30 Ene LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN: Su tramitación se encuadra en el cumplimiento del Acuerdo de Investidura PSOE-CHA para esta IX Legislatura
Ha iniciado su andadura el proceso participativo para la elaboración de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, siendo éste un elemento determinante en todas sus fases. En la redacción del primer borrador, que se pretende esté listo en un plazo aproximado de mes y medio, se encuentran trabajando varios departamentos del Gobierno de Aragón.
La Comisión impulsará un proceso participativo que constará de reuniones con asociaciones cuya actividad está vinculada con la recuperación de la Memoria Histórica y de una página para poder participar dentro del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
Estudiará las características de las leyes autonómicas en esta materia, si bien desde la convicción de que es preciso elaborar una Ley que atienda a la idiosincrasia particular y a las necesidades específicas de Aragón.
Tras los consiguientes procesos de alegaciones y de participación pública, la intención es poder presentar un Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón antes del verano de 2017, una vez sea aprobado por el Gobierno PSOE-CHA.
Un objetivo fundamental de la ley es la estabilidad, que perdure en el tiempo por encima de vaivenes políticos y que sea una ley realista y práctica atendiendo a nuestro marco legal y de competencias, que sea técnica y jurídicamente aplicable para atender a su principal objetivo: fomentar y asentar en la sociedad una memoria democrática madura, inclusiva y crítica hacia cualquier forma de exclusión y violencia, a partir del compromiso con los principios de verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición.
El derecho a acceder a la verdad contempla un abanico de medidas que el Gobierno de Aragón puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, algo que va desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación.
La reparación ha de incluir cuestiones como la creación y gestión de los lugares de memoria o la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito a la dictadura franquista.
El principio de justicia debe acompañar todas las políticas públicas de memoria, siendo la intención de la Ley avanzar para lograr la revisión de la justicia franquista y la consideración de los crímenes del franquismo como delitos que no prescriben y sujetos al derecho internacional.
La garantía de no repetición supone la actualización de la memoria a nuestro presente para que actúe como reactivo ante las amenazas a las que se enfrenta nuestra democracia.
Contempla la inclusión de contenidos curriculares que expliquen entre los jóvenes la necesidad de preservar nuestro modo de convivencia, la difusión cultural de los episodios que jalonan la historia de la construcción de la democracia, o el acompañamiento institucional a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Se contempla, además, para hacer cumplir la Ley, la elaboración de un régimen sancionador que penalice, por ejemplo, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos.