Políticas de vivienda: Alquiler y rehabilitación

Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista y portavoz de CHA en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón

El reciente anuncio del Gobierno de Aragón de destinar recursos públicos para la compra de viviendas y suelo para promotores y particulares es una decisión que consideramos profundamente errónea y contraproducente.

Este cambio de rumbo en las políticas de vivienda, con respecto a las iniciadas por anteriores gobiernos, no solo es una reminiscencia de estrategias pasadas que ya han demostrado su ineficacia, sino que también representa un grave riesgo para la estabilidad económica y social de Aragón.

Los recursos públicos deben destinarse al alquiler y la rehabilitación, ya que de no hacerlo así estamos ante el comienzo de un peligroso retroceso para la mayoría de la población aragonesa que demanda esa vivienda pública asequible.

Las políticas de vivienda deben centrarse, a juicio de CHA, en atender las necesidades reales de la ciudadanía y no en favorecer a sectores que buscan el lucro a costa del bienestar colectivo.

Esta medida anunciada por el gobierno del Partido Popular en Aragón, que pretende subvencionar la compra de viviendas, es todo un paso atrás hacia un modelo que ya conocemos bien. En lugar de resolver el problema de acceso a la vivienda, esta estrategia podría exacerbarlo, contribuyendo a la inflación de los precios del mercado inmobiliario. Este enfoque no solo beneficia a promotores y grandes propietarios, sino que deja a las familias más vulnerables en una posición aún más precaria, aumentando la desigualdad y la exclusión social.

Es imprescindible recordar que la crisis económica de 2008 tuvo su origen, en gran parte, en políticas de vivienda que fomentaban la compra, al final especulativa, y provocaron la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias de aquella crisis aún resuenan en nuestros bolsillos, y no podemos contribuir a repetir los mismos errores. Volver a priorizar la compra de vivienda en lugar de fomentar alternativas más sostenibles y equitativas es una receta para el desastre, que podría sumirnos, de nuevo, en una espiral indeseable.

Hay alternativa en Aragón: una política de vivienda que apueste decididamente por el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas existentes. Estas opciones no solo ofrecen soluciones más justas y accesibles para la ciudadanía, sino que también contribuyen a la sostenibilidad y al desarrollo económico local. El alquiler asequible permite a las personas acceder a una vivienda digna, sin necesidad de endeudarse de por vida, lo que es especialmente importante en un contexto de creciente precariedad laboral y desigualdad económica.

Por otro lado, la rehabilitación de viviendas existentes es una política que aporta múltiples beneficios. No solo mejora la calidad de vida de los residentes, al modernizar y acondicionar sus hogares, sino que también tiene un impacto positivo en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio arquitectónico. Además, también genera empleo local en sectores como la construcción y la rehabilitación, y contribuye a reducir el consumo de suelo y las emisiones de carbono, alineándose así con los objetivos de desarrollo sostenible que tanto necesitamos impulsar.

El Gobierno de Aragón debería mirar hacia otros modelos seguidos en Europa, como los de Berlín o Viena, donde los ayuntamientos y gobiernos locales han optado por otro tipo de medidas políticas, destinadas a adquirir viviendas para ponerlas en alquiler a precios subvencionados. Esta es la dirección que deberíamos seguir en Aragón, priorizando el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses especulativos de unos pocos. De hecho, en la legislatura anterior ya se dieron pasos en este sentido, con proyectos como la promoción de nueve viviendas en Graus, doce en Teruel y prácticamente un millar en coordinación con los ayuntamientos y los fondos europeos Next-Generation que demuestran que es posible ofrecer soluciones habitacionales justas y sostenibles. La cesión de suelos para vivienda asequible, iniciada en la anterior legislatura para colaborar con el sector, no es lo mismo que una venta subvencionada que siempre favorecerá la especulación e iría en contra de los principios establecidos en el artículo 47 de la CE.

En definitiva, en lugar de abrir la puerta a políticas del pasado, que ya han demostrado su fracaso, el Gobierno de Azcón debería retomar y fortalecer las iniciativas que comenzaron en la legislatura anterior, centradas en el alquiler y la rehabilitación. Estas son las políticas que realmente pueden garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía aragonesa, y que permiten construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para Aragón.



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