CHA quiere que Caspe y la comarca se beneficien de la central hidroeléctrica

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El grupo de CHA en el Ayuntamiento de Caspe defenderá en este próximo pleno una moción para que el municipio se beneficie del salto hidroeléctrico del embalse de Mequinenza, además de solicitar que el consistorio manifieste su rechazo a que las centrales hidroeléctricas, cuya concesión haya caducado, sigan gestionadas por la iniciativa privada tras ser sacadas a subasta. 

“El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va a sacar a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, incumpliendo de esta manera la legislación vigente en materia de aguas, ya que esto impide a los municipio afectados, como Caspe, utilizar los recursos derivados de la explotación directa y, por tanto, una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico”, afirma Rafael Guardia. 

CHA considera gravísimo que el Gobierno de España se oponga a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales y a que reciban parte de los rendimientos de la nueva explotación. Ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más toda la población de la comarca Bajo Aragón-Caspe va a poner los recursos y los beneficios se van a ir fuera. “Pedimos también que el Gobierno de España modifique la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados. También solicitamos medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados”, afirma el portavoz de CHA. 

El portavoz aragonesista también solicitará limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico ya que corresponde a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal. Esta nueva decisión del Gobierno de España a unas 150 de sus centrales repartidas por todo Aragón. En relación con todo esto las Cortes de Aragón ya aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, abogar por recuperar estas centrales para hacer “justicia territorial” con los municipios y comarcas que han soportado durante décadas esta servidumbre.