CHA presenta alegaciones a las ordenanzas fiscales, apostando por una Huesca más verde y justa

Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca explica que “las 12 alegaciones están basadas en los principios de progresividad, igualdad, sostenibilidad y suficiencia financiera, incentivando la promoción de vivienda asequible, y la bonificación a quienes menos contaminan y apuestan por energías renovables”.

“Chunta Aragonesista ha presentado 12 alegaciones al acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Huesca/Uesca para el ejercicio 2026, aprobado por el plenario el pasado 24 de octubre, basadas en los principios de progresividad, igualdad, sostenibilidad y suficiencia financiera, y en la apuesta por una Huesca más verde y justa”, ha informado la coordinadora de CHA-Uesca, Sonia Alastruey.

“Nuestra ciudad presenta un número ingente de necesidades, y por ello y porque apostamos por una Huesca más justa pedimos que se mantenga el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (UIVTNU), por el que se recauda 600.000 euros para las arcas municipales, gravando principalmente las operaciones especulativas, su supresión se hace además sin informe de intervención ni informe económico, que si bien no es obligatorio es recomendable, más aún con semejante afección a la hacienda local, y que supone eximir de un impuesto que afecta solo a una parte de los oscenses, a algunos de los que más poder económico tienen, y quienes especulan con la vivienda”, ha explicado Alastruey.

Relacionado con la prioridad que supone la necesidad habitacional en nuestra ciudad, proponemos que se explore la creación de una tasa complementaria temporal que grave de forma extraordinaria los inmuebles de valor catastral de más de un millón de euros, para destinar los ingresos a financiar vivienda social y políticas de emergencia habitacional.

Proponemos modificar la Tasa por recogida y tratamiento de residuos, ya que actualmente el modelo es lineal y no se aplican criterios de progresividad ambiental ni social, incumpliendo el principio de “quien contamina paga”. La tasa constará de una parte fija y otra variable según la cantidad de residuos generados o frecuencia de recogida, diferenciada por tipos de usuarios, con bonificaciones sociales y ambientales.

Creemos también que hay que favorecer la creación de empleo de calidad y por ello, las bonificaciones del IBI en esta materia, proponemos que se concedan condicionadas a la creación de empleo indefinido, salarios conforme al convenio sectorial y adopción de medidas de igualdad y conciliación.

Queremos promover el compromiso de nuestras empresas con las energías renovables y por ello proponemos la bonificación del 50 % de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), a empresas con autoconsumo renovable, y hasta el 75 % si se trata de comunidades energéticas locales que suministren energía a vivienda social o entidades sin ánimo de lucro.

La reducción general de coeficientes del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica resulta regresiva, por lo que desde CHA queremos que el tipo de gravamen se fije según emisiones y potencia, que van desde recargo para vehículos de motor de más de 150 CV, bonificaciones del 75 % para vehículos eléctricos o de emisiones cero, bonificaciones del 50 % para híbridos enchufables ECO, hasta exención total para vehículos de personas con movilidad reducida.

En la línea de una Huesca más justa consideramos que hay que eximir a los documentos necesarios para el ejercicio de derechos sociales básicos de la tasa por expedición de documentos, bonificar al 100 % la tasa por ocupación de vía pública para asociaciones vecinales, culturales y juveniles en actividades no lucrativas y tarifa social en el cementerio con reducción de hasta el 90 % para personas en situación de vulnerabilidad económica.

“Para finalizar, y en la línea de mejorar la transparencia y evaluación, solicitamos que se publique anualmente un Registro de Bonificaciones y Beneficios Fiscales, con indicación de importe y finalidad, sometiendo las mismas a evaluación de resultados de 2 y 5 años”, ha concluido Alastruey.



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