CHA presenta en las Cortes de Aragón una proposición no de Ley para condenar al Golpe de Estado franquista y recuperar la memoria de Aragón

Texto de la exposición de motivos y las propuestas de CHA:

El próximo 18 de julio de 2016 se cumplirán 80 años del “Golpe de Estado” contra el Gobierno legítimo de la II República. Por este motivo y con el “telón de fondo” de este acontecimiento, como principal factor desencadenante de todos los hechos referidos en esta iniciativa, consideramos necesario debatir y pronunciarnos como institución sobre toda una serie de peticiones vinculadas directamente a esta cuestión: la “necesaria condena” del Golpe de Estado, la “imprescindible dignificación” de las víctimas de la dictadura y el “justo reconocimiento” al “papel político jugado” por el conocido como “Estatuto de Caspe” y por el denominado “Consejo de Aragón”. 

A nuestro juicio es ineludible, en primer lugar, realizar, por parte de estas Cortes y con motivo de este trágico aniversario, un pronunciamiento expreso de condena contra el “golpe de Estado” que comenzó el 18 de julio de 1936 y que “seccionó” de modo violento el Gobierno democrático y sus instituciones legítimamente constituidas en la España de la referida época. 

«La dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final» (Casanova, Julián, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco p. 5). 

Tenemos que seguir reclamando también, a todas las instituciones públicas implicadas, el impulso de cuantas medidas tiendan a reparar a las víctimas de la represión de la dictadura militar que se instauró en España tras el triunfo de los “militares golpistas”. 

En las últimas décadas todos los ciudadanos y ciudadanas hemos hecho posible la construcción de una sociedad más respetuosa con la libertad, amante de la tolerancia y el respeto, pero que sigue recordando la lucha y el sacrificio personal de miles de personas, entre ellas muchos aragoneses y aragonesas, que fueron víctimas de la guerra civil o padecieron más tarde la cárcel y la represión de la dictadura o el exilio. Reconocimiento y dignificación que impulsó el propio Consejo de Europa instando al Gobierno español a honrar a las víctimas del franquismo condenando “las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista entre 1939 y 1975”. 

Personas, valores pero también recuerdo, reconocimiento y homenaje necesario al autogobierno de Aragón. Recuperar para nuestro presente y futuro los “relevantes gestos de identidad” que como país tuvo Aragón durante ese periodo histórico: el “Estatuto de autonomía de Caspe del año 1936”, o lo que supuso, posteriormente, el denominado “Consejo de Aragón”, órgano de autogobierno en el Aragón republicano durante la primera etapa de la guerra civil. 

Unos acontecimientos, también marcados por el Golpe de Estado militar y parte consustancial de nuestra “memoria histórica”. Hay que recordar que el “Congreso Autonomista”, en el que participaron los partidos del Frente Popular, elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón que no pudo tramitarse ni aprobarse en referéndum porque lo impidieron “el golpe de estado del General Franco” y la posterior guerra civil. Hay que seguir insistiendo en que el hecho de que no hubiera dado tiempo a aprobar el Estatuto aragonés entonces sirvió, a partir de 1978, para postergar a Aragón a la conocida como “vía lenta de acceso” a la autonomía en la etapa democrática. 

Ligado inseparablemente a estos hechos se incluye el denominado “Consejo de Aragón”. Y es que, como en 1808 cuando el Capitán General de Aragón, José Palafox, convocó Cortes de Aragón para investirse de poder, en 1936 también Aragón se dotó de un gobierno provisional para “tiempos excepcionales”. El pueblo aragonés tenía plena conciencia de pueblo, identificado por su Derecho foral y por sus mil años de Historia, por lo que a nadie debía extrañarle que Aragón se dotara de una institución de gobierno propia en el contexto de máxima dificultad en la España republicana. Un gobierno reconocido por el Gobierno constitucional de la II República, pero que fue enterrado “bajo toneladas de sal” por los vencedores y que los demócratas debemos rescatar del olvido. 

Durante la guerra civil, el “Consejo Regional de Defensa de Aragón”, o simplemente “Consejo de Aragón”, creado para gestionar los territorios leales a la República en el Aragón oriental, pronto se convirtió en un auténtico gobierno, de composición plural y reconocido oficialmente por el Gobierno de la República. 

Una experiencia, como la califica el escritor Chesús Yuste, “apasionante, controvertida, mitificada y desmitificada, ejemplar para el movimiento libertario internacional y también para la izquierda antiautoritaria, y también referente para los aragonesistas en tanto que antecedente de gobierno autonómico con capitalidad en Caspe, “todo un guiño histórico” que debemos poner en valor”. 

El Consejo de Aragón no fue sólo una organización de defensa militar en el Aragón republicano; fue toda una experiencia de gobierno, con un ejecutivo que dictaba normas, que imprimió un documento de identidad, creó una policía autonómica, aprobó un escudo e incluso una bandera propia.

En definitiva, consideramos que las instituciones democráticas no pueden refugiarse en un “déficit de memoria histórica para postergar la condena al golpismo y el recuerdo de las personas e instituciones que lucharon por la libertad y la democracia, por defender los valores republicanos. Aragón tendría que recuperar y dignificar también los acontecimientos políticos más relevantes ligados a esta época, vinculándolos para no perder la perspectiva histórica de conjunto. 

Por todos estos motivos se presenta la siguiente Proposición no de Ley: 

Las Cortes de Aragón acuerdan: 

 -Condenar el “golpe de Estado” que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el “régimen de dictadura militar” que se constituyó posteriormente. 

 -Instar al Gobierno de Aragón proseguir con las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la aprobación de una “ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”. 

 -Reclamar al Gobierno de Aragón a que prosiga con los actos que se consideren más adecuados tendentes a profundizar en la investigación, reconocimiento y difusión del denominado “Estatuto de Caspe” de 1936, en la línea de lo que se ha comenzado a realizar este año, conmemorando, con sendos actos, su 80º aniversario, tanto el pasado 23 de abril de 2016 como el 6 de junio de este mismo año. 

 -Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de cuantas actuaciones se consideren necesarias para valorar, difundir, dignificar y reconocer el “papel institucional” del denominado “Consejo de Aragón”, así como incluirlo entre los contenidos educativos aragoneses”.



Ir al contenido