17 Dic CHA exige al Gobierno de Aragón soluciones urgentes ante el corte del puente de la A-1507 que perjudica a decenas de municipios del Jiloca
Javier Carbó, Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses: “No es aceptable que esta infraestructura, esencial para la cohesión territorial y para la vida económica de nuestras comarcas, siga en una situación de incertidumbre tras meses de advertencias y solicitudes sin respuesta clara por parte del Gobierno de Aragón”.
CHA reclama al Gobierno de Aragón para que actúe ante la situación generada por el corte del puente de la carretera autonómica A-1507, en el término municipal de Calamocha, que está dejando aislados a varios pueblos de la margen izquierda del río Jiloca y afectando gravemente a la movilidad, la economía local y los sectores productivos del medio rural.
La interrupción del tráfico en este paso, conocido como Puente Ratero, ha obligado a realizar itinerarios alternativos de hasta 30-40 km, con un impacto especialmente duro para el sector agrícola, ganadero, servicios de emergencia y actividades turísticas de la zona.
De hecho, representantes de los ayuntamientos de Calamocha, Tornos, Bello, Odón, Torralba de los Sisones, Castejón de Tornos y Berrueco se han concentrado recientemente para reclamar actuaciones “urgentes y efectivas” al Ejecutivo autonómico, ante la falta de información sobre proyectos y plazos concretos.
Carbó ha recordado que esta situación no solo afecta a la vida cotidiana de quienes viven en estas localidades y a la operativa de las explotaciones agropecuarias, sino que también refuerza la sensación de abandono del medio rural por parte de las administraciones públicas aragonesas: “Es imprescindible que el Gobierno de Aragón actúe con rapidez, transparencia y con un plan claro de ejecución que evite prolongar un año más el aislamiento de estas localidades”, ha añadido.
CHA reclama además que se establezcan medidas complementarias para minimizar los impactos mientras se desarrolla la obra principal, y que se informe de forma continuada y pública sobre los plazos, costes y fases de ejecución de la intervención.