20 Oct Aragón: ¿vivienda pública o negocio privado?

Sonia Alastruey Alpín, Secretaria de Vivienda y Agenda Urbana de Chunta Aragonesista

El pulso abierto entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Vivienda en torno al futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es mucho más que un mero desencuentro administrativo.

Es un debate de fondo que revela la verdadera orientación de las políticas de vivienda en Aragón: si se conciben como un derecho social al que toda la ciudadanía debe acceder, o como un terreno más de negocio para constructoras y gestores privados.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha decidido desmarcarse de la propuesta ministerial, denunciando lo que considera “imposiciones” del Estado y reclamando una negociación previa. El gesto, envuelto en un discurso de defensa de las competencias autonómicas, se convierte en una amenaza para la llegada de fondos que podrían suponer un salto histórico en la inversión pública en vivienda.

Se ha planteado un plan que triplica las partidas destinadas al parque público y que apuesta decididamente por el alquiler social, la rehabilitación, la accesibilidad y la regeneración urbana. Son medidas imprescindibles en Aragón, donde amplias zonas rurales se enfrentan al riesgo de despoblación y donde los barrios de las grandes ciudades arrastran déficits graves de vivienda asequible y de rehabilitación.

Frente a esa oportunidad, el Gobierno del PP prefiere atrincherarse en una retórica de confrontación que, en el fondo, parece más pensada para contentar a los promotores privados que para dar respuesta a las necesidades de miles de familias.

No es casualidad que el Ejecutivo aragonés insista en exhibir su propio “Plan Aragón Más Vivienda”, con grandes titulares sobre miles de viviendas protegidas y ayudas a la emancipación juvenil. La realidad, sin embargo, es que buena parte de esas promesas descansan sobre la llegada de fondos estatales que ahora mismo están en el aire. Y lo que resulta aún más preocupante: muchas de esas viviendas llamadas “de protección oficial” terminan gestionadas por empresas privadas, lo que convierte un recurso público en un negocio garantizado con dinero de todos. La lógica es clara: el Gobierno de Aragón prefiere levantar ladrillos en manos del mercado antes que consolidar un verdadero parque público estable y duradero.

Esa orientación deja en segundo plano aspectos tan importantes como la rehabilitación de edificios antiguos, la accesibilidad universal o la regeneración de barrios vulnerables. Son políticas menos vistosas, pero imprescindibles para garantizar calidad de vida y cohesión social. Y son precisamente esas las que más dependen de la financiación estatal. Si Aragón se empeña en desmarcarse, el coste lo pagarán los vecinos y vecinas que esperan una ayuda para adaptar su vivienda, quienes confían en un alquiler social asequible, o quienes ven cómo su barrio se degrada sin inversión pública suficiente.

Frente a esta situación, CHA lleva años defendiendo un modelo de vivienda radicalmente distinto, donde el sector público sea protagonista real y no mero comparsa. Apostamos por ampliar de forma decidida el parque público de alquiler, por movilizar suelo público en favor de proyectos colectivos y cooperativos, por facilitar la emancipación juvenil y por orientar la rehabilitación hacia la eficiencia energética y la accesibilidad. Sus propuestas son coherentes con una visión territorial aragonesista: la vivienda como instrumento para fijar población en el medio rural, para recuperar barrios urbanos castigados y para ofrecer estabilidad a quienes hoy viven atrapados en la precariedad.

El Gobierno aragonés tiene que decidir si prefiere la confrontación estéril o la responsabilidad institucional. Lo que Aragón necesita no es un discurso de agravios ni promesas infladas, sino la certeza de que los recursos públicos llegarán allí donde más se necesitan. Y ahí la única vía es un acuerdo que garantice inversión en vivienda de alquiler asequible, rehabilitación y accesibilidad. Porque, al final, la pregunta es sencilla: ¿se gobierna para la ciudadanía o para las constructoras?