Opinión

Comunicación

24/09/2019

Limitaciones

Rafa Guardia Maza

Por Rafa Guardia Maza

Concejal en el Ayuntamiento de Caspe y consejero en la comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

Nos estamos acercando ya a los cien días de gobierno en el ayuntamiento de Caspe, plazo que se suele establecer para valorar positiva o negativamente el trabajo del equipo de gobierno, aunque, a nosotros, desde el primer segundo ya se nos criticó, e incluso se nos insultó, pero como representantes públicos más cercanos al pueblo, somos conscientes de que son daños colaterales que implica el cargo. 

Con este escrito queremos explicar que en los ayuntamientos nos encontramos con ciertas limitaciones, como puede ser la ley Montoro, la cual, a pesar de tener superávit y cantidades importantes de dinero en los bancos, nos impide utilizarlo para contratar más personal, como nos gustaría para determinadas áreas, con el fin de dar mejor servicio a la ciudadanía; o invertirlo en obras, que muchas ocasiones son impredecibles. Sin embargo, ese dinero, que en realidad pertenece al pueblo, sí les va bien a los bancos que pueden jugar con él a su antojo. También nos toca enfrentarnos a la ley de contratación, que establece que cualquier empresa de suministro de obras o de servicios del territorio nacional puede concurrir a una adjudicación pública a través de una plataforma. Desafortunadamente, ya hemos sufrido las consecuencias por parte de algunas empresas que no han cumplido lo contratado, y los trámites para rescindir los contratos son muy largos y muy farragosos, y como casi siempre los perjudicados son los municipios más pequeños por falta de medios y personal. Entendemos cuando muchas personas de nuestro pueblo se cabrean y nos muestran su malestar. Por ello, queremos transmitir a los ciudadanos que a nosotros también nos gustaría que esa ley no existiera para poder contratar empresas conocidas, serias y de nuestro territorio, y por supuesto adjudicárselo a la oferta más ventajosa de todas, pero la realidad es que no nos queda otra que cumplir la ley. 

Esperemos que algún día podamos contar con un gobierno en Madrid que se sensibilice con el medio rural y que derogue estas dos leyes, ya que perjudica claramente a los municipios más pequeños en su gestión del día a día. Aunque lo visto en Madrid en los últimos días y la imagen que están dando, me temo que tendremos esas dos leyes para rato.


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