26 Sep CHA-Zaragoza denuncia la eliminación del límite que impedía instalar industrias peligrosas cerca de zonas residenciales

Chuaquín Bernal, presidente de Redolada de CHA-Zaragoza: “El Gobierno municipal ha decidido priorizar los beneficios empresariales por encima de la seguridad de la ciudadanía”.

CHA muestra su más absoluto rechazo a la decisión del gobierno municipal de Zaragoza de eliminar la distancia mínima obligatoria entre industrias peligrosas y viviendas. Esta modificación normativa representa una amenaza directa para la salud pública y el entorno urbano, y abre la puerta a que intereses económicos se impongan sobre los derechos vecinales más básicos.

“Eliminar ese límite no es simplemente un cambio técnico: supone una renuncia consciente a prevenir riesgos críticos para los vecinos y vecinas. El gobierno municipal está enviando un mensaje claro: lo que más le importa es facilitar el negocio a ciertos sectores, aunque ello suponga comprometer la seguridad y la salud de la población”, afirma Chuaquín Bernal.

Desde CHA recuerdan que las industrias de carácter peligroso —ya sea por emisiones contaminantes, riesgo químico o posibles explosiones— deben estar sometidas a fuertes restricciones, empezando por su distancia respecto a zonas habitadas. Y advierten de que Zaragoza sigue arrastrando la presencia de industrias activas en pleno casco urbano, una anomalía urbanística que genera inseguridad. “En lugar de avanzar hacia una ciudad más segura y habitable, lo que hace este gobierno es un retroceso evidente en la protección de la ciudadanía”, denuncia Bernal.

En este sentido, ha exigido la paralización inmediata de esta modificación normativa y la apertura de un proceso participativo que incluya a expertos en salud ambiental, riesgos industriales y representantes vecinales. “No aceptaremos que se asuma como inevitable la contradicción entre desarrollo industrial y protección del derecho a la vida”, señala el Presidente de CHA-Zaragoza.

Por este motivo, el grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón está preparando una iniciativa para instar al Gobierno de Aragón a evaluar su el impacto ambiental y social de esta medida sobre los barrios afectados.

“Exigimos que tanto la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, dejen de mirar hacia otro lado y se impliquen en garantizar que las políticas industriales no se desarrollan a costa de la salud de la ciudadanía”, concluye Bernal.