11 May CHA pregunta, en el pleno de las Cortes de Aragón, por las decisiones del Gobierno ante el caso de un profesional condenado por maltrato que mantiene funciones docentes en el Hospital Miguel Servet
Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Sanidad, ha explicado: “Nos hacemos eco de una demanda legítima y urgente de muchos profesionales de la Psicología. Hay que garantizar que el sistema sanitario actúe con ejemplaridad y sensibilidad”.
El próximo viernes, 16 de mayo de 2025, en el pleno de las Cortes de Aragón, se incluirá una pregunta de Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad, dirigida al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, para su respuesta en dicha sesión.
La cuestión registrada por CHA es la siguiente:
“¿Qué medidas está tomando el Gobierno de Aragón para atender las demandas de los profesionales de la Psicología, en relación con el caso de un profesional condenado por maltrato habitual que ejerce funciones docentes en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza?”
La iniciativa surge tras la reciente condena a un profesional de referencia en el ámbito de la Psicología Clínica, Javier Prado, que actualmente figura como tutor de residentes en Psicología Clínica en el Hospital Miguel Servet, aunque se encuentra de baja y, según se ha informado, su labor está siendo desempeñada por otra persona. Sin embargo, su situación sigue generando gran inquietud en el sector profesional y entre la ciudadanía.
Lasobras también ha subrayado que este caso trasciende lo individual y representa un problema de fondo que debe ser abordado con firmeza desde las instituciones:
“El Gobierno de Aragón debe asumir su responsabilidad y actuar con determinación. No es tolerable que se sigan manteniendo situaciones que generan alarma social y que afectan a la credibilidad del sistema público de salud. La lucha contra cualquier forma de violencia debe ser una prioridad real, no solo discursiva”.
CHA reitera su compromiso con una sanidad pública aragonesa libre de cualquier forma de violencia, directa o simbólica, y exige medidas claras y concretas para atender esta demanda de los profesionales del sector.