21 Nov CHA y Partido Verde exigen planificar los centros de datos y que los datos de consumo de agua y energía sean públicos

El diputado de CHA Jorge Pueyo y la coportavoz federal del Partido Verde Mar González han presentado una proposición no de ley del Grupo Plurinacional Sumar que demanda la planificación de los centros de datos, su impacto ambiental y de seguridad de suministro energético, así como sobre el crecimiento industrial en esas mismas zonas. También exige fomentar la sostenibilidad ambiental, incluyendo el reciclaje de equipos y de materias primas críticas, y la transposición de la directiva europea que obliga a las empresas a informar de los consumos hídricos y energéticos.

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y la coportavoz del Partido Verde, Mar González Báez, han comparecido ante los medios de comunicación aragoneses para anunciar la presentación de la proposición no de ley para una planificación sostenible y transparente en el consumo de recursos de la industria de los centros de datos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso.

Pueyo ha declarado: «En Aragón han proliferado en poco tiempo y de manera muy acelerada numerosos proyectos de centros de datos. Cada semana hay noticias de nuevos proyectos. Los gigantes tecnológicos ya han desplegado sus primeros proyectos, y pretenden ampliarlos a corto plazo, por eso se trata de centros hiperescalares, que permiten un crecimiento constante. A priori, los centros de Amazon y Microsoft consumirán el doble de electricidad que Aragón. Y los 28 proyectos previstos hasta 5 veces la energía de Aragón, y todo ello alimentado con muchísimos más macroparques de renovables hasta las 40.000 hectareas. Nos preocupa la irresponsabilidad del presidente Azcón, que habla de centros de datos como si fueran la panacea cuando está más que demostrado a la luz de los ejemplos de nuestros vecinos europeos, que una mala planificación, o directamente una ausencia de la misma, conlleva más efectos negativos que positivos. Miremos a nuestros vecinos: Marsella, una ciudad completamente cercada por centros de datos, cuyo consumo eléctrico ha imposibilitado la expansión del resto de industrias, la creación de otras nuevas e incluso ha limitado la expansión de la ciudad. Casos de saturación eléctrica en Irlanda y en Suecia. Prioridad para el consumo de agua en los Países Bajos durante las sequías de 2022. El norte de Europa por el clima frio es donde interesa colocar los centros de datos y vivió estos problemas antes y ahora llegan aquí porque en el norte les pusieron límites y no les dejaron expandirse más. Y ahora el gobierno de Azcón, iluso, les pone una alfombra roja».

«¿Qué previsión se ha hecho sobre cómo afectarán los centros de datos al resto de industrias presentes y futuras? ¿Cómo afectará su consumo eléctrico a la creciente electrificación de la economía? ¿Será Zaragoza la nueva Marsella? ¿Qué se va a hacer con los residuos electrónicos que generen? ¿Existe un plan para la recuperación de las materias primas críticas que los integran (tengamos en cuenta que los centros de datos son muy intensivos en el consumo de minerales y materias primas críticas)?  Son muchas incógnitas que el Gobierno de Aragón es incapaz de responder, porque están haciendo una gestión nefasta, irresponsable y sin previsión ni racionalización. ¿Cuáles son los proyectos industriales de las nuevas empresas que están siendo adjudicatarias? ¿Meramente especulativo?», se pregunta el diputado de CHA.

«Por eso, abrimos el debate sobre la necesidad de planificar. El debate no es sobre la bondad o no de los centros de datos, sino sobre el deber de planificar y de obligar a que los datos de consumos sean públicos. La proposición que hemos presentado desde el Grupo Plurinacional Sumar considera imprescindible: planificar los centros de datos, su impacto ambiental y de seguridad de suministro energético, así como sobre el crecimiento industrial en esas mismas zonas; fomentar la sostenibilidad ambiental, incluyendo el reciclaje de equipos y de materias primas críticas; y transponer la directiva europea que obliga a las empresas a informar de los consumos hídricos y energéticos», ha explicado Pueyo, para concluir diciendo: «Aragón tiene sed, y los centros de datos también. Azcón les recibe con alfombra roja sin analizar qué consecuencias puede tener para el consumo energético y de agua y para limitar el crecimiento económico de otros sectores con más empleo y valor añadido. Hay demasiado interrogantes aún como para lanzar las campanas al vuelo. En vez de ir a Virginia, Azcón debería visitar Marsella».

A continuación, Mar González, la coportavoz federal del Partido Verde, ha denunciado que «España no puede cometer el error de confundir creación de empleo con barra libre para la explotación de recursos naturales finitos. Esta proposición no de ley es un paso necesario para ordenar un sector que, sin planificación, puede convertirse en una nueva burbuja extractiva disfrazada de modernidad. No estamos en contra de la digitalización ni de la innovación. Pero sí estamos radicalmente en contra de un modelo económico que convierte el agua y la energía —bienes comunes, limitados y cada vez más tensionados— en combustible barato para megaproyectos privados que no dejan suficiente retorno social.  El impacto ambiental de los centros de datos ya no es una hipótesis: es un hecho. Y no podemos permitir que regiones que ya sufren estrés hídrico o vulnerabilidad energética paguen la factura de un negocio que concentra beneficios en muy pocas manos mientras socializa sus costes ecológicos. El empleo verde, el empleo de futuro, no se sostiene sobre la sobreexplotación de acuíferos ni sobre un incremento descontrolado del consumo eléctrico. Se sostiene sobre eficiencia, transparencia y límites claros. La economía del siglo XXI solo será competitiva si respeta los límites planetarios; quien no lo entienda hoy estará fuera del mercado mañana.  Por eso defendemos con firmeza que cualquier proyecto digital estratégico debe ser ambientalmente autosuficiente, transparente en su consumo y plenamente compatible con la seguridad hídrica y energética de la población. Basta ya de opacidad, basta ya de relatos optimistas sin datos verificables». Y ha concluido: «El Partido Verde —junto a la Chunta Aragonesista, con quien compartimos lucha y territorio— seguirá defendiendo que Aragón y el conjunto del país no se conviertan en un campo de pruebas para modelos extractivos. Porque el futuro digital será sostenible, justo y arraigado al territorio… o simplemente no será».

El texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, registrada por los portavoces adjuntos Aina Vidal y Jorge Pueyo, y los diputados Júlia Boada y Juan Antonio Valero, es el siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Diseñar y publicar, con participación pública, una planificación general de la industria de los centros de datos acorde con las necesidades reales y los límites finitos de recursos del territorio. En él se debe contemplar el impacto medioambiental y de seguridad de suministro energético que se derivan de los centros ya existentes, sus ampliaciones y aquellos que se puedan proyectar en el futuro.  Así mismo, debe contemplarse el posible impacto sobre otras proyecciones de crecimiento industrial en la misma zona u otras cercanas al área donde se quisiera instalar un centro de datos.

2. Fomentar la sostenibilidad medioambiental de los centros de datos que se instalan en nuestro país, implementando la refrigeración natural (o free cooling); supervisando el uso de energía; reciclando y reutilizando equipos (con especial atención de las materias primas críticas que contienen y de cuyo consumo son intensivos); consolidar los servidores (apagar los servidores inutilizados); mejorando la gestión del aire (para refrigerar y evitar la recirculación del aire caliente de los sistemas informáticos); implementando sistemas de certificación de edificios ecológicos. Es decir, impulsar los mecanismos necesarios, junto a las demás administraciones competentes, para establecer el requisito de sostenibilidad ambiental como requisito vinculante, tanto para los nuevos centros de datos como para los ya operativos.. Este requisito debe establecer la obligatoriedad de no perjudicar de ningún modo los recursos energéticos e hídricos de la población, especialmente en momentos de escasez, así como la obligatoriedad de que el proyecto de centro de datos sea autosuficiente y sostenible en materia ambiental.

3. Priorizar la transposición de la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase de establecimiento de un régimen e evaluación común de la Unión para centros de datos, haciendo de obligado cumplimiento por parte de las empresas a ofrecer la información de su consumo energético e hídrico, en aras de concluir su rendimiento energético y de sostenibilidad, elemento indispensable para que las administraciones públicas puedan determinar si el proyecto de instalación de centros de datos es sostenible o perjudicial para la ciudadanía.»