CHA critica el mantenimiento de la línea 900 como forma de acceso a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza

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El secretario de Derechos y Movimientos Sociales de CHA-Zaragoza, Luis García, ha criticado la decisión del Gobierno Municipal PP-Cs de mantener la línea 900 como forma de acceso a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, al “vulnerar el Derecho subjetivo de la ciudadanía a acceder a los Centros Municipales de Servicios Sociales”.

“La prestación de los Servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social que prestan los CMSS es de naturaleza esencial y por tanto constituye un derecho subjetivo y el acceso a los mismos se ha de realizar de forma directa por los usuarios de los mismos”, explica García. Además, la legislación prevé servicios de “triaje” para el acceso a estos servicios, que deben ser prestados por personal de administración del Ayuntamiento.

Chunta Aragonesista ha anunciado su apoyo a las críticas trasladadas por más de 150 trabajadores municipales de los Servicios Sociales y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, que consideran que con el mantenimiento de la línea 900 el Ayuntamiento de Zaragoza está incumpliendo la legislación aragonesa en materia de Servicios Sociales. “La Ley de Servicios Sociales de Aragón, el Catálogo de Servicios Sociales y la legislación que lo desarrollan son muy claros al respecto”, señala.

“Queremos poner en valor la experiencia y la labor que realizan los profesionales de los Servicios Sociales Municipales, que acumulan décadas de experiencia en la atención a las necesidades sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza”, ha valorado Luis García, quien recuerda que la gestión de estos centros es pública y no puede ser subcontratada con empresas privadas, algo que está ocurriendo actualmente. “Exigimos que se refuercen dichos servicios con los recursos humanos públicos necesarios”.

Queja al Justicia de Aragón

Por su parte, el presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha anunciado la presentación de una queja al Justicia de Aragón “en Defensa de los Derechos de la Ciudadanía y en Defensa del Derecho Aragonés”, amparándose en el artículo 6 de la Ley 8/2018 de actualización de derechos históricos de Aragón, que establece que “las instituciones públicas garantizarán de forma efectiva el derecho a unos servicios sociales de calidad, como un derecho subjetivo cuya efectividad puede ser reclamada directamente a las Administraciones Públicas”.

Además, ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que apruebe el Reglamento de funcionamiento de los Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad, cuyo plazo de consulta pública finalizó hace más de 20 meses, “para poner fin a ocurrencias como la de mantener la línea 900”.