26 Ene CHA presentará iniciativas en las instituciones para que los territorios productores de energía hidroeléctrica sean beneficiarios

El Secretario Territorial de CHA en el Alto Aragón, Joaquín Palacín, ha presentado hoy en rueda de prensa una iniciativa institucional en relación con los saltos hidroeléctricos que los Grupos de CHA registrarán en ayuntamientos, comarcas y en Cortes de Aragón, tras haber trasladado preguntas al Gobierno de España a través del Senado. 

Palacín ha denunciado la iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de sacar a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, “una decisión que afectará a todo Aragón, y a unas 150 de sus centrales, pero especialmente a las comarcas del Pirineo, puesto que de aplicar esta medida de forma generalizada se cierran las puertas a la gestión pública y a las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado la servidumbre del uso de su territorio y sus recursos durante décadas, colonialismo económico en estado puro”. 

“El Gobierno de España no solo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más los aragoneses y aragonesas vamos a poner los recursos y los beneficios se van a ir fuera, una vez más no se defiende el interés general y se cierra la puerta a la gestión pública, y es que una vez más el Gobierno de España se pone al lado del poder económico, del lucrativo negocio del agua y la electricidad, de los más fuertes frente a los débiles, de los amigos de las puertas giratorias”, ha declarado el Secretario Territorial de CHA. 

Saltos como el de El Pueyo, -el primero en revertir al Estado y que gestiona la CHE- retornarán al sector privado tras el correspondiente concurso, aunque los primeros serán el de Barrosa 3,6 MW y la de Auxiliar de Campo 1,6 MW, ambos hasta el verano en manos de Acciona, ya que en sus respectivas resoluciones de extinción el MAPAMA obliga a la CHE a organizar sendos concursos y sólo le permite gestionarlos mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una empresa privada. 

Lo mismo ha ocurrido con el gran aprovechamiento hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, de 40 MW de potencia y producción anual valorada en 4 millones de euros, donde Endesa, por fin, con prácticamente once años de retraso y una pérdida para las arcas públicas de unos 40 millones de euros, recibió la resolución de extinción en diciembre, y la CHE tiene seis meses para promover un concurso público y devolver el mismo a manos privadas; el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para resolver el concurso de adjudicación. En este caso Endesa llegó a solicitar una prórroga en la concesión hasta 2061 como compensación “en especie” por las imposibilidad de explotar el salto previsto en el embalse de Jánovas. 

Para más “inri” al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo. Palacín ha recordado que “hablamos de unos 80.000 euros solo en los cuatro saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento, mermando las arcas de los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca, Los ayuntamientos si que siguen percibiendo el IBI de las instalaciones porque en el caso de este impuesto que graba los bienes inmuebles no hay exención para las administraciones públicas”. 

La moción de CHA tiene los siguientes cuatro puntos: 

1.- Manifestar nuestro rechazo a que las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado sigan gestionadas por iniciativa privada tras ser sacadas a subasta, incumpliendo la legislación vigente en materia de aguas, al impedir la utilización de los recursos derivados de la explotación directa y por tanto una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico de las zonas afectadas por estas infraestructuras. 

2.- Solicitar al Gobierno de España que los municipios y comarcas con saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de los mismos una vez haya caducado la concesión, participando en la futura gestión o recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación. 

3.-Solicitar al Gobierno de España limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal.  

4.-Solicitar al Gobierno de España que modifique la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados.