CHA reitera su invitación a la ministra de Transición Ecológica para conocer las afecciones que provocará el proyecto Mina Muga en las Altas Cinco Villas

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Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA: “Queremos mostrarle la necesidad de retirar el permiso y paralizar este proyecto, dado su enorme e irreversible impacto ambiental para la zona afectada”

La Secretaria General de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha insistido en su rechazo a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de conceder el permiso para la puesta en marcha del proyecto Mina Muga, que se ubicará en los municipios de Undués de Lerda y Sangüesa (Navarra).

Lasobras recuerda que sigue pendiente una visita a la zona de la ministra Teresa Ribera, a quien ha vuelto a mandar una invitación formal tras la enviada en junio de 2019. “Queremos mostrarle la realidad de este proyecto insostenible para las Altas Cinco Villas, que ni siquiera cuenta todavía con las licencias municipales pertinentes”, advierte.

CHA ha presentado numerosas iniciativas en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, en la última de las cuales reclamaba conocer el motivo por el que el Gobierno de España ha concedido el permiso necesario para la puesta en marcha del proyecto, “teniendo en cuenta las afecciones ambientales irreversibles que producirá y la gran oposición social que existe en la zona afectada”.

Por otro lado, Lasobras considera necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explique “por qué no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas a este proyecto por distintas entidades y colectivos, en las que pedían su paralización”.

Además se demandaba, entre otras cuestiones, realizar una evaluación conjunta del proyecto junto a una evaluación externa del mismo y la elaboración de una evaluación ambiental estratégica del conjunto. “No se debe relegar a tramitaciones mineras aspectos ambientales”, ha señalado la Secretaria General de CHA, quien reclama “aumentar los canales de participación pública, realizar una nueva declaración de impacto ambiental y una resolución negativa del proyecto de restauración”.

Finalmente, Isabel Lasobras cree que el Gobierno debe explicar si, teniendo en cuenta todas estas alegaciones, “tiene previsto rectificar su decisión”, y en caso negativo, dar a conocer las medidas previstas “para controlar el cumplimiento efectivo de los requerimientos ambientales para esta explotación”.