Noticias

Comunicación

25/03/2021

CHA-Zaragoza denuncia que Jorge Azcón sigue sin dar respuesta más de un mes después a la resolución del Justicia sobre el cierre de la línea 900

CHA-Zaragoza denuncia que Jorge Azcón sigue sin dar respuesta más de un mes después a la resolución del Justicia sobre el cierre de la línea 900

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza: "El Justicia recuerda que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social son de gestión directa por empleados públicos"

El presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha denunciado que el Gobierno Municipal PP-Cs sigue sin dar respuesta a la resolución del Justicia de Aragón, que el pasado 9 de febrero dio la razón a CHA y otros colectivos sociales en la queja presentada contra la privatización de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento Zaragoza a través de la línea 900 como forma de acceso a los mismos.

“La falta de respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza es una auténtica falta de respeto a la institución del Justicia de Aragón”, señala Bernal, quien considera que Jorge Azcón, como máximo representante de los zaragozanos y zaragozanas, tiene la obligación de, al menos, contestar a sus sugerencias”. “Desde CHA esperamos que se digne a responder al nuevo escrito que ha recibido”, añade.

“En su resolución, el Justicia da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Zaragoza y le insta a aprobar de una vez por todas el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, que lleva pendiente desde 2016”, ha señalado Bernal, quien insiste en exigir el cierre de la línea 900, a la que considera “un intento privatizador de dudosa legalidad por parte de PP y Cs”. Además, reclama que el Presupuesto de 2021 dote del personal y de los medios técnicos necesarios a los Centros Municipales de Servicios Sociales “para desarrollar las funciones que tienen encomendadas”.

Por su parte, Luis García, secretario de Derechos y Movimientos Sociales, ha explicado que la resolución del Justicia “destaca que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social son de gestión directa por empleados públicos y gratuito y en el caso de establecer servicios de triaje esta función está reservada a personal propio de la administración del Centro de Servicios Sociales”.

“¿Qué sentido tiene entonces la línea 900 si, según el Justicia, no puede dar información, y solamente pueda dar cita, lo que no hace actualmente y que no puede hacer, ya que son los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales los que establecen las citas en función de criterios profesionales y al conocimiento de las situaciones individuales y familiares de las personas que acuden a los Servicios Sociales?”, ha finalizado Luis García.

Galería