Opinión

Comunicación

17/03/2020

Paisaje, naturaleza y calidad de vida

José Manuel Salvador Minguillón

Por José Manuel Salvador Minguillón

Vicesecretario Territorial de las Comarcas del Sur y director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón

Estos días de zozobra, en plena crisis sanitaria por el COVID-19 y recién decretado el estado de alarma en el conjunto de España, en primer lugar quería sumarme a las recomendaciones y las medidas planteadas por las autoridades para reducir la curva de contagios y tratar de afrontar con garantías las necesidades de atención a los afectados en nuestro sistema de salud. En segundo lugar, confiar en el civismo y en el compromiso social para afrontar estos días, que seguro van a ser duros para todos, tanto para la ciudadanía como para las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Y en tercer lugar, agradecer profundamente la labor de las personas que velan por nuestra salud desde los hospitales, desde los servicios de atención primaria y desde los servicios sociales, así como al resto de servicios y actividades que deben exponerse a esta crisis sanitaria sin la posibilidad de confinarse en casa. Muchas gracias. 

Creo que esta situación nos debe abrir los ojos para valorar adecuadamente lo que significa vivir en el medio rural y reivindicar todas las funciones y servicios ambientales, económicos y culturales que desempeña el territorio en nuestra sociedad. Todos sabemos que la actividad económica y los servicios marcan el devenir de nuestra vida y las decisiones respecto a dónde vivimos y cómo nos relacionamos, pero la sociedad en su conjunto debe empezar a valorar en su justa medida la calidad de vida de nuestros pueblos, así como el beneficio que presta al conjunto de la sociedad el mantenimiento de sus paisajes y sus servicios ambientales. 

Hay que empezar a valorar proyectos ambientales estratégicos en las sierras orientales de Teruel, que combinen esfuerzos con otros territorios, como sucede en la nueva iniciativa del Maestrazgo-Els Ports. Estamos en uno de los pocos lugares en todo el Estado donde no existe un Parque Natural, una figura de protección que conlleva una importante aportación de fondos públicos, por parte de las administraciones públicas implicadas, para permitir desarrollar, con garantías, todo el atractivo del ecoturismo y la conservación y gestión de la naturaleza, así como del paisaje tradicional. Esta propuesta no es solo una medida más de conservación y protección de la naturaleza, sino una apuesta decidida de la zona por un desarrollo económico especializado y sostenible que permita generar expectativas de futuro y diversificar la economía, apostando especialmente por el turismo, una agricultura y ganadería sostenible y gestora del paisaje, los productos agroalimentarios de calidad y el empleo joven. 

Respecto a las nuevas iniciativas de centrales eólicas y fotovoltaicas, es necesaria una buena planificación para conjugar los intereses de los diferentes sectores económicos existentes y las potencialidades del territorio. Apoyamos la instalación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en algunas comarcas de Teruel, con las consiguientes necesidades formativas que habrá que implantar en la zona. La instalación de energías renovables es totalmente necesaria, pero debemos pensar muy bien su ubicación, sus dimensiones y el respeto a lo que queremos y pretendemos conservar, que puede generar igualmente expectativas de empleo y desarrollo local si la apuesta es decidida por parte de las administraciones y el territorio. 

No es lo mismo construir megaproyectos eólicos o fotovoltaicos junto a carreteras nacionales o autovías, que plantearlos en zonas de alto valor natural. Una buena planificación permitiría un menor impacto sobre el paisaje, una mejor gestión de la energía, una mayor distribución del recurso y la mejora del servicio de suministro eléctrico, especialmente en el ámbito rural. Hay que establecer mesas de diálogo con las administraciones locales, para que la toma de decisiones sea consensuada en el territorio y los agentes sociales y económicos participen en el debate y tengan la información necesaria.


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