Esencial para nuestro país

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Isabel Lasobras, Secretaria General de Chunta Aragonesista y diputada en las Cortes de Aragón

Este día de Aragón, el 23 de abril, se celebra este año con una conmemoración especial: Los 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Tras el fallido intento de aprobación de un texto legal para garantizar nuestro autogobierno en 1936 y con la breve experiencia del Consejo de Defensa de Aragón, no disponíamos, desde hacía siglos, de un poder propio para decidir desde aquí, con nuestra gente y para nuestro territorio, el mejor futuro posible.

Se comenzó en los setenta con una serie de reivindicaciones en las calles que unían la petición de un Estatuto aragonés, con la libertad y la amnistía. Es justo recordar también ese papel esencial de “Andalán”, con sus cincuenta años también conmemorados en 2022, que sembraron ese aragonesismo en la sociedad con su tenaz legado de surco plagado de letras y tinta.

Sin embargo, quienes mandaban, no escucharon la voz del pueblo e injustamente nos relegaron a la “vía lenta” constitucional. Una responsabilidad, sobre todo, de quienes vieron en nuestro país solo una mera oportunidad personal y no la ilusión de un pueblo por un proyecto democrático compartido.

Después, trataron de limitar, una y otra vez, nuestra capacidad de autogobierno, argumentando que habíamos alcanzado ya el “máximo tope competencial”. Los hechos les demostraron que solo respondían a los intereses partidistas del Gobierno de España de turno.

Y, en ese momento, se unieron en los noventa y comienzos del siglo XX, las luchas contra el expolio de nuestros recursos, el agua y el territorio, a la demanda de un mayor autogobierno. Los leones de Ponzano vieron en 1992 como miles de voces aragonesistas reclamaban dignidad y justicia con nuestro país. Barcelona, Mallorca, Valencia, Bruselas, Zaragoza fueron años después otros lugares donde el No al trasvase iba unido intrínsecamente a la voluntad inequívoca de un pueblo, enarbolando su bandera cuatribarrada, de querer ser.

Todas estas demandas de autogobierno fueron logrando que el Gobierno de Aragón recibiese, poco a poco, competencias esenciales para disponer de un verdadero poder en materias tan esenciales como la Sanidad o Educación. Fueron desarrollando también su labor instituciones propias, creadas al amparo de nuestro Estatuto, como las Cortes, el Justicia y más recientemente la Cámara de Cuentas.

2007 fue el último año de la reforma estatutaria, de la que todavía nos queda el traspaso pendiente de una veintena de competencias, el reconocimiento, por su nombre propio, a nuestras lenguas en el Estatuto, el “blindaje real” contra cualquier intento de trasvase del Ebro a otras cuencas, revertir el recorte de ley aragonesa de actualización de nuestros derechos históricos y cumplir con el necesario acuerdo bilateral Aragón-Estado para disponer, por fin, de un sistema de financiación adecuado.

Estamos soportando, desde 2009, un mecanismo donde se prima a la población en el reparto de los recursos económicos a los distintos territorios. Ahí y ahora, con este sistema, Aragón pierde. Es necesario introducir “un mayor peso” en variables como la superficie, el envejecimiento o la dispersión territorial. La Cámara de Cuentas ya advirtió, en un reciente informe, de la necesidad de hasta 628 millones de euros adicionales al año para poder cubrir el coste efectivo de los servicios públicos prestados en Aragón, como son la sanidad, la educación o las propias políticas sociales fundamentalmente. Si tenemos que destinar más de lo que tenemos a estos pilares esenciales del bienestar, ¿qué nos queda para impulsar nuestras infraestructuras, modernizar el tejido productivo y avanzar hacia un cambio digital, sostenible, donde nadie, de ningún lugar, quede atrás?

Debe ser una reivindicación de todo el aragonesismo para los tiempos más cercanos, dado que una financiación justa sí nos permitiría cumplir con todos los mandatos estatutarios.

El autogobierno, el Estatuto, no es una foto fija, ni final de un camino. Necesita actualizarse, renovarse con los tiempos, adaptarse a los cambios sociales, incrementar su capacidad política para cumplir con su principal mandato: Mejorar el presente y poder tomar las decisiones esenciales para el Aragón del futuro, para todas las personas que aquí queremos vivir.