CHA lamenta la decisión del Gobierno de Navarra de autorizar las obras del proyecto ‘Mina Muga’ por las grandes afecciones que provocará en las Altas Cinco Villas

Spread the love

Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA: “Seguiremos trabajando para visibilizar las afecciones ambientales irreversibles que producirá y la gran oposición social que existe en la zona aragonesa afectada”

La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha trasladado su indignación por la decisión del Gobierno de Navarra de autorizar a la empresa Geoalcali para llevar adelante en territorio municipal de Sangüesa las obras relacionadas con la planta de procesamiento de potasa incluida en el proyecto Mina Muga.

“Tras esta autorización, solo queda pendiente la del Ayuntamiento de Sangüesa para poder iniciarse la construcción de Mina Muga del lado navarro, cerca de medio año después de que comenzaran las del aragonés, el pasado mes de julio, tras el visto bueno del Ayuntamiento de Undués de Lerda”, explica.

Lasobras ha lamentado la decisión del gobierno encabezado por la presidente navarra María Chivite, a quien el pasado mes de agosto envió una invitación para visitar las Altas Cinco Villas y conocer de primera mano el enorme impacto ambiental que ocasionará el proyecto, una invitación que también se extendió a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La Secretaria General de CHA recuerda que “formulamos esta invitación como una de las iniciativas que estamos planteando, ante distintas instituciones y organismos públicos, con el fin de visibilizar el rechazo social y político existente al proyecto minero en este territorio, dando a conocer los argumentos por los que nos oponemos a la instalación de la mencionada explotación, mediante la que se extraerán recursos de Aragón para su aprovechamiento en Navarra”.

Chunta Aragonesista ha presentado numerosas iniciativas en la Cámara Alta a través de Carles Mulet, senador de Compromís, en la última de las cuales reclamaba conocer el motivo por el que el Gobierno de España ha concedido el permiso necesario para la puesta en marcha del proyecto, “teniendo en cuenta las afecciones ambientales irreversibles que producirá y la gran oposición social que existe en la zona aragonesa afectada”.