La sentencia que tumba el proyecto de la telecabina confirma que el actual Gobierno de Aragón ha actuado con improvisación, sin rigor y con desprecio hacia la legalidad y hacia el territorio. Lo que se vendió como una gran apuesta estratégica para el Pirineo no ha sido más que un proyecto propagandístico, pensado para alimentar titulares y fotos, pero incapaz de sostenerse cuando se somete a un mínimo análisis técnico, jurídico y ambiental.

Se ha actuado de espaldas a las advertencias de colectivos ecologistas y sociales, ignorando el impacto sobre el cauce del Ésera, sin valorar adecuadamente los riesgos de inundación y empleando dinero público en una iniciativa que ahora queda deslegitimada por los tribunales.

No es aceptable que se utilicen los recursos de todas y todos los aragoneses para aventuras que terminan en los juzgados por falta de rigor. La sentencia es un varapalo político que debería tener consecuencias políticas, porque lo que está en juego no es solo un telecabina, sino la confianza en unas instituciones que deberían defender el interés general, la sostenibilidad y el respeto a la normativa.

Desde CHA reiteramos que Aragón necesita proyectos sólidos, participativos y viables, no operaciones de marketing que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural y generan frustración social.

Esta semana, Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, ha trasladado al Congreso a través de una pregunta dirigida al Gobierno la campaña Docentes Decentes, promovida por las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para que se reforme la legislación para impedir que condenados por violencia de género o familiar puedan trabajar con menores de edad.

El pasado 18 de noviembre familias, alumnado y personal docente se concentraron a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para denunciar que un profesor, condenado por maltrato a su exmujer y a sus tres hijos en 2019, esté impartiendo clases en este centro. A través de una campaña de change.org se han alcanzado más de 35.000 firmas para pedir un cambio legislativo que impida que este tipo de situaciones se puedan repetir. Las familias se cuestionan qué valores puede inculcar una persona condenada por estos delitos a adolescentes a quienes habría que concienciar sobre la violencia de género, las agresiones sexuales o el bullying.

Por ello, las familias proponen que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para que además de exigir al personal que trabaja con menores la presentación de un Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, también se exija un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad.

Por ello, el diputado Jorge Pueyo, junto con la diputada Engracia Rivera, ha registrado la siguiente pregunta: «¿Tiene previsto el Gobierno abordar la reforma de la legislación para evitar que las personas condenadas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar puedan trabajar con menores de edad?»