Iniciativa de CHA, en el pleno de las Cortes, para salvaguardar el autogobierno de Aragón y los Derechos Sociales

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El orden del día de la sesión de pleno de las Cortes de Aragón que se celebrará el próximo jueves, día 21 de febrero de 2019, ha incluido una proposición no de ley de CHA para su debate y votación. 

La parte dispositiva de la citada iniciativa es: 

Las Cortes de Aragón acuerdan: 

1.- Instar a todas las fuerzas políticas representadas en este Pleno, a rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los derechos humanos y quiebran los principios constitucionales de convivencia. 

2.- Reiterar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la convivencia ciudadana inclusiva, igualitaria, diversa y multicultural, así como con el blindaje de los derechos humanos y sociales conquistados por la ciudadanía y recogidos en la legalidad vigente, tanto estatal como autonómica. 

3- Mostrar nuevamente el respaldo al autogobierno de Aragón, y del resto de Comunidades Autónomas, y al ejercicio de la autonomía de sus entidades locales en el marco de sus competencias.

4- Declarar su respeto y apoyo a la riqueza histórica, política, cultural, social y patrimonial de los territorios y pueblos que conforman el Estado español.

La exposición de motivos de la proposición no de ley de CHA es la siguiente:  

“Es la primera vez en el Estado español, desde el fin de la dictadura franquista, que la ultraderecha vuelve a tener influencia en un gobierno”. 

Con estas palabras, o incluso con mayor contundencia, informan muchos de los medios de comunicación internacionales de referencia sobre el vergonzante pacto para la investidura del nuevo presidente andaluz que han protagonizado las formaciones de la derecha política en Andalucía. 

El popular Juan Manuel Moreno Bonilla es ya el sexto Presidente de Andalucía tras pactar con quienes niegan la existencia de la violencia de género y conciben el feminismo como una dictadura, cargan contra la inmigración -uno de los fenómenos demográficos que, hasta ahora, han permitido sostener nuestro sistema público de pensiones y protección social gracias a su trabajo y tasa de natalidad – y tienen discursos y actitudes de LGIBifobia y xenofobia, entre otras. 

El avance de la ultraderecha y su mensaje de odio es visto con preocupación en Europa y ha hecho que las fuerzas políticas democráticas, incluidas las conservadoras, estén haciendo un frente común frente a aquellas opciones que no respetan los derechos humanos y los principios democráticos. A diferencia de lo que está pasando en el resto de Europa, el Partido Popular y Ciudadanos no han tenido el mínimo rubor en pactar con la extrema derecha para ocupar el poder en Andalucía asumiendo y blanqueando planteamientos de la ultraderecha como la negación de la memoria histórica, banalizando la violencia machista o la LGTBifobia, o proponiendo crear organismos públicos con un concepto de unidad familiar claramente excluyente. 

Además, se ha acordado con la ultraderecha suprimir impuestos que ayudan a financiar los servicios públicos, los que sustentan el Estado del Bienestar. Entre otras medidas a este respecto, han acordado impulsar una reforma fiscal sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que sólo beneficia a los más ricos puesto que ya estaba exento por debajo de transmisiones de valor inferior al millón de euros. 

Por último, y a pesar de ser blanqueada y calificada de constitucionalista por el espectro político de la España más conservadora y reaccionaria, la ultraderecha pretende acabar con el Estado de las autonomías que, si bien precisa de un mayor desarrollo tras el modelo de 1978, ha permitido el autogobierne de los territorios y pueblos que lo forman. Es inimaginable cómo se podrían gestionar exclusivamente desde el Gobierno de España competencias, entre otras, como las políticas sociales, la educación, la vivienda o el urbanismo o la sanidad, las cuales precisan de una cercanía con la ciudadanía y un profundo conocimiento del territorio sobre el que se actúa. Además, en los últimos meses los discursos de la ultraderecha a este respecto se han caracterizado por tener argumentaciones populistas, oportunistas y, lo que es más preocupante, profundamente ignorantes ya que responsabilizan a las autonomías de la gestión ineficaz y desigual de competencias que son exclusivas del Estado.