CHA y PAR presentan una Proposición de Ley de derogación de los Decretos de Nueva Planta para solucionar “una injusticia histórica”

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto han registrado de forma conjunta una Proposición de Ley de derogación de los Decretos de Nueva Planta para solucionar una “injusticia histórica”.

La iniciativa ha sido presentada hoy ante los medios de comunicación por los portavoces de CHA y PAR en las Cortes de Aragón, José Luis Soro y Alberto Izquierdo, respectivamente, que han estado acompañados por José Ramon Chirivella, presidente de la Asociación de Juristas Valencianos.

La Proposición de Ley contempla un artículo único relativo a la “derogación de los Decretos de Nueva Planta” y el objetivo es que, tras el debate y votación en el Pleno de las Cortes de Aragón, sea remitida a la Mesa del Congreso de los Diputados para proceder a su “derogación expresa”.

José Ramón Chirivella ha agradecido a CHA y PAR la invitación a defender esta propuesta en las Cortes de Aragón, “la primera institución parlamentaria que existió en el conjunto de la Corona”, ha dicho. El objetivo, ha apuntado, “es intentar corregir una injusticia histórica que debería haberse corregido en el momento en el que se fraguó la Constitución de 1978”. Esta Constitución, ha puntualizado, “básicamente lo que hace es defender una visión autonomista del conjunto de España” y, por ello, desde su asociación se ha planteado en varias instituciones “una derogación expresa de los decretos de nueva planta”. Precisamente ayer, ha explicado, en la Diputación de Valencia se aprobó una moción en este sentido con los votos a favor de todos los grupos (incluidos PSOE y PP) excepto VOX.

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha defendido que “esta propuesta busca derogar, de forma expresa, los Decretos de Nueva Planta como un acto de justicia y dignidad con Aragón. Eliminaron el autogobierno aragonés e impusieron un centralismo que aún hoy tiene consecuencias”. Ha afirmado que “esta iniciativa parlamentaria tiene un valor simbólico muy potente, porque supone reconocer la injusticia sufrida por los territorios de la Corona de Aragón. Los símbolos importan: nos cohesionan, nos identifican y refuerzan nuestra conciencia colectiva. Este gesto permite recuperar la memoria y reafirmar el compromiso político con los valores esenciales de democracia y del reconocimiento del pluralismo territorial”.

Por su parte, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que “hoy es un día en el que se habla de política con mayúsculas, en el que se habla de aragonesismo” y ha defendido que “nuestra propuesta no va en contra de nadie ni tampoco a menoscabar los derechos de ninguna otra Comunidad”. “Lo que hacemos es poner en valor la recuperación de unos derechos aragoneses” que -ha añadido- “nos darían acceso a una Hacienda Foral propia”. “Desde luego va a ser muy interesante ver las opiniones de los grupos”, ha afirmado antes de asegurar que “veremos si el aragonesismo que algunos predican solo va de extender banderas, de darse en el pecho, o va a impulsar a efectos prácticos, legales, jurídicos y parlamentarios una propuesta que nos puede hacer pioneros y nos puede volver a colocar en el mapa”.

Los decretos

Los conocidos como Decretos de Nueva planta fueron una serie de disposiciones legislativas aprobadas por Felipe V de Castilla, entre 1707 y 1716, destinadas a abolir las leyes e instituciones propias de los territorios integrantes de la Corona de Aragón, que habían apoyado la causa austracista en la Guerra de Sucesión.

Estos decretos no solo marcaron el fin de la personalidad política propia, las instituciones y los ordenamientos jurídicos de los Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, y del Principado de Cataluña, sino que, además, supusieron la imposición del Derecho castellano y el inicio del centralismo y la homogeneización que tan nefastas consecuencias tuvo para los territorios de la antigua Corona de Aragón, hasta la recuperación de su autogobierno con los Estatutos de Autonomía aprobados tras la Constitución.

La Constitución española derogó expresamente, en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sin embargo, no procedió a derogar las disposiciones equivalentes que afectaron a los Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y al Principado de Cataluña.

En la exposición de motivos de la Proposición de Ley se señala que la derogación expresa de los Decretos de Nueva Planta “no tiene un mero valor simbólico” ya que supone “una contribución efectiva a la superación de las consecuencias negativas derivadas de aquellos hechos”. Estos decretos, añade, “fueron promulgados bajo el principio del derecho de conquista y son contrarios a los valores de democracia y pluralismo del vigente ordenamiento constitucional”.



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