CHA traslada al Senado nuevas iniciativas políticas tras el varapalo judicial al proyecto del pantano de Biscarrués

CHA ha trasladado nuevas iniciativas al Senado para que se formulen sendas preguntas para su respuesta escrita por parte del gobierno. Concretamente las iniciativas las presentará el senador de Compromis, Carles Mulet, fruto de los acuerdos alcanzados con CHA para poder defender los intereses de Aragón en la Cámara Alta. 

Gregorio Briz, Vicesecretario General de Relaciones Institucionales y Polítcas de CHA: “Queremos que los problemas de Aragón tengan su espacio en el Senado en aquellas cuestiones que dependen del Gobierno de España. De este modo a las iniciativas ya presentadas a los Presupuestos Generales del Estado para este año, reiteramos ahora una nueva propuesta sobre Biscarrués”. “Queremos que el ejecutivo de Rajoy asuma la inviabilidad económica y ecológica de este proyecto y se ponga a buscar diferentes opciones que sean una alternativa que esté bajo los principios de la nueva cultura del agua. Es posible hacerlo, si hay voluntad política”. 

De este modo la iniciativa presentada indica en su exposición de motivos lo siguiente: 

El 29 de mayo de 2015, la Comisión notificó a España una carta de emplazamiento por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud varios artículos de la Directiva marco de aguas en relación con la declaración de impacto ambiental del proyecto de pantano de Biscarrués (Aragón). Sin embargo, y sin que nos conste resolución favorable alguna de la Comisión con respecto a la respuesta que haya podido dar el Gobierno de España (pues la Comisión declaró restringido el acceso a la información sobre este expediente), dicho gobierno acaba de sacar a información pública este proyecto. 

Ante esta situación, presentamos las siguientes preguntas el pasado 24 de mayo de 2017: 

– “Si no ha sido así, ¿no estima el gobierno español que se está actuando mediante una política de hechos consumados que ignora el pronunciamiento final de la Comisión que podría suponer la prohibición de llevar a cabo dicho proyecto?”

La respuesta del Gobierno, fechada el pasado 27 de junio de 2017, indicaba: 

“En relación con el asunto interesado, cabe indicar que el Gobierno dio contestación a la Carta de Emplazamiento sobre la posible infracción en relación con el proyecto del pantano de Biscarrués en julio de 2016. La Comisión Europea en el periodo de tiempo ya transcurrido no se ha manifestado con un pronunciamiento final al respecto. 

La propia tramitación del procedimiento relativo a la posible infracción señalada no es causa suspensiva de la tramitación por parte de la Administración española del proyecto de Presa de Biscarrués. Ésta, como no puede ser de otro modo, sigue los cauces marcados por la normativa administrativa general y ambiental en particular aplicable, plenamente respetuosos con la Directiva Marco del Agua”. 

Sin embargo, el pasado 11 de julio de 2017, se ha conocido públicamente la noticia en la que se informa de la anulación, por parte de la Audiencia Nacional, del anteproyecto de construcción del embalse de Biscarrués. Se atiende, de este modo, los argumentos de tres municipios de la zona y de varias asociaciones ecologistas que denunciaron que “la obra no contaba con los estudios medioambientales pertinentes”. Se considera en la sentencia que se vulneraría la Directiva Europea del Agua, no se tiene “estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse”, ni existen las “evaluaciones necesarias” acerca de “la declaración de impacto medioambiental”. 

Recordamos que el proyecto fue aprobado por parte de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente el 14 de febrero de 2012, por el Gobierno de Rajoy, en una resolución que ahora anula la Audiencia Nacional. 

Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas: 

-¿Tiene previsto el Gobierno recurrir la sentencia judicial sobre el anteproyecto del pantano de Biscarrués? 

-¿Cómo explica el Gobierno que el citado anteproyecto sea cuestionado en elementos tan básicos, cumplimiento de la Directiva Europea del Agua, por una sentencia judicial? 

-¿Qué responsabilidades políticas tiene previstas asumir el Gobierno ante la, a nuestro juicio, contundente sentencia judicial? 

-¿Tiene previsto el Gobierno realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para que las partidas destinadas a este proyecto y que están contempladas en los P.G.E. 2017 puedan destinarse a otra inversión en Aragón, dado que, por motivos evidentes, será imposible su ejecución durante este año? 

-¿Ha recibido ya el gobierno la respuesta a la contestación dada ante la Carta de Emplazamiento sobre la posible infracción en relación con el proyecto de pantano de Biscarrués?




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