CHA llevará a los ayuntamientos y comarcas el rechazo al cobro de peajes en autovías

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Miguel Jaime, Secretario de Política Local de CHA: “El peaje desplazaría inevitablemente la circulación de vehículos hacia las carreteras secundarias, donde se concentra la mayoría de los accidentes de tráfico”.

Chunta Aragonesista (CHA) llevará a los ayuntamientos y comarcas en los que tiene representación una moción para mostrar el rechazo al cobro de peajes en todas las autovías de España a partir del año 2024, medida que se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno Central a Bruselas el pasado mes de abril, como mecanismo de financiación directa para la conservación de la red viaria estatal.

El Secretario de Política Local de CHA, Miguel Jaime, ha indicado que el sistema de peaje en autovías desplazaría inevitablemente la circulación de vehículos hacia las carreteras secundarias, donde se concentra actualmente el 77% de los fallecidos en accidente de tráfico. “Además, supone un nuevo impuesto que repercutiría en todos los ciudadanos y empresas, poniendo en riesgo la competitividad del sector del transporte y la logística”, ha señalado Jaime.

Pese a que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciase el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados que estos peajes no se impondrían sin consenso, el pasado 16 de junio se conoció, a través del informe de la Comisión Europea
sobre el plan de recuperación de España, que el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del Estado antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024, con arreglo al principio de “quien contamina paga”.

“Una medida que el Gobierno pretende vender como verde, para desalentar el uso de vehículos privados, es simplemente una medida antisocial, al no contar los ciudadanos con alternativas en la mayoría de territorios”, ha señalado Jaime.

El Secretario de Política Local de CHA concluye que “para Aragón, esta medida supone un doble agravio, porque al retraso en la construcción de nuevas autovías proyectadas hace décadas, se une ahora una inaceptable propuesta de tener que pagar por la utilización de las mismas cuando entren en funcionamiento”.