CHA-Zaragoza denuncia el “desprecio intolerable” de Jorge Azcón hacia el Justicia de Aragón al no dar respuesta en tres meses a su resolución sobre el cierre de la línea 900

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Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza: “El Justicia recuerda que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social son de gestión directa por empleados públicos”

El presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha denunciado que el Gobierno Municipal PP-Cs no ha dado ninguna respuesta a la resolución del Justicia de Aragón, que el pasado 9 de febrero dio la razón a CHA y otros colectivos sociales en la queja presentada contra la privatización de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento Zaragoza a través de la línea 900 como forma de acceso a los mismos.

“La falta de respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza es una auténtica falta de respeto a la institución del Justicia de Aragón”, señala Bernal, quien considera que Jorge Azcón, como máximo representante de los zaragozanos y zaragozanas, tiene la obligación de, al menos, contestar a sus sugerencias”. “Este absoluto desprecio es intolerable”, añade.

Bernal explica que el Justicia ha archivado ya el expediente y hará constar la falta de respuesta por parte del Consistorio zaragozano en su Informe Anual a las Cortes de Aragón, en el que incluye para conocimiento de los diputados y las diputadas las resoluciones efectuadas a la Administración y el seguimiento que ésta haya podido hacer de las mismas.

“En su resolución, el Justicia da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Zaragoza y le insta a aprobar de una vez por todas el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, que lleva pendiente desde 2016”, ha señalado Bernal, quien insiste en exigir el cierre de la línea 900, a la que considera “un intento privatizador de dudosa legalidad por parte de PP y Cs”. Además, reclama que el Presupuesto de 2021 dote del personal y de los medios técnicos necesarios a los Centros Municipales de Servicios Sociales “para desarrollar las funciones que tienen encomendadas”.

Finalmente, Chuaquín Bernal recuerda que la resolución del Justicia “destaca que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social son de gestión directa por empleados públicos y gratuito y en el caso de establecer servicios de triaje esta función está reservada a personal propio de la administración del Centro de Servicios Sociales”.