CHA presenta en la Comarca de Alto Gállego y en Sallent una moción para apoyar a la DGA en su reconocimiento de los municipios afectados por obras hidráulicas

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La portavoz de CHA en la Comarca de Alto Gállego y en el Ayuntamiento de Sallent, Marta Carrés, ha registrado una moción para su debate y votación por el Consejo Comarcal ante el requerimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se niegan las afecciones por los embalses y se rechaza compensar a los municipios. Chunta Aragonesista considera que es necesario mostrar el apoyo al Gobierno de Aragón en sus pretensiones de conseguir que se restituya económica, medioambiental y socialmente a los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos y en segundo lugar para exigir al Gobierno de España la restitución económica, medioambiental y social de los municipios afectados por obras hidráulicas e hidroeléctricas, impulsadas con una visión colonial y expoliadora, mientras nuestros territorios sufrían una sangría poblacional durante décadas. 
Carrés recuerda que la disposición del Gobierno de Aragón sobre restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras dice que “…a través del oportuno convenio con la Administración General del Estado y de acuerdo con los ayuntamientos implicados, que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos.” 
El Gobierno de España considera que “no cabe hablar, de territorios afectados a los que deba restituirse algo, pues ello implicaría, por un lado, que existe una afección a un territorio, cuando tales terrenos, no territorios, o bien son dominio público hidráulico o bien se han incorporado al dominio, fruto del debido procedimiento de expropiación forzosa y, por otro lado, que la alegada afección es perjudicial y en consecuencia susceptible de compensación, es decir, no se puede considerar que los municipios en que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados”. 
Para Marta Carrés, “estas afirmaciones del Gobierno de España son muy graves, y deja no solo a los municipios del Pirineo sino a todos los de la cuenca del Ebro en Aragón, sin el legítimo derecho a recibir restituciones por obras hidroeléctricas, y es que estamos ante un requerimiento ideológico, que niega las afecciones de las obras hidráulicas, el derecho a las restituciones, y que los ingresos vayan a una caja única para que la Confederación Hidrográfica del Ebro decida dónde quiere invertirlas”.