02 Dic La educación pública, garante de igualdad y cohesión social
Por Isabel Lasobras, Secretaria General de Chunta Aragonesista (CHA) y Portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón
La educación pública constituye el pilar esencial sobre el que se sustenta la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo equilibrado de Aragón.
No hablamos únicamente de un servicio más dentro del catálogo de competencias del Gobierno de Aragón, sino de un instrumento fundamental de justicia social, capaz de compensar desigualdades de origen y de garantizar que cada persona, viva donde viva y disponga de los recursos que disponga, tenga acceso a una enseñanza de calidad y en condiciones de equidad.
En este contexto, la propuesta del actual Gobierno del Partido Popular en Aragón de concertar la etapa de Bachillerato y de establecer la gratuidad parcial de la educación infantil de 0 a 3 años, mediante conciertos con instituciones privadas, resulta profundamente preocupante.
Supone un giro ideológico y político que debilita el sistema público aragonés. Convertir ese mecanismo en una fórmula de financiación estructural para la enseñanza privada no solo es innecesario, sino también injustificable desde el punto de vista social, pedagógico y económico.
El Bachillerato es una etapa no obligatoria. Además, la red pública aragonesa dispone de capacidad suficiente para atender la demanda del alumnado y garantizar su derecho a una educación de calidad. La concertación de esta etapa implicaría, en consecuencia, un uso indebido de fondos públicos, desviando recursos que deberían destinarse a la mejora de la escuela pública hacia centros privados que, en muchos casos, aplican criterios de admisión o proyectos educativos que no responden al principio de universalidad.
Mientras algunas aulas públicas permanecen vacías o se cierran por falta de alumnado, no se observa una reducción equivalente en los conciertos educativos en Aragón. Esta asimetría refuerza la percepción de que las políticas actuales priorizan la estabilidad de los centros privados concertados frente a las necesidades reales del sistema público aragonés. No se trata de una cuestión de eficiencia, sino de una decisión política: optar entre invertir en lo que es de todos y para todos o transferir recursos a lo que no lo es.
La educación infantil de 0 a 3 años es otro ejemplo de cómo una buena idea —avanzar hacia su gratuidad— puede pervertirse si se aplica desde una lógica privatizadora. La extensión de la gratuidad en Aragón debe ir de la mano del fortalecimiento de la red pública de escuelas infantiles, ampliando la oferta, mejorando infraestructuras y plantillas, y garantizando la calidad educativa desde los primeros años de vida. Lo contrario, es decir, financiar plazas privadas en lugar de crear plazas públicas en Aragón, consolida desigualdades territoriales y socioeconómicas que la educación debería combatir, no reproducir.
Defender la educación pública en Aragón no es un acto de ideología, sino de responsabilidad. La escuela pública garantiza la convivencia, promueve valores democráticos, fomenta la inclusión y asegura que el derecho a la educación no dependa del nivel de renta de las familias.
Frente a la política de conciertos generalizados, Aragón necesita una apuesta firme por la calidad, la equidad y la planificación racional de los recursos educativos. Invertir en la escuela pública es invertir en cohesión social, en desarrollo sostenible y en la igualdad real de oportunidades. No hay progreso posible si se debilita el único sistema educativo que pertenece a toda la ciudadanía y que tiene la vocación de no dejar a nadie atrás.
El futuro de Aragón pasa por una educación pública fuerte, moderna y bien financiada. Y ese futuro se construye con decisiones valientes, no con concesiones a intereses privados. La educación pública no es un gasto: es la mejor inversión que una sociedad puede hacer para garantizar su propio porvenir.