25 Jun CHA pide la retirada del decreto de modificación de la atención primaria

Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Sanidad, explica: “Las decisiones del Gobierno de Azcón suponen una menor atención médica por la tarde, más centros públicos cerrados, mayor tiempo de espera y una saturación del sistema sanitario aragonés”.

Isabel Lasobras, secretaria general de Chunta Aragonesista y portavoz en la Comisión de Sanidad, ha anunciado que el consejero José Luis Bancalero deberá responder este viernes, 27 de junio de 2025, en el pleno de las Cortes de Aragón, a la pregunta oral registrada por CHA sobre el proceso de negociación del decreto de modificación de la atención primaria.

Desde CHA expresamos nuestro rechazo absoluto al procedimiento seguido por el Departamento de Sanidad para aprobar el decreto que regula el nuevo funcionamiento de los equipos de Atención Primaria en Aragón.

Isabel Lasobras ha recordado que “este decreto fue retirado a finales de marzo con el compromiso público del consejero Bancalero de abrir un proceso de negociación y diálogo con todos los actores implicados. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido imponerlo sin consultar con nadie, demostrando una absoluta falta de voluntad de diálogo”.

A juicio de CHA, el incumplimiento del consejero representa una grave falta de respeto hacia las instituciones, hacia la ciudadanía y hacia los profesionales de la salud, que no pueden ser tratados como simples receptores de decisiones ya tomadas.

El proceso ha sido completamente opaco. No se ha informado ni consultado a los principales agentes afectados: ni a los profesionales sanitarios y no sanitarios, ni a los sindicatos, ni a los consejos de salud, que son interlocutores legítimos en defensa de los derechos laborales y de la calidad asistencial. Tampoco se ha escuchado a la ciudadanía, a los colectivos sociales ni a las asociaciones vecinales, que forman parte del tejido comunitario y conocen el impacto real de estos cambios en su día a día.

Este decreto contempla una reducción de horas en los centros de salud de Zaragoza y Huesca, así como una reorganización de los equipos de atención, lo que afecta directamente a la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial. Desarrollar estas medidas sin consenso va a generar una mayor saturación del personal sanitario, dificultar la atención a pacientes con enfermedades crónicas o necesidades complejas, provocar pérdida de confianza en el sistema sanitario público y generar un descontento social creciente. Además, puede traducirse en un debilitamiento progresivo del sistema público de salud y, como consecuencia, en un impulso indirecto a la privatización.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de Aragón que retire este decreto y suspenda su aplicación hasta que se abra un proceso de diálogo real y transparente. También pedimos que se inicie una negociación amplia y efectiva con sindicatos, profesionales, asociaciones vecinales y consejos de salud, para diseñar medidas que mejoren la Atención Primaria sin perjudicar a nadie. Exigimos igualmente que se garantice la participación ciudadana en las decisiones que afectan a su salud y bienestar, y que se publiquen los datos y análisis técnicos que justifiquen cualquier cambio organizativo.

Isabel Lasobras ha aprovechado también para denunciar el modelo sanitario que está impulsando el consejero Bancalero y el Partido Popular, un modelo que representa, en sus palabras, “un giro alarmante hacia la privatización, la precariedad y el abandono de lo público”.

Lo que estamos presenciando no es una modernización del sistema sanitario, sino un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública aragonesa, que se está llevando a cabo sin diálogo, sin transparencia y con un desprecio absoluto hacia los profesionales y los pacientes.

Entre las medidas más preocupantes, CHA denuncia el recorte previsto de casi 700 camas hospitalarias durante este verano, el cierre de plantas, la reducción de personal y el consiguiente aumento de las listas de espera. También se están externalizando especialidades médicas en hospitales de Teruel, Alcañiz, Barbastro y Calatayud, en lugar de reforzar los servicios públicos, una decisión que, según Lasobras, demuestra que “el Partido Popular solo encuentra médicos en la sanidad privada”.

En la UCI del Hospital de Barbastro se ha eliminado una enfermera de guardia, una decisión extremadamente preocupante en un entorno de cuidados críticos donde cualquier urgencia puede tener consecuencias fatales. En Teruel, la externalización de servicios de ginecología atenta contra el derecho de las mujeres a una atención digna, y supone un desprecio a la igualdad y a la salud sexual y reproductiva.

Bajo el actual gobierno, Aragón avanza hacia un modelo de sanidad que es público solo en apariencia, pero privado en su funcionamiento. El Servicio Aragonés de Salud pone las infraestructuras y los recursos públicos, mientras empresas privadas gestionan el personal y los beneficios. En este sistema, la ciudadanía paga dos veces: una vez con sus impuestos y otra con la pérdida de calidad en la atención.
Isabel Lasobras ha sido tajante: “Esto no es eficiencia, es convertir la sanidad en un negocio. Y cuando la rentabilidad se pone por delante de los derechos, se socavan los pilares del estado del bienestar”.

Las listas de espera siguen siendo inasumibles, con personas esperando meses o incluso años para una prueba o intervención. Mientras tanto, los y las profesionales sanitarias y no sanitarios del sistema público aragonés soportan una carga de trabajo insostenible, con contratos precarios y una falta absoluta de estabilidad y reconocimiento. En lugar de invertir en mejorar el sistema público, se fomenta la derivación de pacientes al sector privado, consolidando un modelo sanitario desigual, insostenible y excluyente.

Por todo ello, desde CHA reiteramos nuestras exigencias: la reapertura inmediata de las camas hospitalarias cerradas durante el verano; una apuesta decidida por reforzar la Atención Primaria y la sanidad en el medio rural; y, sobre todo, el fin del modelo de privatización encubierta, donde las decisiones se toman priorizando los intereses empresariales por encima de los derechos ciudadanos.
El modelo sanitario impulsado por Bancalero y Azcón no es un modelo de salud pública, sino de negocio.