08 Abr Cuando el olvido no se gestiona
Miguel Jaime, vicesecretario general de Política Territorial de Chunta Aragonesista
El 95% de los municipios aragoneses que solicitaron ayudas al actual Gobierno de Aragón para la mejora de la eficiencia energética han quedado fuera. La cifra, demoledora, no deja mucho margen para la interpretación: de 177 solicitudes, solo 9 han recibido financiación.
Las causas son claras: una gestión deficiente de los plazos y una dotación presupuestaria a todas luces insuficiente. A eso se suma la imposibilidad de recuperar los 400.000 euros perdidos en 2024 por no haber publicado la resolución a tiempo. Como consecuencia, más de 160 municipios aragoneses, la mayoría pequeños, rurales y con necesidades urgentes, se han quedado sin subvención.
Este caso es una muestra más de cómo se margina a lo rural desde los centros de poder del actual Gobierno de Azcón, pese al discurso oficial de equilibrio territorial y las promesas electorales, llega la realidad arramblando el vacío de sus palabras.
No se trata solo de que el fondo económico se haya quedado corto —800.000 euros en total—, sino del modo en que se ha ejecutado. La convocatoria se presentó como una medida de apoyo a las localidades más pequeñas para mejorar la eficiencia energética de sus edificios públicos, pero ha terminado convertida en un espejismo administrativo que ha dejado fuera a casi todos los solicitantes.
Es aquí donde la desconfianza crece y la frustración se instala. Muchos ayuntamientos aragoneses dedican un esfuerzo considerable —con equipos técnicos escasos o inexistentes— a preparar solicitudes para programas que finalmente no tienen respaldo real. Convocar ayudas sin garantizar una dotación suficiente no solo es ineficaz: es una forma encubierta de abandono. Un abandono que se disfraza de oportunidad, pero que en la práctica perpetúa las desigualdades entre el medio urbano y el rural.
La solución no pasa únicamente por ampliar los fondos, aunque es urgente hacerlo, sino por cambiar de raíz el enfoque. No tiene sentido mantener un modelo basado en microconvocatorias que reparten cantidades mínimas tras complejos procesos burocráticos.
La alternativa, a juicio de CHA, pasa por una financiación incondicionada que permita a los municipios, especialmente los más pequeños, decidir con autonomía y estabilidad sobre sus inversiones prioritarias.
Resulta inadmisible que los pueblos que enfrentan los desafíos más duros —despoblación, envejecimiento, falta de servicios— sean también los más penalizados por la desidia institucional.
¿De qué sirven los planes contra la despoblación si luego no se dota adecuadamente a quienes deben ejecutarlos sobre el terreno? ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno de Aragón que proclama igualdad territorial mientras deja fuera al 95% de los solicitantes de una ayuda vital?
Como escribió el aragonés Ramón J. Sender, “la verdad es una fruta que conviene coger muy madura”. Y tal vez ha llegado el momento de asumirla sin disfraces: las políticas públicas del Gobierno del PP no están pensadas desde el territorio, sino desde los despachos del Pignatelli. Mientras eso no cambie, la brecha entre el Aragón que decide y el Aragón que resiste seguirá creciendo. Y con ella, el sentimiento de que el olvido también es una forma de gobernar.