08 May CHA presenta una moción para que la DPZ rechace el TTIP
Posted at 09:06h
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El grupo de CHA en la Diputación Provincial de Zaragoza quiere que la institución rechace el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y denuncie el proceso oscurantista y peligroso para los intereses de la Unión Europea con el que se está llevando la redacción de este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Este tratado pretende equiparar las normativas legales de Estados Unidos y de la Unión Europea por lo que supondrá una pérdida de derechos europeos sin precedentes. “Entendemos que cualquier acuerdo internacional de comercio que se firme no puede rebajar los actuales marcos legales de protección social, medioambiental y laboral, algo que hace este Tratado, al poner los beneficios económicos por encima de los derechos sociales y medioambientales de la ciudadanía europea”, afirma el portavoz de CHA en DPZ, Bizén Fuster.
CHA denuncia que con este tratado, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación estatal, autonómica o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. “Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local”, afirma Bizén Fuster.
En la moción se exige transparencia y respeto a los Derechos de la ciudadanía, principalmente a los de carácter laboral, social, sanitario y medioambiental. “Queremos dar apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles, es decir, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios sociales, de pensiones, así como los suministros de agua y energías”, asegura Fuster.
Por último, la propuesta insta al Gobierno de España a que garantice una tramitación transparente durante el proceso de ratificación nacional del tratado, así como a sostener, en el seno de las instituciones europeas, que se sustituya el sistema de arbitraje privado (ISDS) -que permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado Europeo si considera que su legislación vulnera sus intereses- por una Corte formada por jueces de carrera independientes, y a defender los servicios públicos y las convenciones de la OIT, así como la legislación laboral española, como garantía de igualdad entre todos los ciudadanos.