
14 Mar Infraestructuras y transporte en Aragón: el reto de garantizar la conectividad rural
Javier Carbó Cabañero, Secretario Territorial de Chunta Aragonesista (CHA) en las comarcas turolenses
La movilidad es un derecho fundamental que permite el acceso a otros derechos esenciales como el empleo, la educación, la sanidad o el ocio. Sin una red de transporte eficaz, los habitantes de las zonas rurales ven limitada su capacidad de desarrollo y su calidad de vida. En Aragón, la reordenación de las rutas de autobuses y la falta de avances en la construcción de infraestructuras viarias clave, como la autovía A-68, son dos problemas que requieren atención urgente y un compromiso firme por parte del Gobierno de España
Recientemente, en Alcañiz, Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión de Transportes, ha reivindicado una solución justa y consensuada para la reordenación de las rutas concesionales de autobuses. La propuesta del Ministerio de Transportes de eliminar paradas en las rutas estatales afecta a 151 municipios aragoneses, de los cuales 111 quedarán sin cobertura, 54 de ellos en las comarcas turolenses. Esta decisión es incoherente con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos, promovida por el propio Gobierno.
Eliminar paradas en estas rutas perjudicará especialmente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Quienes antes tardaban veinte o treinta minutos en desplazarse a localidades cercanas, ahora tendrán que emplear varias horas debido a la necesidad de realizar trasbordos. La movilidad en el medio rural debe garantizarse con medidas que atiendan las necesidades reales de la población y no con recortes que agravan la situación. Además, la compensación de 40 millones de euros ofrecida por el Ministerio para que las Comunidades Autónomas asuman las paradas eliminadas en sus propios mapas concesionales resulta claramente insuficiente.
Desde CHA hemos propuesto una solución clara y viable: la reordenación de las rutas de autobuses debe realizarse con consenso entre el Estado y las Comunidades Autónomas, asegurando una dotación presupuestaria adecuada y suficiente. Ninguna parada existente debe desaparecer y todas deben ser atendidas por las rutas concesionarias de una u otra administración.
Para ello, planteamos que parte del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) se destine obligatoriamente a garantizar el mantenimiento del transporte en territorios afectados por el reto demográfico, distribuyéndose en función de la extensión territorial afectada.
Otro de los ejes fundamentales para la vertebración de Aragón es la finalización de la autovía A-68. Es necesario instar al Gobierno de España a acelerar la ejecución del tramo Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro sin más demoras, así como a impulsar la tramitación de los tramos entre Fuentes de Ebro y Ventas de Valdealgorfa, con el objetivo de iniciar su ejecución antes del final de la legislatura.
La A-68 es una demanda histórica de la sociedad aragonesa. Su finalización supondrá una mejora en la seguridad vial y un avance significativo en la conectividad del norte de la península con el Valle del Ebro, el Bajo Aragón y Valencia. Además, la A-68 debe integrarse dentro de un sistema mallado de infraestructuras que permita superar el tradicional modelo radial, que ha perjudicado a las zonas periféricas del Estado durante décadas.
Desde CHA reiteramos nuestro compromiso con una movilidad sostenible, justa y equitativa. No vamos a permitir que la reordenación del transporte público y la construcción de infraestructuras básicas sigan postergándose. Es momento de actuar con responsabilidad y garantizar que ni las comarcas turolenses ni Aragón queden aislados. Porque sin movilidad, no hay futuro.