30 Jun Jorge Pueyo defiende la continuidad de las Zonas Jóvenes de Zaragoza

El diputado de CHA reclama en el Congreso proyectos socioeducativos para jóvenes y adolescentes que prevengan adicciones y riesgos, que fomenten la tolerancia y la conciencia crítica y que trabajen con perspectiva comunitaria, y defiende a los profesionales de estos servicios exigiendo el cumplimiento de los estándares de calidad y unas condiciones laborales dignas.

El diputado de CHA y portavoz adjunto de Juventud e Infancia del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido esta mañana, en la entrada de La Azucarera ante los medios de comunicación y acompañado por profesionales de los servicios socioeducativos de atención a la juventud y adolescencia del Ayuntamiento de Zaragoza, para presentar la «proposición no de ley relativa a los proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa», que se debatirá próximamente en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso.

«Comparecemos aquí, ante La Azucarera, sede del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, para reivindicar un modelo que CHA puso en marcha cuando gobernó, que se ha mantenido con gobiernos de izquierda, pero que se está desmantelando con el actual gobierno del PP. Proyectos socioeducativos que trabajan con perspectiva comunitaria, que no se concentran en tres grandes focos con vocación elitista, sino que se extienden por los barrios trabajando en conexión con servicios sociales, tejido asociativo, centros educativos, proyectos comunitarios… Zaragoza promovió un modelo exportable a todo el Estado y ahora la estrechez de miras de la derecha lo hace languidecer, precarizando a sus trabajadores, unos profesionales que son fundamentales para mejorar esta ciudad», ha afirmado Pueyo.

El diputado ha denunciado la actual situación de los servicios destinados a infancia y adolescencia: «Hoy os hemos convocado para denunciar la actual situación de los servicios destinados a infancia y adolescencia y por eso nos acompañan sus trabajadores, a quienes queremos dar voz. Lamentablemente, como hemos visto, a pesar de que la legislación comunitaria, estatal, autonómica e incluso municipal regula la importancia del ocio juvenil, lo que vemos es que no se apuesta por él de forma decidida; de hecho, no se actúa. Al contrario, asistimos a un progresivo deterioro de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sector, lo cual redunda negativamente en el servicio mismo. Con agresiones a trabajadores y trabajadoras de protección y reforma, con el aumento de contratas del sector que sólo buscan abaratar y precarizar a unas labores de prevención e intervención que ya de por sí están feminizadas y en unas condiciones que están abocando a los trabajadores a la pobreza. Por eso queremos defender que son esenciales todos los servicios relacionados con la atención integral a la infancia y adolescencia como el ocio saludable y educativo, la animación sociocultural y protección y reforma, entre otros. Queremos trasladar esta realidad de Zaragoza al Congreso mediante una iniciativa, en la que instamos a todas las administraciones (estatal, autonómicas y municipales) a implantar y sostener programas públicos de infancia y juventud para la educación integral, prevención de conductas de riesgo, promoción de la salud mental, fomento de prácticas culturales, deportivas y de ocio saludable con profesionales especializados en condiciones laborales dignas que acompañen al menor y al joven en su proceso de desarrollo. Dejar este servicio en manos de fundaciones y empresas privadas que priorizan hacer negocio es intolerable y hace que las administraciones y los ciudadanos perdamos el control mientras el ayuntamiento y la DGA se escaquean de sus responsabilidades para con la sociedad».

Pueyo ha declarado: «Debemos apostar decididamente por políticas de juventud pegadas al territorio, cercanas a los usuarios y usuarias, en las que los proyectos socioeducativos adquieran relevancia, que sean universales e inclusivos y en los que se cuente con profesionales cualificados de referencia que acompañen a los y las jóvenes en sus procesos, les faciliten la adquisición de competencias y les apoyen en su camino a la madurez y la emancipación».

Frente a la precarización, el diputado de CHA ha instado a los agentes implicados en la negociación colectiva tanto estatal como autonómica a llegar a acuerdos que dignifiquen laboral y económicamente las profesiones relacionadas con los objetivos anteriormente citados: «Para garantizar unos servicios de calidad, es necesario que las y los profesionales implicados tengan unas condiciones laborales y jornadas dignas. El impulso de los convenios autonómicos debe ser una herramienta para reducir las desigualdades entre territorios. Asimismo, los poderes públicos locales y autonómicos tienen la obligación de implicarse en la calidad de los servicios externalizados, para lo cual deben crearse mesas tripartitas compuestas por Administración, entidades gestoras y representantes de las y los trabajadores».

Pueyo ha concluido: «Necesitamos que estos servicios sean controlados por las administraciones, no por empresas privadas; si no, no se pueden garantizar unas condiciones laborales dignas y unos servicios en todos los barrios y con carácter comunitario y para todos los jóvenes».

A continuación, ha tomado la palabra José Antonio Yagüe, portavoz de los y las trabajadoras de Zonas Jóvenes de Zaragoza: «Quiero poner el acento sobre todo la responsabilidad que tienen las administraciones en la observancia en las contratas y en todos los programas que tienen que ver con la infancia y juventud, tanto de servicios socioeducativos como de ocio educativo o de protección y reforma, de vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad, que los trabajadores tengan convenios dignos, que estén en situaciones laborales que sean asumibles. Qué duda cabe que todo aquello que redunde en tener mejores servicios, en poder ofrecer mejor calidad al joven, en tener a los trabajadores bien provistos y con una buena cobertura, va a redundar en la calidad de los servicios que ofrezcamos al joven. Esto es especialmente sangrante en la época del año en la que nos encontramos en el proyecto Zonas Jóvenes aquí en Zaragoza, porque nos vamos de veraneo, nos vamos de vacaciones o nos vamos al paro en las Zonas Jóvenes escolares con la incertidumbre de no saber cómo se van a continuar nuestros proyectos en septiembre e incluso si van a llegar a abrirse después de las vacaciones de verano. Así que esta incertidumbre nos lleva a hacer este tipo de visibilizaciones para alertar a la sociedad de la situación en la que estamos y del poco compromiso de las administraciones, en especial del Ayuntamiento de Zaragoza actual, con todo lo que es la atención juvenil».

El texto de la proposición no de ley es el siguiente:

«El Congreso de los Diputados solicita al Gobierno que inste a todas las administraciones competentes a:
1) Implementar políticas de juventud e infancia que promuevan proyectos de ocio juvenil con una atención socioeducativa que trabaje en la prevención de adicciones y situaciones de riesgo psicosocial y de salud mental, la educación integral, que fomente la tolerancia, la reflexión y la conciencia crítica y trabajen con perspectiva comunitaria, sirviendo de enlace entre programas de infancia, juventud, servicios sociales, proyectos de acción comunitaria, entidades asociativas y con los centros educativos.
2) Promover y mantener servicios socioeducativos para la juventud y la infancia pegados al territorio, accesibles e inclusivos con la dotación necesaria para una prestación de calidad llevada a cabo por profesionales en condiciones laborales y jornadas dignas.
3) Crear mesas tripartitas entre administración, patronales y sindicatos para la observancia del debido cumplimiento de los estándares de calidad y de las condiciones de los y las profesionales implicados en los servicios y programas destinados a infancia y juventud de titularidad pública y gestión privada.
4) Emplazar a asociaciones patronales y sindicatos a negociar convenios colectivos estatales y autonómicos que palíen las diferencias entre territorios y sean garantes de unos servicios de calidad por encima de servicios más económicos y precarios.»