Verdes Equo y Chunta Aragonesista (CHA) han presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, para reducir gradualmente a la mitad la producción intensiva de vacas, cerdos y pollos, de aquí a 2030,
Así lo han anunciado en Granada el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y la coportavoz federal de Verdes Equo, Mar González, que con esta medida buscan reducir un 30% las emisiones de metano producidas por la ganadería intensiva, causantes del 10% de los gases de efecto invernadero en España, y favorecer la ganadería extensiva para mejorar la salud, la economía local y el bienestar animal
Para ello, instan al Gobierno a establecer una moratoria para nuevas macroexplotaciones como las dos de ganado porcino que hay Granada y a cerrar aquellas que ya están contaminando zonas vulnerables.
Mar González, , ha manifestado que: “El modelo de las macrogranjas no tiene futuro. Genera beneficios privados a corto plazo, pero deja pérdidas públicas a largo: contaminación, acuíferos envenenados, malos olores, pérdida de salud y de vida en los pueblos. Los beneficios se los quedan unos pocos, las consecuencias las pagamos todas”.
“Lo hemos visto con las macrogranjas del Altiplano de Granada, donde vecinos y vecinas viven rodeados de balsas de purines, olores insoportables y un paisaje cada vez más degradado. Nos quieren hacer creer que hay que elegir entre empleo hoy o futuro mañana, pero es un falso dilema. Hay alternativas reales: la ganadería extensiva, la familiar, la que cuida la tierra, crea empleo digno y mantiene los pueblos vivos. Eso sí es progreso”, ha añadido González.
Para Jorge Pueyo, diputado de Chunta Aragonesista, “la situación en Andalucía es similar a la Aragón: mismo modelo y mismos impactos: macrogranjas que contaminan, fondos de inversión que se lucran y pueblos que pagan las consecuencias. Dos territorios con una misma herida. Nos venden que las macrogranjas fijan población, pero los estudios demuestran lo contrario”.
Pueyo ha denunciado que en Aragón “el PP, por la presión de Vox, ha eliminado los límites a las macrogranjas. Esto disparará la contaminación y los fondos internacionales harán competencia desleal a las granjas familiares. Ni Aragón ni Andalucía pueden ser zonas de sacrificio, por eso pedimos una moratoria inmediata a las nuevas macrogranjas y una apuesta firme por la ganadería sostenible”.

«Llevamos muchos meses dialogando y negociando con el Grupo Socialista para acercar posturas y por fin hemos logrado que el Ministerio entienda que, si hay paradas de autobús que dejan de prestarse por las rutas estatales y deben ser asumidas por las rutas autonómicas, debe hacerse contando con las Comunidades Autónomas y el coste debe asumirlo el Estado», ha afirmado Jorge Pueyo. «Imponer unilateralmente la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús era un error, una injusticia, y una grave contradicción con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este Gobierno de coalición. Si no se corregía, ese recorte de paradas iba a perjudicar precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costaría varias horas, por la necesidad de realizar trasbordos, y sin ninguna duda eso iba a perjudicar la vida de la gente». El diputado de CHA ha recordado que la eliminación de paradas afectaba a 151 municipios aragoneses, de los que 111 se iban a quedar sin cobertura (54 en la provincia de Teruel).
«Por eso desde CHA, con el apoyo de todo el Grupo Plurinacional Sumar y, en especial, del ponente de esta ley, Alberto Ibáñez, hemos trabajado para corregir ese error, buscando una transacción que garantice que la reordenación de rutas se haga con el acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas y con dos objetivos: que ninguna parada en el medio rural desaparezca sin alternativa y que las comunidades reciban la justa financiación si deben asumir las competencias de las nuevas rutas en su mapa autonómico. Estábamos convencidos de que esa era la clave para desatascar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Si no, desde CHA no hubiéramos podido votar la Ley a favor. Y por eso estamos satisfechos con la aprobación de estas transacciones que van en la buena dirección. La reordenación de las paradas será por consenso con las Comunidades Autónomas y el coste lo asumirá el Ministerio, como exigíamos desde CHA. Ahora, cuando la ley entre en vigor, las Comunidades Autónomas tendrán herramientas legales para exigir al Ministerio y poder evitar la eliminación de paradas», ha afirmado Jorge Pueyo.
Finalmente Pueyo ha argumentado poniendo en valor las transacciones acordadas: La ley obliga al Gobierno a que tenga en cuenta «la función de conexión territorial» de los servicios de competencia estatal y a favorecer «el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo» (art. 49.3). Esta frase es un éxito de la movilización popular trasladada al Congreso: protege las paradas que no cuenten con alternativa. Además, «se compensará económicamente por parte del Estado» a las CCAA (art. 49.3). La obligatoriedad del “se compensará” del art. 49 prevalece sobre el “podrá destinar créditos a la financiación de los servicios” que dice la transitoria 2ª, punto 2. Disposición que recoge el informe previo de las CCAA sobre si aceptan o no la segregación de tráficos. Por tanto, ha conseguido que si la Comunidad Autónoma no acepta un tráfico, el Ministerio deberá seguir prestándolo. Se suprime también la obligatoriedad de asunción por las CCAA de las paradas intermedias, que pretendía el texto original del PSOE. Las paradas, por tanto, no desaparecen: las prestará la Comunidad si lo acepta y, si no, las seguirá prestando el Estado. Lo dice el punto 3 de la Transitoria 2ª: Los tráficos no aceptados por la Comunidad Autónoma se incluirán en la licitación de las concesiones estatales.

Transacciones aprobadas
La enmienda transaccional nº 46, que fue aprobada en junio en Ponencia y que afecta a las enmiendas 241 y 244 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 188, 215, 222 y 223 del BNG (Grupo Mixto) y 681 de ERC, además de eliminar el apartado 5 del artículo 49, modifica el apartado 3 con la siguiente redacción:
«Artículo 49. Servicios de transporte público regular de personas por carretera de competencia estatal

3. Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente, pero además se atenderá a la función de conexión territorial y de servicio de transporte público, favoreciendo el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo, sin perjuicio de que, cuando así lo justifique la demanda previsible, se pudieran atender otras paradas. Además, las paradas intermedias deberán facilitar los desplazamientos intermodales y por ello, cuando corresponda, deberán estar debidamente conectados con los puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros nodos de transporte. En el caso de que paradas que actualmente se encuentren dentro de las concesiones estatales se decida que sean prestadas por la Comunidad Autónoma con el objetivo de conseguir un mejor servicio y esto lleve aparejado un coste extra para la Comunidad Autónoma, se compensará económicamente por parte del Estado.
   Asimismo, con carácter simultáneo a la apertura de un período de información pública del anteproyecto de establecimiento del servicio, se recabará informe de las Comunidades Autónomas afectadas por éste.»

Recientemente, se aprobó en Comisión la enmienda transaccional nº 77, que afecta a las enmiendas 242 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 36 (CC-GP Mixto), 197 (BNG, GP Mixto), 611 del PP y 707 de ERC, y que modifica la Disposición Transitoria Segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda. Adaptación al nuevo mapa concesional de competencia estatal.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional, que incluirá la relación de todos los servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 49. El establecimiento de dichos servicios se tramitará con carácter previo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 61 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Si como consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 49 existieran tráficos íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma que se dejaran de prestar en el entorno de servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, se solicitará informe a la comunidad autónoma competente acerca de si acepta la segregación de dichos tráficos como servicio independiente de competencia autonómica, y en su caso, de los posibles nodos de intercambio de su red concesional con el mapa concesional estatal con objeto de optimizar el servicio al viajero.
En caso de que la comunidad autónoma acepte la segregación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, previa solicitud de la comunidad autónoma competente, podrá destinar créditos a la financiación de los servicios indicados en el párrafo anterior de acuerdo a lo recogido en el artículo 49 de esta ley. La formalización de los compromisos financieros se establecerá mediante convenio con las comunidades autónomas afectadas. El convenio incorporará el cálculo de la financiación, de acuerdo a los siguientes criterios objetivos:
a) Establecimiento de un coste medio por viajero-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
b) Establecimiento de un coste medio por vehículo-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
c) Media ponderada de ambas estimaciones aplicando un factor de ponderación que tenga en cuenta la densidad y distribución de población en las comunidades autónomas afectadas.

La gestión de los fondos por parte de las comunidades autónomas quedará sometida a las siguientes condiciones:

a) Los importes percibidos de acuerdo a lo establecido en esta disposición deberán destinarse exclusivamente a financiar servicios de transporte público de viajeros que anteriormente estaban cubiertos por servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal.
b) Los nuevos servicios podrán comprender cualquiera de los regulados en el artículo 42 de esta Ley.

La gestión, justificación y el resto de las actuaciones relacionadas con los gastos derivados de la ejecución de los compromisos originados para ambas administraciones en los citados convenios se ajustarán a lo establecido en la legislación presupuestaria.
2 En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar adjudicados licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales incluidas en aquél, incluyendo en su caso los tráficos que no hayan sido aceptados por la comunidad autónoma según lo recogido en el apartado 2.
En este mismo plazo de dos años, las Comunidades Autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales. Estos tráficos no serán atendidos, con carácter general, en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal.
En todo caso, la administración está obligada a iniciar los procedimientos de licitación de los contratos de concesión de servicios del nuevo mapa concesional en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de su aprobación. Este plazo podrá prorrogarse una sola vez por un período de 6 meses más, si concurren circunstancias excepcionales.
Los nuevos contratos de concesión de servicios podrán incluir tráficos que se encuentren afectados por contratos en vigor en el momento de la licitación, en cuyo caso el pliego de cláusulas administrativas particulares incluirá las prescripciones necesarias para la incorporación de tales tráficos al nuevo servicio adjudicado desde la fecha de finalización del contrato preexistente.
En las concesiones de servicios de transporte regular de personas de uso general otorgadas o prorrogadas tras de la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transporte Terrestre, en las que se ha superado el plazo de duración del contrato sin que la administración haya adjudicado un nuevo contrato de concesión de servicios, se aplicarán las siguientes reglas:
El concesionario podrá continuar explotando el servicio por un período máximo de 18 meses a contar desde la aprobación del mapa concesional o desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, si éste fuera anterior a la aprobación del mapa concesional.
Transcurrido el plazo máximo de 18 meses anterior, en caso de que no se hubiera adjudicado el nuevo contrato, se extinguirá la concesión prorrogada, sin perjuicio de la posibilidad de la administración de adjudicar provisionalmente el servicio a un operador distinto, de conformidad con los sistemas de adjudicación directa previstos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la normativa europea, durante el período imprescindible para la licitación y adjudicación del nuevo contrato y, en ningún caso, por tiempo superior a nueve meses.
Los expedientes correspondientes a los nuevos contratos de concesión de servicios podrán serán ser objeto de tramitación urgente, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»

El diputado de Chunta Aragonesista y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha visitado hoy el municipio de Artieda, de la mano de su Alcalde, Luis Solana, y junto al Secretario de Organización de CHA, José Ramón Ceresuela, y del Vicesecretario Territorial, César Ceresuela.

Entre otros proyectos que ha conocido, destacan la comunidad energética ya en marcha y el parque de viviendas para alquiler asequible.

Pueyo se ha mostrado encantado de visitar “un municipio ejemplar que destaca por su compromiso social y por su apuesta por el desarrollo sostenible y el asentamiento poblacional, que ha rejuvenecido su censo de forma importante en los últimos años”.

El diputado de CHA ha destacado “la importancia de apostar por la creación de comunidades energéticas, que en el caso de Artieda forman el ayuntamiento y 35 socios, que aprovecha la energía producida por las placas fotovoltaicas de la cubierta sur del polideportivo, y que desde el comienzo de su puesta en funcionamiento, en el pasado mes de mayo, está permitiendo unos ahorros en la factura de entorno a un 30 %”. Pero la comunidad energética va mucho más allá, ya que está impulsando un estudio para la optimización de las calefacciones con el objeto de incrementar el ahorro energético.

“Pero desde que en Artieda se colocaron las placas fotovoltaicas hasta que Endesa ha permitido la conexión a la red eléctrica, han transcurrido tres largos años, en un proceso similar para quienes apuestan por este modelo energético de cercanía, y al que el oligopolio energético solo hace que poner trabas y dificultades, solo superadas por el empecinamiento y compromiso de quienes nos demuestran que otro modelo más sostenible y mejor es posible, y es que el autoconsumo y la generación distribuida es bueno para las familias, para las pymes y para los ayuntamientos, contribuyendo todo ello al desarrollo local”, ha afirmado Pueyo.

“Con las comunidades energéticas se evita la dependencia de las compañías eléctricas convencionales con importantes beneficios medioambientales, al disminuir la energía consumida y aumentar la energía renovable distribuida, todo ello frente al modelo centralizado, opaco y dominado por el oligopolio energético, donde más del 80 % del mercado eléctrico está controlado por solo cinco grandes empresas que priorizan la rentabilidad por encima del derecho a una energía limpia, justa y accesible”, ha denunciado Pueyo.

También el diputado de CHA ha visitado las dos viviendas públicas que se está rehabilitando para destinarlas a alquiler asequible, tras la compra de una casa junto al ayuntamiento, que de paso mejorará la accesibilidad a las instalaciones municipales y dotará en los bajos al pueblo de un espacio para la comunidad. Esta dos nuevas viviendas se suman a las cinco ya existentes que han permitido el asentamiento temporal de gente joven, porque se establece un incremento progresivo del alquiler, para incentivar, que con los años, haya una apuesta por adquirir una vivienda en propiedad, dejando las viviendas en alquiler para nuevos inquilinos. Artieda lo está consiguiendo.

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación acreditados en el Congreso, tras «mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todos los afectados por las lluvias torrenciales de este fin de semana», para «confirmar con orgullo que el Gobierno central cumple con CHA y con Aragón y que por fin se ha completado el tramo de Siétamo de la autovía A-22 Huesca-Lleida. Una obra que figura en los Presupuestos del Estado desde 2005, que han pasado 7 años desde la adjudicación de este último tramo y lleva más de 4 años de retraso desde el último retraso. Y todo para un tramo de 12,8 km, que une Siétamo con la ciudad de Huesca, donde se conecta con la A-23». 

«Durante décadas, la imagen de una autovía que acababa en unos campos sembrados ha trasladado a la sociedad altoaragonesa un mensaje de abandono y olvido, al que había que poner fin cuanto antes. Por eso desde CHA hemos insistido tanto. Porque es una obra vital para la ciudad de Huesca y para todo el Alto Aragón oriental, que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad de los numerosos vehículos que circulan entre la A-22 y la A-23, así como corregir el hándicap que supone para el desarrollo socioeconómico de este territorio el actual cuello de botella en el acceso a Huesca», ha declarado Pueyo. 

«Como saben, el año pasado insistíamos en la importancia de esta obra y el retraso indebido. Ante nuestras iniciativas el Ministerio nos contestó que los muchos años de retraso se debían a “las lluvias otoñales” riéndose de los aragoneses. Por ello, el pasado 15 de abril realicé una Rueda de Prensa in situ en el que avisamos al ministro Puente de que o completaba la obra en 6 meses o perdía el apoyo de CHA. Ya era hora. Sin embargo, desde CHA creemos que no es momento para felicitarse, sino para recordar todas las autovías que siguen pendientes», ha recordado el diputado. 

Y a continuación ha repasado las exigencias que defenderá en la negociación presupuestaria: 

– Acelerar la ejecución de los tramos pendientes de la autovía A-21 Tiermas-Sigüés, Fago-Puente la Reina de Jaca y Jaca Oeste-Jaca Norte, sin más demora, para hacer posible su puesta en servicio cuanto antes. 

– Acelerar la ejecución de los tramos pendientes de la autovía A-23 entre Lanave-Sabiñánigo Sur, Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste y Jaca Este-Jaca Norte, sin más demora, para hacer posible su puesta en servicio cuanto antes.

– Acelerar la ejecución del último tramo pendiente de la N-260: Balupor-Fiscal. Y, en ese mismo tramo, la construcción del puente de Jánovas, mediante transferencia a la administración local.

– Acelerar la ejecución del tramo pendiente de la autovía A-68 entre El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro y de la variante de Mallén, sin más demora, para hacer posible su puesta en servicio cuanto antes.

– Y continuar con las inversiones precisas para avanzar sin más retrasos en los demás tramos aragoneses de la A-68: Fuentes de Ebro-Quinto, Quinto-Azaila, Azaila-Híjar, Híjar-El Regallo, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa. 

– Y lanzar el Proyecto de conversión del tramo de la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Monreal del Campo (Teruel) en autovía A-25.

– Y la Duplicación de la N-211 Caminreal-Montalbán-Alcañiz-Caspe-Fraga para conectar la A-23 con la futura A-68 y creación de vía rápida en la N-420 Teruel-Montalbán para completar la vertebración de las comarcas orientales de la provincia de Teruel.

– Y esto sin hablar de las variantes pendientes como la Borja-Maleján.

«Por supuesto, en la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, defenderemos que estas obras estén bien recogidas y que podamos acortar plazos para que algunas pueden ser realidad antes de que acabe esta legislatura», ha afirmado Jorge Pueyo. «Estamos pidiendo justicia territorial, estamos pidiendo que se acaben autovías de hace veinte años, de las que pedía Labordeta, estamos reclamando que se tenga en cuenta un territorio que no quede olvidado, no queremos ser más que nadie, queremos ser como los demás».

A continuación, se ha referido al trasvase del Ebro defendido por Feijóo en Murcia entre aplausos de Azcón: «El trasvase del Ebro siempre ha sido el proyecto del PP. Lo fue de Aznar, lo fue de Rajoy, lo fue de Casado y hoy es el proyecto de Feijóo, con el aplauso y la complicidad de Azcón», ha recordado Pueyo mostrando titulares de prensa de los sucesivos líderes del PP defendiendo el trasvase del Ebro. «El año pasado el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso pidiendo el trasvase y lo más grave es que esa proposición la firmaban tres diputados aragoneses del PP. Por eso, no nos sorprende que Feijóo dijera este fin de semana en Murcia que “hay que traer agua de donde sobra” y que los barones del PP le aplaudieran a rabiar, Azcón incluido. No engañan a nadie, igual que Vox: quieren el trasvase del Ebro sin importarles la ruina económica y ecológica de Aragón. Los lamebotas de Madrid solo quieren montañas, agua y electricidad. Aragón no se merece un presidente capaz de regalar el Ebro a cambio de un plato de lentejas y de ser ministro en Madrid. Merece un presidente que defienda lo que es nuestro y que no nos traiga la ruina a todos los aragoneses por un puñado de votos en Murcia».

Finalmente, Pueyo ha rechazado el presunto acuerdo de paz para Gaza propuesto por el presidente de EEUU: «Si quieres negociar mientras me apuntas con un arma, no hay consentimiento que valga. Y si en vez de un arma es un genocidio contra un Pueblo, no hay acuerdo que no pase por juzgar a Netanyahu. Un Estado con crímenes de guerra nombrando a otro criminal de guerra líder de Palestina. Ni a Trump ni a Netanyahu les compete decidir el futuro de Palestina, solo le compete al Pueblo Palestino».

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación acreditados en el Congreso para «celebrar el indulto de Javitxu y de Adrián de los Seis de Zaragoza. Sí que es cierto que todavía faltan dos por recibir ese indulto y seguiremos luchando para que así pueda ser».

«Quiero decir que ha sido un éxito absoluto de la gran movilización social, un gran éxito de la Plataforma. Y desde CHA simplemente somos una herramienta para trasladar todas esas medidas para mejorar la vida de la gente. En este caso desde el inicio de la legislatura trasladamos al PSOE que esta era una de nuestras prioridades. El 2 de julio en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno de coalición trasladamos un decálogo de medidas y una de ellas era el indulto a los 6 de Zaragoza», ha declarado Pueyo. 

«Ha sido un gran éxito de la movilización ciudadana. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Ha sido un éxito de todas las personas que levantaron su voz para pedir la libertad o la absolución de los 6 de Zaragoza. Es una pequeña gran victoria, pero hasta que no se derogue la Ley Mordaza no acabaremos con estas injusticias», ha concluido.

Finalmente, a pregunta de un periodista ha afirmado: «Desconocemos por qué han indultado solo a dos de los cuatro que había en prisión. Estamos trabajando con el Ministerio para ver cuáles han sido los motivos para que no se haya aplicado el indulto a todos». 

El diputado de CHA también ha cuestionado las medidas de vivienda anunciadas por Sánchez: «Las ayudas al alquiler o a la compra por sí solas no funcionan; solo sirven para inflar aún más la burbuja y llenar el bolsillo de los rentistas y los grandes fondos».

Pueyo advierte de la relación entre incendios y despoblación y pregunta al Gobierno por las medidas a tomar en prevención de incendios, gestión forestal y gestión del territorio en las áreas afectadas por el reto demográfico: «Incendios y despoblación son las dos caras de una misma moneda. La despoblación es la llama que quema nuestros montes. Los incendios del verano se apagan en invierno».

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación acreditados en el Congreso para expresar su preocupación por que «esta legislatura el Reto Demográfico pueda volver a ser el gran olvidado y más con las graves consecuencias que todo el Estado ve de su abandono», aludiendo a la ola de incendios de agosto: «Incendios y despoblación son las dos caras de una misma moneda. La despoblación es la llama que quema nuestros montes. Los incendios del verano se apagan en invierno, por eso hacen falta: Bomberos forestales con estabilidad laboral todo el año y condiciones dignas, y eso pasa por el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal como reivindican los trabajadores de SARGA que llaman a la manifestación del próximo 18 de octubre; una gestión forestal activa y sostenible; recuperar la ganadería extensiva y el pastoreo como cortafuegos natural; una economía circular basada en la biomasa y el aprovechamiento forestal; y también vivienda en el mundo rural, porque los habitantes del mundo rural somos sus mejores guardianes».

Por ello, Pueyo ha presentado una pregunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica «para conocer qué relación entiende que existe entre la ola de incendios de este verano y la despoblación, y qué medidas va a tomar de prevención de incendios, de gestión forestal y silvicultura y de gestión del territorio en las áreas afectadas por el reto demográfico. Porque, detrás de la respuesta urgente a la emergencia climática y, en concreto, a la política de prevención de incendios, tiene que estar la política transversal de reto demográfico. Ignorarlo sería un error mayúsculo», ha dicho.

«Como portavoz de Reto Demográfico del Grupo Plurinacional Sumar, no dejamos de presentar proposiciones para marcar la línea política, que son muy transversales: economía, empleo, medioambiente, sanidad, vivienda… Porque, sin solucionar el problema de la vivienda, las comunicaciones y el acceso a servicios en el medio rural, cualquier otra iniciativa está destinada al fracaso», ha declarado el diputado.

A continuación, ha reaccionado a las medidas de vivienda anunciadas por Pedro Sánchez: «Nos preocupa la realidad paralela en la que vive el PSOE, sin escuchar a la calle ni a sus socios de investidura. Las medidas sobre vivienda anunciadas por Pedro Sánchez son parches que solo benefician a los grandes propietarios y sus empresas. Las ayudas al alquiler o a la compra por sí solas no funcionan; solo sirven para inflar aún más la burbuja y llenar el bolsillo de los rentistas y los grandes fondos. La única solución real para la gente es regular el mercado y frenar la especulación con la vivienda». 

Pueyo ha compartido una reflexión: «El problema de todo es creer en la vivienda como elemento de especulación. Cuando alguien compra un coche, nadie espera que dentro de 15 años valga más que cuando lo compró. Gran parte de España no tuvo históricamente una revolución industrial, no existía una masa crítica suficiente que fuese de una supuesta clase media. El gran éxito de la transición fue crear esa apariencia en la que mucha gente se creía inversor y acabó enfrentado a sus iguales en vez de a los de arriba. Sin embargo, esa España ya casi no existe, los jóvenes y no tan jóvenes están empobrecidos y la mayor parte de la compra y la especulación de vivienda es por grandes fondos. Así que el PSOE haría bien en dejar de apoyar a ese lobby con dinero público o luego que no se sorprenda si gobiernan los de las soluciones fáciles. Y como con las eléctricas: el PSOE debe elegir o con los oligarcas o con la gente. Porque la única solución real para la gente es gravar la compra especulativa de vivienda».

Luego se ha referido al medio rural: «Nos alegra que el Gobierno tenga en cuenta el medio rural en sus nuevas medidas de vivienda, pero hay que actuar sobre los precios de la vivienda y tener una visión más amplia. En este sentido, desde CHA hemos propuesto un Programa Integral de Vivienda Rural y Reto Demográfico, con los siguientes objetivos: creación de nuevas viviendas en el mundo rural orientadas exclusivamente a uso residencial permanente, no turístico; ayudas al alquiler y a la rehabilitación; fomento de la autopromoción y el cooperativismo; y creación de oficinas territoriales o comarcales de gestión que acerquen los recursos y la asistencia técnica aprovechando los centros de desarrollo rural vinculados a fondos FEDER, FEADER o LEADER».

Jorge Pueyo ha concluido: «Nuestro compromiso es seguir trabajando por la dignidad del medio rural, por la igualdad de oportunidades para quien vive en el medio rural. No podemos abandonarlos a su suerte, ante los incendios, ante la crisis demográfica, ante la vivienda, ante crisis en materia de transporte. Debemos apostar por hacer una política de Reto Demográfico transversal, que en todos los ministerios esté esa transversalidad y que se tenga en cuenta el reto demográfico. No puede estar apartada en una secretaría de un ministerio y escondida en un cajón. Por eso, seguiremos trabajando, presentando iniciativas, intentando marcar la hoja de ruta del Gobierno del PSOE. Pero tiene que ser el PSOE el que se mueva de una vez por todas».

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación acreditados en el Congreso para hacer una valoración en el inicio del periodo de sesiones de sus propias expectativas. Ha comenzado mostrando «el apoyo de CHA al ejemplo de solidaridad que es la Flotilla frente al ataque sufrido esta pasada noche. Nada silenciará las voces por la paz. Nada impedirá que nuestra flotilla rompa el bloqueo ilegal de los genocidas en Gaza. Por ello, celebramos las medidas tomadas por el Gobierno del Estado frente al genocidio sionista al Pueblo Palestino, aunque son insuficientes, llegan tarde y sabemos que, si se han tomado, no es tanto la presión constante de nuestro grupo, sino sobre todo por la presión y la solidaridad de todos aquellos que se han manifestado en universidades, en la calle y durante la Vuelta ciclista. Aun así, siguen siendo necesarias más medidas y debemos cortar ya todas las relaciones diplomáticas con el estado genocida de Israel para presionar en aras de garantizar la paz».

En el arranque del curso político, Pueyo ha recordado que estos meses se mantiene «la obligación de dar cumplimiento a las expectativas que se generaron en la reunión del 2 de julio de seguimiento del Gobierno de coalición. Pedimos entonces un reseteo de la legislatura. Exigimos al PSOE la puesta en marcha inmediata de las medidas acordadas contra la corrupción. Y tras el tirón de orejas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, nuestra exigencia es mayor que nunca. No pueden quedarse los compromisos en un cajón durante meses. Aprovechemos este semestre, sin más excusas».

El portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar ha declarado: «También exigimos un impulso a la agenda social: se desbloqueó el real decreto ley de permisos laborales, muy importante, pero queremos más, necesitamos más. En especial, medidas para defender el derecho al acceso a la vivienda… Es fundamental. Si esta legislatura no es capaz de solucionar el tema de la vivienda, pese a las trabas de los gobiernos autonómicos, será un fracaso, aunque sean los autonómicos quienes más competencias tienen. Solo con una ambiciosa agenda social podremos derrotar a la ultraderecha. Necesitamos que la legislatura le valga la pena a la gente».

«Y finalmente, como diputado de CHA, exigimos también la agenda territorial. En Aragón estamos decepcionados porque estos dos años no han servido para responder a la agenda aragonesa y ya nos hemos cansado. Para lo que sí que nos han servido es para poner sobre la mesa iniciativas sobre los servicios ferroviarios en Aragón, sobre la necesidad de extender el Cercanías de Zaragoza a Huesca y otros municipios, de no olvidar las autovías inacabadas, de acabar con el despliegue desordenado de renovables sin contar con el territorio, o sobre la necesidad de Aragón de contar con una financiación singular (que es un derecho recogido en nuestro Estatuto)… Incluso hemos conseguido que se aprobaran algunas iniciativas, con el voto favorable del propio PSOE, y sin embargo, estamos asistiendo a su flagrante incumplimiento. No vamos a asistir impasibles mientras no se cumplen los acuerdos parlamentarios. Este semestre será decisivo para que el balance de la legislatura para Aragón sea positivo o negativo. Depende del PSOE. Y desde Chunta Aragonesita no vamos a esperar más y haremos lo que sea necesario para que se cumplan», ha proseguido.

Puyo ha concluido: «Empezamos el curso político pues cargados de razones para ser exigentes, decepcionados con el devenir de la legislatura y no demasiado esperanzados ante la expectativa de que pueda haber Presupuestos Generales del Estado para 2026. Seguimos comprometidos con la defensa de la agenda social, pero también con la agenda aragonesa que nos trajo aquí. Estaremos alerta ante la actitud de los ministerios del PSOE. En este sentido, trasladamos al PSOE la responsabilidad de cómo transcurra este semestre en el Congreso».

Sobre la condonación de la deuda autonómica

Posteriormente, en el turno de preguntas, ha respondido sobre la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica por una ley estatal: «Como diputado de CHA en el Grupo Plurinacional Sumar, ya anuncié que voy a enmendar el proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, cuando se tramite, para garantizar que las CCAA que cuentan con mecanismos bilaterales en sus Estatutos de Autonomía puedan emplearlos para demandar compensaciones, como es el caso de Aragón».

«El problema de este Proyecto de Ley, más allá de que sea calculado para Catalunya y después para los demás en cascada con una hipercorrección para Andalucía que es claramente electoralista para la ministra Montero, es que se reparte la condonación de la deuda autonómica basándose en la actual población ajustada, que está obsoleta y que está pendiente de recalcular en el futuro sistema de financiación, lo que perjudica claramente a Aragón, pues se ignoran criterios como la despoblación, dispersión y la orografía entre otros. Además, los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón han concluido que el sobreendeudamiento se debe a la infradotación derivada del vigente sistema de financiación, por el que las CCAA no han recibido financiación suficiente para prestar los servicios públicos del estado del bienestar. La Cámara de Cuentas de Aragón ha cifrado esa infrafinanciación en 560 millones en 2022, por ejemplo. Por eso, con el respaldo del Grupo Plurinacional Sumar, proponemos que las CCAA con mecanismos bilaterales como Aragón se sienten con el Estado para conseguir los cientos de millones que les corresponden», ha explicado Jorge Pueyo.

«En nuestro caso, ambos gobiernos, el central y el autonómico, pueden y deben acordar en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón (art. 109 del Estatuto de Aragón) una fórmula de asunción por parte del Estado de la deuda autonómica, generada por la insuficiencia del vigente modelo de financiación, en la que se tengan en cuenta parámetros como el esfuerzo fiscal y la estructura territorial y poblacional, especialmente, la despoblación, la orografía, el envejecimiento y sobreenvejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales. La compensación a la infrafinanciación, que ha sido cuantificada por la Cámara de Cuentas de Aragón, de entre 500 y 700 millones de euros, podría formalizarse a través del Acuerdo bilateral económico-financiero (art. 108). Por ello, hemos solicitado a la ministra María Jesús Montero una reunión para trasladar las reivindicaciones de Aragón, así como nuestras dudas ante este proyecto de condonación de deuda», ha afirmado finalmente.

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo, ha presentado una Proposición no de ley relativa al impulso y promoción de programas pedagógicos para acercar las artes escénicas a la infancia y la juventud, para su debate en la Comisión de Cultura. El contenido de la iniciativa es el siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en colaboración con las administraciones locales y territoriales interesadas, Programas Pedagógicos para acercar las artes escénicas a la infancia y a la juventud, con especial atención al medio rural y a colectivos vulnerables».

Pueyo, como portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar, ha declarado: «La experiencia que nos trasladan compañías de artes escénicas que llevan décadas en los escenarios, como Caleidoscopio Teatro, es que ven con preocupación cómo un gran número de niñas y niños no puede acceder al disfrute de las Artes Escénicas, lo que supone una seria merma para su educación y para el acceso a la Cultura como un derecho ciudadano. Bien sea por motivos económicos, culturales, religiosos, sociales o de situación familiar, colectivos vulnerables de la infancia y adolescencia no asisten a funciones, incluso las realizadas en abierto. Por ello, esta compañía aragonesa, con cuarenta años de vida, está solicitando a las distintas administraciones públicas medidas para la promoción y desarrollo de Programas Pedagógicos dirigidos a la Infancia y la Juventud, como la forma más directa de acceso universal a la Cultura en general y a las Artes Escénicas en particular. En definitiva, que la Escuela vaya al Teatro, para que el alumnado pueda disfrutar de espectáculos de calidad y formato diverso, los mismos que se presentan en público».

Tal como se explica en la exposición de motivos de la proposición no de ley, estos programas pueden sustentarse en medidas diversas y complementarias, según el ámbito de cada administración: ayudas específicas para el desarrollo de Programas Pedagógicos para la Infancia y la Juventud, ayudas al transporte para que los y las escolares del medio rural puedan acudir a funciones de teatro en las ciudades, inclusión de los Programas pedagógicos en circuitos escénicos existentes o de nueva creación de ámbito provincial o autonómico para facilitar el acceso del mundo rural a las Artes Escénicas en igualdad de condiciones, etc.

«Hay que sembrar el futuro y el acceso a la Cultura no tiene que ser un lujo, sino un derecho ciudadano. La experiencia de Caleidoscopio, en repetidas ocasiones, es ver disfrutar al alumnado primero mientras se prepara para la función con un cuidado material didáctico, después mientras asiste a la representación con igualdad de oportunidades, y finalmente cuando envían a la compañía dibujos y comentarios de agradecimiento», ha comentado Pueyo, el diputado de CHA. «Inevitablemente hablar hoy de Programas Pedagógicos evoca al Teatro ambulante o Teatro del Pueblo de las Misiones Pedagógicas promovidas durante la II República española por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirigido por Alejandro Casona, aquella compañía formada por jóvenes actores aficionados recorrió centenares de pueblos para representar al aire libre clásicos de la dramaturgia española e interpretar en los intermedios romances tradicionales y otras formas musicales populares. Esta referencia histórica del fomento de la cultura popular y, en concreto, de acercamiento de las artes escenas a las escuelas y al medio rural puede ser, salvando las distancias históricas y sociales que marca el tiempo, una fuente de inspiración para pensar e implementar nuevos programas pedagógicos para la infancia y la juventud del siglo XXI».

El diputado de CHA y portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y el diputado de Sumar por Asturias Rafael Cofiño han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que «incorpore al aragonés y al asturiano a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación». Para ello, proponen «modificar el artículo 1 del Real Decreto 1041/2017 para incluir expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano».

Jorge Pueyo ha declarado: «Desde CHA estamos empujando al Gobierno a comprometerse con el respeto y la protección a las lenguas reconocidas en sus Estatutos, aunque no sean cooficiales, como es el caso del aragonés y del catalán de Aragón, como ya se está viendo en el Ministerio de Cultura. Pero esa misma voluntad debe extenderse a otros ministerios: igual que exigimos al de Ciencia que apoye a la Academia Aragonesa de la Lengua, que es la única academia lingüística que carece de financiación estatal, reclamamos al de Educación que incluya la oferta de enseñanza del aragonés y del asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Son discriminaciones que hay que eliminar. Espero que la ministra Pilar Alegría, como aragonesa que es, cumpla con nuestra lengua y nuestra cultura y acabe con esta discriminación».

El texto de la proposición no de ley del Grupo Plurinacional Sumar para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes es el siguiente:

«El Congreso insta al Gobierno a:
1) Atendiendo a la normativa básica del Estado, incorporar al aragonés y al asturiano, como dos de las lenguas a que se refiere el párrafo segundo del Instrumento de ratificación por España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de 2 de febrero de 2001, y el artículo 60 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación.
2) Modificar el artículo 1 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre incluyendo expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano.»

Los diputados Jorge Pueyo (CHA) y Tesh Sidi (Más Madrid), portavoces respectivamente de Cultura y de Transformación Digital del Grupo Plurinacional Sumar, han registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que promueva «medidas legislativas y administrativas, ante la irrupción de la inteligencia artificial generativa, para garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en general y de los profesionales del sector artístico y cultural en particular, así como con los principios éticos y el respeto a la libertad de expresión y de creación y del trabajo digno de los profesionales de la cultura, salvaguardando la protección, el cumplimiento y el respeto de los derechos de autor y de propiedad intelectual».

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo, ha declarado: «La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que va a revolucionar todos los campos de la actividad humana. Sin embargo, aunque tendrá, sin duda, beneficios en determinadas áreas, también supone peligros para las personas, sus derechos y sus modos de vida tal y como los conocemos hoy. El propio Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial reconoce riesgos para los derechos fundamentales y nombra expresamente, entre otros, el derecho a la dignidad humana, la libertad de expresión y de información, los derechos de los trabajadores y los derechos de propiedad intelectual, todos ellos derechos que atañen directamente a los y las profesionales, trabajadores y trabajadoras del sector artístico y cultural que se encuentran profundamente preocupados. Por eso, hemos presentado esta iniciativa en el Congreso».

Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar se ha recogido así la iniciativa lanzada por la Coalición IA Respeta Cultura, formada por la Alianza Audiovisual, ACE Traductores, Asociación de Directores de Escena de España, Federación de Asociaciones de Ilustradores/as de España, Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza y la Unión de Correctores, y al que se han adherido más de setenta entidades representativas de los y las profesionales de la cultura. En el Manifiesto «Por el respeto de los derechos fundamentales de los y las profesionales de la Cultura ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa» promovido por esta coalición en entidades se pide a los responsables políticos que promuevan las medidas legislativas y administrativas necesarias para minimizar los riesgos que supone el desarrollo de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y para proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en general y de los y las profesionales del sector artístico y cultural en particular.

En concreto, la proposición del Grupo Plurinacional Sumar propone que la normativa incluya los siguientes preceptos:

a) autorización previa, exigiendo el cumplimiento de la legislación española y europea que lo reconoce;
b) remuneración por el uso legal de obras;
c) retirada del mercado de los modelos, sistemas y aplicaciones de inteligencia artificial entrenados mediante el uso ilegal de obras, así como de los productos derivados de ellos, e indemnización por el uso ilegal de obras artísticas y literarias realizado desde la aparición de los modelos de inteligencia artificial;
d) impulso a la modificación del Reglamento (UE) 2024/1689 para la eliminación de la referencia expresa a la excepción de minería de textos y datos recogida en la Directiva (UE) 2019/790, que no es aplicable en el entrenamiento de la inteligencia artificial;
e) no reconocimiento de los productos generados por la inteligencia artificial como obras de creación intelectual, por lo que no pueden estar protegidos por la normativa de derechos de autor y de propiedad intelectual;
f) identificación mediante un etiquetado claro de los productos generados por la inteligencia artificial como tales, por lo que no podrán presentarse a concursos ni premios artísticos de carácter público ni ser utilizados para competir en licitaciones públicas con profesionales de la cultura;
g) exigencia a las empresas de inteligencia artificial de transparencia, trazabilidad e información accesible y reconocimiento del derecho de los autores, artistas y titulares de derechos de autor a conocer si sus obras han sido utilizadas en el entrenamiento o en cualquiera de las fases de desarrollo, puesta en marcha y explotación de los modelos de inteligencia artificial;
h) exigencia de transparencia e inteligibilidad de los términos contractuales en servicios digitales, evitando cláusulas de cesión de derechos para fines de inteligencia artificial que no sean informadas de forma clara, específica y separada, incluidas aquellas cláusulas que impliquen el consentimiento tácito;
i) ampliación de las competencias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual u organismo que le suceda en las mismas y designación como autoridad de vigilancia del mercado para el ejercicio de la potestad sancionadora en el caso de infracciones de la normativa de propiedad intelectual por los proveedores de sistemas y modelos de inteligencia artificial tanto en la fase de entrenamiento y ajuste como en la de explotación comercial.

En la exposición de motivos de esta proposición se explica que «todos los sistemas de inteligencia artificial, en la primera fase de su creación, ya sean de inteligencia artificial “tradicional” como los de inteligencia artificial generativa, se entrenan con inmensas cantidades de datos de distintos orígenes que necesitan ser recopilados, reproducidos y almacenados para poder ser procesados. Muchos de esos datos son textos, imágenes, música y otro tipo de obras intelectuales cuyos derechos de autor y de propiedad intelectual pertenecen a sus autores, artistas o sus legítimos titulares y que para poder ser utilizados es necesario que exista consentimiento previo. Sin embargo, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, por no decir el 100 %, han sido entrenados sin haber solicitado la autorización ni las cesiones de derechos necesarias para ello ni haber remunerado a los y las titulares de los derechos de esas obras, ya que muchas veces han obtenido todas ellas simplemente porque se encontraban accesibles en Internet lo que, en modo alguno, les amparaba para hacer uso de ellas». Además, en el caso de los modelos de inteligencia generativa, las infracciones de los derechos de propiedad intelectual se suceden en una segunda fase una vez estos modelos salen al mercado y se explotan comercialmente, mediante productos (que no obras), idénticos en muchas ocasiones, que compiten deslealmente con los autores, artistas y otros titulares de las obras originales, desincentivando la creación artística y poniendo en riesgo su profesión y sus fuentes de ingresos.