Chunta Aragonesista ha visitado este jueves la comarca de Tarazona y el Moncayo para conocer las afecciones de las renovables incontroladas y el resto de amenazas al ecosistema y al paisaje del Moncayo, con el objetivo de presentar iniciativas para trasladar esta problemática al Parlamento Europeo.

Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís en el Grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo; acompañado de Jorge Pueyo, diputado en el Congreso y candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón; Isabel Lasobras, secretaria general de CHA; y José Manuel Latorre, secretario territorial en las comarcas zaragozanas, se han reunido en un encuentro abierto con agentes sociales, activistas medioambientales y colectivos en defensa del territorio.

“Urge impulsar una planificación ordenada y respetuosa de la instalación de proyectos de energías renovables, que excluya aquellas zonas de especial valor natural, patrimonial y paisajístico, como es el caso del entorno del Moncayo; y que se paralicen los proyectos de energías renovables en las comarcas de Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo hasta que se realice dicha planificación”, ha señalado Marzà.

El eurodiputado de Compromís considera que “hay que proteger especialmente el entorno del Moncayo, en el que está prevista la instalación de diversos parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, sin que se haya evaluado el impacto ambiental acumulado del conjunto de las instalaciones”.

Por su parte, Jorge Pueyo, ha recordado las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados, en la que además se instaba “a paralizar los proyectos de parques eólicos y sus hibridaciones fotovoltaicas en las comarcas aragonesas de Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo, hasta que se realice una planificación adecuada y respetuosa con el entorno natural y social del Moncayo”.

“El Moncayo no es solo un recurso natural. Es un símbolo de nuestra historia, nuestra cultura e identidad. La instalación de estos proyectos, bajo el pretexto de la transición energética, no solo supone la destrucción de un paisaje, sino pone en peligro un patrimonio intangible que ha sido preservado por generaciones”, ha advertido.

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón ha señalado directamente a la instalación del parque eólico “Los Borjas I” y otros proyectos similares, ubicados en los términos municipales de Bulbuente, Ambel y Alcalá de Moncayo, “que constituyen una amenaza directa a la esencia misma del Moncayo y su entorno, proyectando la instalación de hasta siete aerogeneradores de 200 metros de altura a tan solo seis kilómetros del Parque Natural del Moncayo y a menos de dos kilómetros del Monasterio de Veruela, un emblema histórico y cultural de Aragón”.

Finalmente, Isabel Lasobras ha explicado las iniciativas presentadas por CHA en las Cortes de Aragón y en la Diputación de Zaragoza, en las que también proponían iniciar un proceso de declaración de esta zona como de especial protección, complementando la protección de otras áreas ya reconocidas, como el Parque Natural del Moncayo y la Red Natura 2000, estudiando la exclusión de los planes de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos”.

“Aragón tiene un gran potencial en energías renovables, pero la enorme presión para la instalación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos está destrozando nuestros paisajes, como es el caso del entorno del Moncayo, el Maestrazgo o Los Monegros, entre otros. Esto no es transición energética, es especulación. Estamos ante una amenaza directa a nuestro paisaje, nuestra biodiversidad y nuestra historia. Porque el Moncayo no se vende, se defiende”, ha apuntado la secretaria general de CHA.

Chunta Aragonesista ha llevado al Parlamento Europeo, a través del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, una iniciativa para reclamar a la Comisión Europea que retire la financiación del proyecto de la telecabina entre Benasque/Benás y la estación de esquí de Cerler-Sarllè, después de que un juzgado haya anulado el acuerdo municipal por incumplir la ley y causar daños ambientales.

La sentencia considera que el proyecto vulnera la normativa sobre dominio público hidráulico, al ubicar la estación base y su aparcamiento en una zona inundable del río Ésera, desoyendo un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Además, carece de un estudio económico de viabilidad y presentaba deficiencias en los informes geotécnicos. Las obras ya ejecutadas han provocado, además, daños en el bosque de abetos de La Mosquera, un enclave de alto valor ecológico y paisajístico.

El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Plan Pirineos del Gobierno de Aragón. Ante las irregularidades confirmadas por la justicia, Chunta Aragonesista y Marzà piden a Bruselas que actúe con contundencia.

“No se puede permitir que dinero europeo sirva para destruir el territorio y saltarse la ley, si el proyecto es ilegal, que devuelvan hasta el último euro”, ha afirmado Vicent Marzà. Marzà ha recordado que “los fondos europeos deben servir para avanzar hacia una transición ecológica justa, no para premiar la mala gestión ni los incumplimientos normativos”.

Verónica Villagrasa, Secretaria Territorial de CHA-Alto Aragón, ha insistido en que “la Unión Europea debe garantizar que sus fondos se utilizan para proteger y mejorar el territorio, no para financiar actuaciones ilegales, ambientalmente insostenibles, con desprecio a la legalidad y hacia el territorio”.

La Comisión Europea ha respondido a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, en representación también de Chunta Aragonesista, sobre el impacto de la normativa ecológica en las calderas y estufas de leña en las zonas rurales.

Los proyectos iniciales barajados por la Comisión planteaban exigencias que supondrían una adaptación de instalaciones y sustitución de equipos que reduciría sus emisiones, pero que también los haría inoperativos cuando se corta el suministro eléctrico (hecho frecuente en muchas zonas rurales, especialmente cuando hay temporales invernales), además de resultar una carga económica muy onerosa para las familias más pobres del medio rural, cuya renta media apenas llega al 75 % del promedio de la Unión.

En su respuesta, la Comisión confirma que en la revisión del Reglamento (UE) 2015/1185, que regula los aparatos de calefacción local de combustible sólido, se aplicará la verificación rural (“rural proofing”) dentro de la evaluación de impacto, tal y como defiende el programa Better Regulation de la UE. Esta medida es clave para asegurar que las políticas europeas tengan en cuenta las realidades y necesidades específicas del medio rural.

Vicent Marzà ha declarado:
“Este es un paso fundamental para garantizar que las normativas europeas no penalicen a las familias rurales, que ya enfrentan numerosas dificultades. Gracias a esta verificación rural, se podrá evitar que se impongan cargas desproporcionadas a quienes viven en el medio rural y dependen de sistemas de calefacción tradicionales. Seguiremos trabajando para que la Unión Europea escuche y apoye al mundo rural.”

La Comisión también reconoce la importancia de evaluar los costes económicos para las familias rurales y aclara que las nuevas normas solo afectarán a productos nuevos, no a los ya instalados, lo que aporta tranquilidad a muchas personas.

El proceso aún está abierto y existe margen para seguir defendiendo soluciones adaptadas a la realidad rural. Este logro es un ejemplo claro del trabajo conjunto de Compromís y Chunta Aragonesista en el Parlamento Europeo, “frente a las campañas de desinformación que intentan generar miedo en el medio rural”- ha concluido Marzà.

La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha destacado hoy “la importancia de seguir defendiendo la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc en todos los espacios europeos, porque se trata de una infraestructura estratégica, no solo para Aragón, sino para el conjunto de Europa, clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y reforzar la cohesión territorial”.

En este sentido, Lasobras ha subrayado la participación de Miguel Martínez Tomey, asistente local del eurodiputado Vicent Marzà (Compromís) en el Parlamento Europeo, que se desplazará a Bastia (Córcega) para intervenir hoy en un debate sobre transporte europeo organizado en el marco de la escuela de verano de la federación de partidos regionalistas franceses Régions et Peuples Solidaires.

El debate en Bastia permitirá trasladar la voz de Aragón a un marco internacional y compartir experiencias con representantes de diferentes regiones europeas comprometidas con el transporte ferroviario y la movilidad sostenible.

Recordamos, finalmente, que el eurodiputado Vicent  Marzà  se comprometió, el pasado mes de junio en Jaca a asumir, en nombre de CHA, la defensa de esta infraestructura en el Parlamento Europeo.

“El Canfranc no es solo un proyecto aragonés: es un proyecto europeo”, indicó quien llamó a consolidar este eje como infraestructura estratégica.

El eurodiputado Vicent Marzà, acompañado de Jorge Pueyo, diputado de CHA en el Congreso; Laura Climente, portavoz municipal y comarcal; y José Ramón Ceresuela, Secretario de Organización de CHA, ha visitado hoy la estación de Jaca para reiterar el respaldo de Chunta Aragonesista y de sus aliados en el Parlamento Europeo a la reapertura del ferrocarril internacional del Canfranc. Desde este enclave simbólico, Marzà ha exigido al Gobierno de Aragón que descarte de forma definitiva la Travesía Central del Pirineo (TCP), “una amenaza al territorio que sólo sobrevive por intereses partidistas y desarrollistas”.

“El Canfranc no es solo un proyecto aragonés: es un proyecto europeo”, ha afirmado Marzà, quien recuerda que “cumple los objetivos del Pacto Verde Europeo, fomenta la cohesión territorial, permite reducir emisiones y conecta personas, pueblos y economías a ambos lados del Pirineo”. “Frente a esto, la TCP es humo: un túnel inviable que compite por los recursos y retrasa lo urgente”, advierte.

El eurodiputado ha subrayado que, en los últimos años, la línea ferroviaria y la explanada de Canfranc han vivido una profunda transformación gracias al impulso político e institucional, especialmente durante la etapa de CHA en el Gobierno de Aragón. “El Canfranc ya no es una promesa, es una infraestructura en marcha. Pero no podemos permitir que todo se quede en una operación estética o en un decorado para el turismo. El verdadero salto cualitativo es reabrir la conexión internacional con Francia y activar la dimensión estratégica del proyecto”, ha señalado.

Marzà ha recordado que la reapertura del Canfranc está incluida en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y ya ha recibido financiación del mecanismo “Conectar Europa”. “Gracias al trabajo impulsado desde CHA y al esfuerzo conjunto con nuestras compañeras y compañeros de la Nouvelle-Aquitaine, hoy el proyecto tiene respaldo técnico, apoyo social y financiación europea”, ha señalado el eurodiputado, quien va a solicitar una reunión con el primer ministro francés, François Bayrou, así como con presidente de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, para tratar estos asuntos.

“El problema es que el Gobierno de Jorge Azcón está más pendiente de alimentar grandes titulares que de apostar por soluciones reales”, ha lamentado.

Desde CHA se advierte que reactivar el discurso de la TCP —impulsado históricamente por PP y PSOE— supone un freno directo al avance del Canfranc. “La TCP no solo es inviable en Francia, que tiene otras prioridades ferroviarias y un alto déficit estructural; además, su mera presencia como alternativa compite con el Canfranc, desvía recursos y genera incertidumbre”, ha denunciado Marzà.

Por ello, el eurodiputado ha exigido desde Jaca que se priorice la modernización de la línea Zaragoza–Canfranc–Oloron y que el tramo Teruel–Sagunto reciba las inversiones necesarias para integrarse en un corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones. “El Canfranc no puede esperar más. Frente a las fantasías del pasado, toca apostar por una Europa de los pueblos, del reequilibrio territorial y del ferrocarril como columna vertebral de una movilidad justa”, ha reclamado.

Por otro lado, Vicent Marzà se ha referido al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que va a presentar este verano la Comisión Europea, en el que va a exigir que se tenga en cuenta las especificidades del pueblo aragonés, “especialmente, que los criterios para repartir los fondos contra la despoblación reflejen de verdad la realidad de Aragón, un trabajo en el que no estamos viendo que el Gobierno de Aragón esté trabajando todo lo que debería”, ha finalizado.

Una decena de alcaldes y alcaldesas de Chunta Aragonesista se han desplazado esta semana hasta Bruselas para demandar un Pacto Rural que aborde los numerosos retos derivados de la despoblación, las transiciones ecológica y digital, y el declive económico de las zonas rurales.

El vicesecretario general de Política Territorial de CHA y alcalde de Longares, Miguel Jaime, ha indicado que “la realidad rural debería reconocerse y reflejarse en la gestión de los fondos y las políticas de la UE, ya que el desarrollo de las zonas rurales es fundamental no solo para sus habitantes, sino también para el bienestar económico, medioambiental y social de toda Europa”.

Jaime señala que “las zonas rurales carecen a menudo de financiación específica y, cuando la hay, los obstáculos burocráticos limitan su uso efectivo, con procedimientos excesivamente complicados para los medios que disponemos”.

Los representantes de CHA se han reunido con el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà (Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europa), a quien han trasladado la necesidad de reconocer que los distintos tipos de zonas rurales se enfrentan a diferentes tipos de retos, por lo que necesitan respuestas específicas.

El vicesecretario general de CHA ha urgido a revisar las políticas europeas a través de una visión rural, para que estas políticas sean adecuadas a los fines perseguidos por quienes viven y trabajan en las zonas rurales, quienes además deben participar estrechamente en el diseño de las mismas.

Los alcaldes y alcaldesas de CHA coinciden en que los recursos rurales no deben explotarse, sino que deben gestionarse de forma sostenible, por lo que las políticas de la UE tienen que fomentar la inclusión y el desarrollo rural sostenible de forma más específica, incluyendo inversiones en infraestructuras, prácticas sostenibles y nuevos sectores económicos locales, ya que hasta el momento el medio rural no ha recibido suficiente atención en las políticas y financiación europeas.

Finalmente, Miguel Jaime ha indicado que “es necesario innovar para adaptarse a las transiciones digital, ecológica y económica, y por eso urge realizar inversiones significativas en infraestructuras e innovación, orientadas para asegurar el futuro del medio rural aragonés”.