09 Nov Este próximo martes la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón debatirá y votará la propuesta de CHA sobre la situación de la Residencia de Mayores de Sariñena
Mascún Ariste, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sariñena, señala: “El Ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo económico durante años, sosteniendo en solitario un servicio esencial para nuestras personas mayores. Ahora es el momento de que el Gobierno de Aragón cumpla con su responsabilidad y garantice la puesta en marcha de la ampliación, que permitiría crear empleo estable y mejorar la atención social en toda la comarca”.
El próximo martes, 11 de noviembre, la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón debatirá y votará la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) para reclamar al Gobierno de Aragón la inclusión, en los próximos Presupuestos, de una partida nominativa de un millón de euros destinada a completar y poner en funcionamiento la ampliación de la Residencia de Mayores de Sariñena.
La iniciativa, impulsada por CHA, busca dar una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace más de una década y que impide la apertura de las nuevas instalaciones del centro, a pesar de haberse invertido ya más de tres millones de euros entre fondos municipales y autonómicos.
Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, ha explicado que “esta proposición no de ley responde a una necesidad objetiva y urgente: dotar al medio rural de servicios sociales dignos y accesibles. El caso de Sariñena es paradigmático del abandono institucional que sufren muchas localidades aragonesas que, pese a su compromiso con la cohesión territorial, no reciben el apoyo que les corresponde”.
La Residencia de Mayores de Sariñena, inaugurada en 1984, ha sido durante décadas un referente comarcal en la atención a las personas mayores. Entre 2007 y 2010 se inició un proyecto de ampliación que quedó paralizado hasta 2022, cuando se retomaron las obras con una inversión superior al millón de euros, más de 600.000 procedentes del Gobierno de Aragón. Sin embargo, la nueva ala no ha podido ponerse en marcha por la falta de adecuación a la normativa vigente, con un coste estimado de un millón de euros adicionales.
“No pedimos nada extraordinario, solo que se cumpla con el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial. No puede ser que un proyecto cofinanciado por el propio Gobierno de Aragón quede sin uso por falta de voluntad política”, ha añadido Lasobras.