El Grupo Parlamentario de CHA defenderá la próxima semana, concretamente, el 11 de diciembre de 2025, en el Pleno de las Cortes de Aragón una Proposición no de Ley destinada a reforzar la formación en cuidados paliativos en los estudios universitarios de Aragón y a mejorar la organización y cobertura de estos servicios en el sistema sanitario público.

La iniciativa de CHA plantea que los grados de Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social incorporen asignaturas obligatorias y específicas, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa o el propio Ministerio de Sanidad, y asegurando una formación homogénea e integral que contemple los aspectos clínicos, éticos, sociales y emocionales.

La Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, señala que la situación actual exige una revisión profunda: “Hoy en día, la formación universitaria en cuidados paliativos es claramente insuficiente y desigual. No puede ser que en Medicina exista una asignatura específica y en Enfermería no, o que en Psicología y Trabajo Social apenas se contemplen contenidos. Los cuidados paliativos deben ser un derecho garantizado, no algo que dependa de la suerte de qué estudie cada profesional”. Además, recuerda que esta atención no se limita al final de la vida ni exclusivamente a patologías oncológicas, sino que es fundamental para personas con enfermedades crónicas, neurodegenerativas, insuficiencia de órgano o situaciones pediátricas complejas que requieren equipos multidisciplinares preparados.

La PNL presentada por CHA incluye propuestas como ampliar la formación obligatoria en cuidados paliativos a todas las disciplinas sanitarias y sociales, garantizar una enseñanza teórica y práctica impartida por profesionales especializados, coordinar a la Universidad de Zaragoza con el Departamento de Sanidad y los servicios de salud para facilitar prácticas en unidades acreditadas, e impulsar la formación continuada del personal docente y sanitario. Asimismo, establece la necesidad de ofrecer cobertura asistencial en horario de mañana y tarde, crear la figura del Coordinador Autonómico de Cuidados Paliativos, promover modelos asistenciales intermedios y unidades hospitalarias específicas, y asegurar la presencia estable de psicología y trabajo social dentro de los equipos.

Para Lasobras, reforzar los cuidados paliativos es una cuestión de justicia y humanidad: “Si queremos una sanidad humanista y centrada en la persona, debemos dotar de medios, profesionales y formación a los cuidados paliativos. La humanización de la sanidad empieza por reconocer la dignidad de las personas en todas las fases de la enfermedad y por garantizar que nunca se sientan solas o mal atendidas”.

Finalmente, CHA confía en que la propuesta obtenga un amplio respaldo en el Pleno, al tratarse de una medida que mejora la calidad, la equidad y la humanidad del sistema sanitario público aragonés.

Tanto el Portavoz de CHA en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, José Luis Soro, como la Portavoz de CHA en la Comisión de Bienestar Social y Familia , Isabel Lasobras ya han presentado sendas iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón pidiendo explicaciones al Gobierno por esta decisión política.

El secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de Chunta Aragonesista, Alberto Alcaine, rechaza la decisión del Gobierno de Aragón de revocar la licencia de hotel a cuatro establecimientos en los que se alojan las personas migrantes solicitantes de asilo humanitario en Aragón.

“Se trata, en su mayoría, de personas subsaharianas integradas en programas de inclusión”, explica Alcaine, quien denuncia que “con la medida, estos establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría”.

Para Alberto Alcaine, “parece una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”.

La decisión, tomada el mes pasado por la Dirección General de Turismo, supone un cambio administrativo con el que no están conformes los propietarios de los hoteles, quienes defienden que sus funciones de alojamiento, manutención y limpieza no se han visto alteradas y lamentan el acoso que sufren por las inspecciones autonómicas

“A pesar de no haberse producido ninguna incidencia, el Gobierno de Aragón toma una medida que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen, lo cual choca de forma frontal con todo lo que defendemos desde CHA”, señala el secretario de Política Sectorial y Agenda 2030.

Finalmente, Alberto Alcaine recuerda la importancia del programa de Atención Humanitaria, “dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, y que incluye el desarrollo de servicios de atención sociosanitaria de urgencia, acogida, suministro de material para cubrir necesidades básicas, ayudas económicas básicas y traslados”.

La educación pública constituye el pilar esencial sobre el que se sustenta la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo equilibrado de Aragón.

No hablamos únicamente de un servicio más dentro del catálogo de competencias del Gobierno de Aragón, sino de un instrumento fundamental de justicia social, capaz de compensar desigualdades de origen y de garantizar que cada persona, viva donde viva y disponga de los recursos que disponga, tenga acceso a una enseñanza de calidad y en condiciones de equidad.

En este contexto, la propuesta del actual Gobierno del Partido Popular en Aragón de concertar la etapa de Bachillerato y de establecer la gratuidad parcial de la educación infantil de 0 a 3 años, mediante conciertos con instituciones privadas, resulta profundamente preocupante.

Supone un giro ideológico y político que debilita el sistema público aragonés. Convertir ese mecanismo en una fórmula de financiación estructural para la enseñanza privada no solo es innecesario, sino también injustificable desde el punto de vista social, pedagógico y económico.

El Bachillerato es una etapa no obligatoria. Además, la red pública aragonesa dispone de capacidad suficiente para atender la demanda del alumnado y garantizar su derecho a una educación de calidad. La concertación de esta etapa implicaría, en consecuencia, un uso indebido de fondos públicos, desviando recursos que deberían destinarse a la mejora de la escuela pública hacia centros privados que, en muchos casos, aplican criterios de admisión o proyectos educativos que no responden al principio de universalidad.

Mientras algunas aulas públicas permanecen vacías o se cierran por falta de alumnado, no se observa una reducción equivalente en los conciertos educativos en Aragón. Esta asimetría refuerza la percepción de que las políticas actuales priorizan la estabilidad de los centros privados concertados frente a las necesidades reales del sistema público aragonés. No se trata de una cuestión de eficiencia, sino de una decisión política: optar entre invertir en lo que es de todos y para todos o transferir recursos a lo que no lo es.

La educación infantil de 0 a 3 años es otro ejemplo de cómo una buena idea —avanzar hacia su gratuidad— puede pervertirse si se aplica desde una lógica privatizadora. La extensión de la gratuidad en Aragón debe ir de la mano del fortalecimiento de la red pública de escuelas infantiles, ampliando la oferta, mejorando infraestructuras y plantillas, y garantizando la calidad educativa desde los primeros años de vida. Lo contrario, es decir, financiar plazas privadas en lugar de crear plazas públicas en Aragón, consolida desigualdades territoriales y socioeconómicas que la educación debería combatir, no reproducir.

Defender la educación pública en Aragón no es un acto de ideología, sino de responsabilidad. La escuela pública garantiza la convivencia, promueve valores democráticos, fomenta la inclusión y asegura que el derecho a la educación no dependa del nivel de renta de las familias.

Frente a la política de conciertos generalizados, Aragón necesita una apuesta firme por la calidad, la equidad y la planificación racional de los recursos educativos. Invertir en la escuela pública es invertir en cohesión social, en desarrollo sostenible y en la igualdad real de oportunidades. No hay progreso posible si se debilita el único sistema educativo que pertenece a toda la ciudadanía y que tiene la vocación de no dejar a nadie atrás.

El futuro de Aragón pasa por una educación pública fuerte, moderna y bien financiada. Y ese futuro se construye con decisiones valientes, no con concesiones a intereses privados. La educación pública no es un gasto: es la mejor inversión que una sociedad puede hacer para garantizar su propio porvenir.

La Secretaria General de CHA, Isabel Lasobras, lamenta que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lleve “demasiado tiempo anunciando que presentará el techo de gasto para su aprobación en las Cortes, primer paso para aprobar sus presupuestos” y que, una vez más, haya incumplido su palabra.

“Esta misma semana, la vicepresidenta Mar Vaquero reconocía que todavía no hay fecha para su presentación. Es un fracaso político, posiblemente el mayor de todos los gobiernos de Aragón, porque a estas alturas de legislatura nos encaminamos a tener un solo presupuesto aprobado en la actual legislatura”, ha afirmado.

Lasobras es tajante al señalar que, si el presidente es incapaz de llegar a acuerdos con sus propios socios, la única salida responsable es convocar elecciones. “Todo el tiempo que pierde el Gobierno lo paga Aragón, lo pagan las aragonesas y los aragoneses, los servicios públicos esenciales”, ha subrayado.

Asimismo, acusa a Azcón de engañar a la ciudadanía mediante anuncios y promesas que no pueden ejecutarse sin nuevas cuentas: “Desde la concertación del Bachillerato a la educación de 0 a 3 años, nada de esto puede ponerse en marcha sin presupuestos”.

La Secretaria General de CHA recuerda que solo en el último debate de política general, el presidente prometió toda una serie de nuevas infraestructuras y medidas políticas que sin presupuestos no pueden llevarse a cabo, como el nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza, los centros de Salud en Arcosur, Cuarte, Utebo y Zuera, inversiones educativas en Alagón, Alcañiz, Épila, Monreal del Campo o Teruel, un nuevo Laboratorio de Salud Pública, un 15% más de plazas para mayores y dependientes, cinco nuevos equipos de atención temprana, un incremento del 25% en el nuevo concierto social de la discapacidad y hasta 21 millones de euros para modernización de regadíos.

“Todo esto no se puede hacer sin presupuestos, y el presidente lo sabe, pero sigue instalado en su política de anuncios y propaganda”, insiste Lasobras.

“Y si no hay acuerdo y Aragón va a elecciones, en el mejor de los casos hasta el verano de 2026 no podría aprobarse un nuevo presupuesto. Es una irresponsabilidad mayúscula”, concluye la Secretaria General de CHA.

CHA exige al Gobierno de Aragón del PP “más seriedad político, un mayor rigor y el máximo respeto institucional” y recuerda que la estabilidad de Aragón “no puede depender de improvisaciones, retrasos ni anuncios vacíos”.

Lasobras critica hoy, en Teruel, el anuncio realizado este lunes por la consejera, relativo a la ampliación del concierto educativo al 2º de Bachillerato en el colegio Las Viñas a partir del curso 2026-2027, una medida que ha calificado de «injustificable desde cualquier criterio pedagógico o de planificación educativa».

Asimismo, señala la contradicción del Gobierno de Aragón al supeditar el anuncio a que existan presupuestos para 2026: «En qué quedamos: ¿hay presupuestos o habrá elecciones anticipadas? Que el PP se aclare, porque estas declaraciones suenan más a campaña electoral dirigida a su electorado de la concertada que a una planificación seria».

Para CHA, este anuncio supone un perjuicio directo: «Teruel pierde. Pierde porque se desvían fondos públicos a la concertada y deja de recibirlos la pública», ha afirmado Lasobras.

La portavoz ha subrayado que la situación es clara y cuantificable: «¿Qué necesidad hay de concertar el Bachillerato en Teruel cuando los institutos públicos disponen de 84 plazas libres en 1º y 120 en 2º? No existe saturación ni demanda que lo justifique. Sí existe, en cambio, una voluntad política evidente: desviar recursos públicos hacia centros privados incluso donde sobran plazas públicas».

Mientras se anuncian nuevos conciertos, la escuela pública en Teruel continúa arrastrando carencias graves: falta de auxiliares de educación especial en varios CRA, como en el aula de Rubielos de Mora, existen centros como el de Sarrión sin espacios adecuados, la Escuela Oficial de Idiomas paralizada, reducción de aulas en Alcañiz, o la residencia de Movera sin abrir los domingos pese al compromiso de la consejera, por las afecciones a personas de las comarcas turolenses. Igualmente se está produciendo, fruto de las políticas del Gobierno del PP, un abandono del servicio del taxi rural en el transporte escolar como, por ejemplo, en Pancrudo y Montalbán y hay carencias en las inversiones públicas necesarias para infraestructuras deportivas como también ocurre en la citada localidad de Montalbán.

«El PP afirma que no hay dinero para reforzar la pública, pero sí lo hay para ampliar conciertos incluso donde no existe demanda. Y todo esto sucede mientras el presidente Azcón ignora a la comunidad educativa, que lleva semanas concentrándose y se manifiesta este mismo 26 de noviembre en defensa de la escuela pública», recuerda Lasobras.

CHA expresa su apoyo a todas las concentraciones celebradas en Teruel contra los conciertos educativos en Bachillerato, 0-3 años y Formación Profesional, y ha hecho un llamamiento a participar masivamente en la manifestación en Zaragoza en defensa de la escuela pública.

Finalmente, Javier Carbó, Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses añade: «El Gobierno de Aragón está condenando a la escuela pública de Teruel a un abandono sistemático mientras privilegia a la concertada. Lo vemos cada día en los centros de nuestras comarcas: falta personal, faltan recursos y faltan soluciones». Carbó señala que «ampliar conciertos donde sobran plazas públicas no solo es un error, es una falta de respeto a las familias, a los docentes y a toda la comunidad educativa turolense». Y advierte: «Teruel no puede seguir siendo moneda de cambio para los intereses del PP. Desde CHA seguiremos defendiendo una educación pública fuerte, vertebradora y al servicio de la igualdad de oportunidades».

El 25 de noviembre nos recuerda la lacra más cruel y persistente: la violencia machista. No es solo un día de conmemoración; es un llamamiento urgente a la denuncia, a la acción y a la transformación profunda de nuestra sociedad.

No se trata de un conflicto doméstico aislado ni de un problema ocasional. La violencia machista es la manifestación más brutal de una desigualdad estructural: un terrorismo cotidiano que asesina, mutila y anula la dignidad de las mujeres por el mero hecho de serlo.

Los datos oficiales son estremecedores: desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy, 1.333 mujeres han perdido la vida víctimas de violencia de género. Negar esta realidad, como han hecho ciertos espacios políticos y sociales, equivale a ponerse del lado de la agresión.

Resulta inaceptable el intento de rebautizar esta violencia como “intrafamiliar”, como si se tratara de un conflicto doméstico cualquiera. Invisibilizar la raíz de la agresión —la desigualdad de poder— es un ataque directo a la democracia y a la vida de las mujeres.

El aumento de denuncias y el auge del negacionismo entre la juventud muestran que nuestro sistema preventivo falla. La lucha contra la violencia machista no puede limitarse a sancionar; debe centrarse en la prevención, en la educación y en la protección integral.

Frente a esto, la prevención educativa y social se vuelve indispensable. La educación sexual y afectiva con perspectiva de género debe estar garantizada en todos los niveles educativos en Aragón, construyendo desde la infancia una cultura del consentimiento y del respeto. Al mismo tiempo, la sensibilización social debe ser constante: campañas, programas y acciones que promuevan masculinidades igualitarias y movilicen a los hombres como agentes activos en la erradicación del machismo.

La protección debe ser integral y con arraigo territorial. Los servicios deben acercarse a quienes los necesitan, superando las limitaciones de la despoblación. Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia vicaria deben recibir asistencia psicológica inmediata y acompañamiento especializado. La vida y la seguridad de las mujeres y de la infancia no pueden depender de presupuestos insuficientes ni de la improvisación de recursos.

La detección temprana y la formación especializada son fundamentales. Todo el personal de justicia, seguridad y salud debe recibir capacitación obligatoria en perspectiva de género, con protocolos claros para valorar riesgos y actuar de manera efectiva.

Ninguna persona condenada por violencia de género puede tener acceso a trabajar con menores. Solo con un enfoque proactivo y coordinado podremos honrar la memoria de las víctimas y proteger a quienes hoy resisten.

La lucha contra la violencia machista no es una batalla secundaria: es la lucha por la dignidad democrática de nuestro país. En Aragón, nuestro compromiso es firme, decidido e innegociable.

La NUMO (Nuevo Modelo Organizativo de la Oficina Judicial) es un sistema de reorganización de los juzgados que transforma los tradicionales juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia, apoyados por Oficinas Judiciales que centralizan la gestión administrativa y reorganizan al personal funcionario. Su objetivo, según el Gobierno, es hacer el sistema judicial más ágil y eficiente, pero en la práctica ha implicado la reducción de personal en juzgados y unidades que investigan delitos graves, como los de violencia de género y sexual.

Isabel Lasobras considera imprescindible poner de manifiesto esta situación “en un momento en el que la violencia de género y la violencia sexual están aumentando, en torno a un 13 % y subiendo”. En este contexto, ha calificado de incoherente la actitud del Ejecutivo de Azcón “de envolverse en la bandera contra la violencia de género mientras elimina, con la implantación de la NUMO, un tercio de la plantilla de personal funcionario que instruyen estos delitos”.

Estas decisiones tienen un efecto directo en la capacidad de respuesta del sistema judicial y reclama explicaciones al Gobierno de Aragón sobre la planificación, criterios y consecuencias reales de esta reestructuración.

CHA solicitará al Ejecutivo información detallada sobre la reducción de personal, el impacto en la tramitación de los procedimientos y las medidas previstas para garantizar una atención adecuada a las víctimas.

Isabel Lasobras señala que “la situación de carencias de personal en el IES Martina Bescós no es nueva, pero ha alcanzado un punto insostenible. La dimisión del equipo directivo —tal y como se ha conocido recientemente— es una señal inequívoca de que el Gobierno de Aragón debe actuar con urgencia y responsabilidad.” Asimismo, añade que “CHA estará siempre al lado de las familias, del alumnado y del personal docente para exigir los recursos que garanticen una educación pública digna y de calidad.”

Por su parte, Ebardo Fernández subraya que “Cuarte de Huerva es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional de Aragón y, sin embargo, sus centros educativos continúan sin recibir los medios necesarios. El IES Martina Bescós necesita refuerzos inmediatos, y el Gobierno de Aragón debe dar una respuesta clara y efectiva.”

Recordamos que el próximo viernes, 28 de noviembre de 2025, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón deberá responder en la sesión de control del Pleno de las Cortes a la pregunta registrada por la diputada de CHA. Esta iniciativa se formula tras conocerse, entre otros hechos, la renuncia del equipo directivo del instituto por falta de personal y por recibir presiones, situación recogida por diversos medios de comunicación.

La pregunta registrada por CHA y que será planteada a la consejera es la siguiente:

“¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Aragón para dar solución a las carencias de personal en el I.E.S. ‘Martina Bescós’ de Cuarte de Huerva?”

Finalmente, CHA reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública aragonesa y exige que el Gobierno de Aragón adopte, sin demoras, las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del centro educativo.

Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad, destacó la necesidad de que el Gobierno de Aragón presente un calendario claro de obras para el hospital y, de manera paralela, un plan de contingencia que garantice la continuidad y seguridad de la atención urgente durante la realización de los trabajos.

Este plan debe incluir refuerzos de personal, recursos materiales suficientes, coordinación con otros centros hospitalarios y medios de transporte sanitario adecuados”, subrayó Lasobras.

Asimismo, la portavoz insistió en la importancia de reanudar con total transparencia el procedimiento de contratación de la dirección de obra, depurando las causas que llevaron a la anulación del concurso y asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para evitar nuevas paralizaciones. “Es un paso imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que el proyecto avance sin más retrasos”, señaló Lasobras.

Por último, la Secretaria General de CHA lamentó el voto en contra del PP, recordando que esta decisión “demuestra lo poco que le importa Calatayud y las necesidades reales de sus vecinos y vecinas de esta comarca y de las comarcas limítrofes a las que presta servicio este centro hospitalario”, especialmente cuando se trata de garantizar un servicio sanitario esencial.

CHA reitera su compromiso con la mejora de la atención sanitaria en Calatayud y seguirá trabajando para que el Hospital Ernest Lluch disponga de los recursos necesarios para atender a toda la población con seguridad y eficacia.

La Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón ha debatido hoy, 18 de noviembre, la proposición no de ley presentada por Chunta Aragonesista (CHA) para seguir impulsando la mejora integral del tramo de la A-230 entre Sariñena y Bujaraloz, incluido en el denominado Itinerario de Monegros.

La iniciativa, defendida por Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, ha sido aprobada por unanimidad.

Desde CHA se valora muy positivamente que el proyecto esté avanzando dentro de la planificación prevista, pero , tras esta aprobación , se va a insistir en en la necesidad de garantizar, por parte del Gobierno de Aragón, la máxima seguridad vial durante las obras y el establecimiento un calendario de ejecución claro y realista, que permita hacer un seguimiento del cumplimiento de los plazos y del desarrollo de los trabajos.

La carretera A-230 constituye una vía estructurante y esencial para Los Monegros, al conectar dos núcleos estratégicos como Sariñena y Bujaraloz y enlazar con ejes de comunicación como la N-II y la AP-2. Su mejora es clave no solo para la seguridad vial, sino también para el desarrollo económico y social de una comarca especialmente afectada por la despoblación.

La proposición no de ley de CHA aprobada hoy insta al Gobierno de Aragón a:

-“Incluir en su planificación presupuestaria inmediata las actuaciones necesarias para la mejora integral del tramo Sariñena–Bujaraloz, garantizando su ejecución en el menor plazo posible.

-Reforzar las medidas de seguridad vial y mantenimiento durante la ejecución de las obras, con especial atención al firme, la señalización y la protección en tramos de mayor riesgo”.

Con esta propuesta, CHA reafirma su compromiso con la seguridad vial, la vertebración territorial y la mejora de las comunicaciones en Los Monegros, destacando el valor de la cooperación institucional para que las obras públicas se desarrollen con eficacia y dentro de los plazos previstos.