme la legislación para impedir que condenados por violencia de género o familiar puedan trabajar con menores de edad. En el encuentro también han participado Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca, José Ramón Ceresuela, secretario de Organización de CHA, y César Ceresuela, presidente de CHA-Plana de Uesca.

En diciembre el diputado Jorge Pueyo trasladó al Congreso la campaña Docentes Decentes, promovida por las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza, a través de la siguiente pregunta parlamentaria: «¿Tiene previsto el Gobierno abordar la reforma de la legislación para evitar que las personas condenadas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar puedan trabajar con menores de edad?».

Hoy ha entregado a la Sra. Delgado la respuesta del Gobierno, fechada el 24 de febrero: «En relación con la pregunta de referencia, el Gobierno subraya su compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género, con sus hijos e hijas menores de edad, y con la infancia y adolescencia en general, y trabaja cada día en la continua búsqueda de mejoras, tanto como para prevenir dicha violencia como para combatirla. El Gobierno confía en que los grupos parlamentarios aprueben el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que se está trabajando, para adaptarlo a las circunstancias de la sociedad actual, corrigiendo disfunciones y diseñando nuevos mecanismos para evitar las distintas formas de violencia contra la mujer.»

Pueyo ha declarado: «Sorprendido por la inconcreción de la respuesta, he pedido explicaciones al Ministerio de Juventud e Infancia, que entienden que en la elaboración de la respuesta se han primado las aportaciones de otros ministerios como Igualdad o Justicia. Se han disculpado y de forma inmediata Juventud ha emitido una ampliación de la respuesta parlamentaria que sí habla de la reforma de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Personalmente me han trasladado el compromiso de este ministerio con atender la petición del colectivo Docentes Decentes. La reforma legal está en proceso de elaboración y en breve se someterá a información pública, y ahí la sociedad civil podrá hacer oír su voz en un asunto tan grave como este, entonces desde CHA y el Grupo Plurinacional Sumar presionaremos para que esta reforma se encuentre en el texto inicial del anteproyecto. Luego nosotras en el Congreso la defenderemos». 

«Las familias y nosotras, desde CHA, nos cuestionamos qué valores puede inculcar una persona condenada por estos delitos a adolescentes. Tenemos que inculcar valores que conciencien sobre los peligros del machismo estructural, la violencia de género, las agresiones sexuales o el bullying escolar. El feminismo se defiende día a día en las calles y en las instituciones. No entendemos que desde una parte del gobierno se puedan echar balones fuera ante esta situación, y por eso hemos presionado para dar una solución a estas familias», ha concluido Pueyo.

A continuación, Paloma Delgado ha declarado: «Me encuentro ilusionada y esperanzada porque parece que por fin se empieza a dar voz a esta situación. Lo que proponemos es una medida de protección de los menores».

Hay que recordar que el pasado 18 de noviembre familias, alumnado y personal docente se concentraron a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para denunciar que un profesor, condenado por maltrato a su exmujer y a sus tres hijos en 2019, esté impartiendo clases en este centro. A través de una campaña de change.org se han alcanzado más de 48.000 firmas para pedir un cambio legislativo que impida que este tipo de situaciones se puedan repetir. 

El diputado Jorge Pueyo considera que «es imprescindible que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para que además de exigir al personal que trabaja con menores la presentación de un Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, también se exija un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad».