CHA reclama que se asuman las responsabilidades políticas por un asunto tan lamentable como el del accidente del Yak-42 y se cese a Federico Trillo

CHA considera que el informe del Consejo de Estado, conocido hoy, supone, en primer lugar, un reconocimiento directo para el enorme trabajo de todas las personas que han estado reclamando, durante años, las oportunas aclaraciones sobre todas las decisiones y responsabilidades políticas consecuentes relativas al accidente del Yak-42, pero también tiene que ser además, a juicio de CHA, un auténtico punto de inflexión en la asunción de las correspondientes responsabilidades políticas. 

“Es evidente que este dictamen del Consejo de Estado apunta directamente al por entonces Ministerio de Defensa, cartera ocupada por aquel entonces por Federico Trillo, que todavía sigue ejerciendo ,por designación del Gobierno de España, un puesto de responsabilidad como es el de embajador en el Reino Unido. Ahora solo hay dos opciones, a nuestro juicio, o presenta su dimisión o el ejecutivo de Rajoy tendría que tomar las medidas oportunas para su cese. Es cierto que ya es demasiado tarde para adoptar esta decisión que tendría que haberse producido mucho antes, ante los indicios que se fueron conociendo, pero que ahora ya no tiene ninguna justificación para tomarla”. “Había ciertos indicios de riesgo y no se actuó”, afirma Carmen Martínez Romances, Secretaria General de CHA. 

“Sabemos que no tendrá consecuencias económicas lo contemplado en este dictamen del Consejo de Estado, pero es evidente que supone toda una compensación moral para las reivindicaciones de las familias de las víctimas” y es que hoy, 13 años después del trágico suceso donde fallecieron 62 personas, el propio Consejo de Estado ha reconocido pública, oficial y por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa del Gobierno de España”, concluye la Secretaria General de CHA. 

CHA recuerda que, en su momento ,también se pidieron explicaciones, en sede parlamentaria en el Congreso de los diputados concretamente, por el entonces diputado José Antonio Labordeta, por las consecuencias políticas de las erróneas decisiones tomadas en todo el proceso tanto de este accidente como incluso en el posterior traslado de los restos de los fallecidos.




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