23 May CHA pide que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp apoye las reivindicaciones del sector veterinario

Rafael Lumbreras, portavoz de CHA, denuncia que “el impacto de la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta de forma especial en las zonas rurales, donde la escasez de farmacias con medicamentos veterinarios agrava los problemas de acceso a tratamientos, obligando a desplazamientos innecesarios”

La sanidad veterinaria es un pilar fundamental de la salud pública y del bienestar animal. La aprobación del Real Decreto 666/2023 por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha generado graves perjuicios al sector veterinario, así como para las personas responsables y cuidadoras de animales.

Rafael Lumbreras, portavoz del Grupo de CHA en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, explica que el “impacto de esta normativa es mayor en las zonas rurales, donde la escasez de farmacias con medicamentos veterinarios agrava los problemas de acceso a tratamientos, obligando a desplazamientos innecesarios, provocando un desajuste con la normativa europea, ya que en países como Francia o Alemania, los veterinarios pueden dispensar medicamentos de forma regulada, lo que ha demostrado ser una medida eficaz para garantizar el acceso inmediato a tratamientos, reducir la automedicación y mejorar el control de antibióticos.

Consideramos también una injusticia que el IVA veterinario se mantenga al 21 %, mientras que otros servicios sanitarios cuentan con un IVA reducido, encareciendo el acceso a tratamientos y penalizando a los propietarios de animales.

Por todo ello proponemos que Consejo Comarcal de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, que se celebrará el próximo lunes, acuerde reclamar la adaptación de la legislación a las prácticas europeas, permitiendo que las personas profesionales del sector veterinario puedan dispensar medicamentos en condiciones reguladas para mejorar el control del uso de antibióticos y garantizar el bienestar animal; reducir el IVA superreducido veterinario al 4 %; revisar el régimen sancionador para garantizar la proporcionalidad de las sanciones y simplificar el sistema PRESVET, eliminando duplicidades administrativas y asegurando un sistema eficiente de control sin carga burocrática excesiva, eliminándose para los animales de compañía y équidos no destinados a consumo humano.