16 Oct La herencia de promesas incumplidas
Javier Carbó, secretario territorial de Chunta Aragonesista en las comarcas turolenses
Desde hace años, el sistema de justicia en Aragón ha sido uno de los temas pendientes de resolver y uno de los actores clave en esta cuestión a resolver era el efímero consejero de Justicia, Nolasco. Durante su mandato, prometió reformas profundas, asegurando que pondría fin a muchos de los problemas estructurales que arrastra este servicio público. Sin embargo, los hechos recientes, como la crisis del turno de oficio en el partido judicial de Alcañiz, evidencian que esas promesas han quedado muy lejos de cumplirse.
El caso de Alcañiz pone de relieve las graves deficiencias en la gestión del sistema de justicia en las zonas rurales. Quienes ejercen el turno de oficio, una pieza fundamental para garantizar el derecho a la justicia de los ciudadanos, han presentado su renuncia debido a las enormes desigualdades retributivas respecto a quienes ejercen la misma labor en otras jurisdicciones, como Teruel. A pesar de estar sometidos a las mismas condiciones de guardia y disponibilidad, en Alcañiz reciben una compensación económica menor, una situación que resulta inadmisible y que, según CHA, es un agravio comparativo que lleva años sin solucionarse.
Este problema no es menor ni reciente. Durante su mandato, Nolasco fue alertado en repetidas ocasiones de las deficiencias en la gestión del turno de oficio, no solo en términos de desigualdad salarial, sino también en lo que respecta a la actualización de las remuneraciones, que han permanecido congeladas durante años. Además, no se cubren los costes de desplazamientos ni los trabajos no remunerados, lo que desincentiva la labor de los abogados y perjudica, de manera directa, a los ciudadanos que dependen de este servicio.
Así que es necesario que se actualicen las remuneraciones, se equiparen las condiciones entre partidos judiciales y se retribuyan las actuaciones no compensadas actualmente. Una petición que resulta no solo razonable, sino imprescindible para el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es el acceso a la justicia en el medio rural.
La situación actual es el reflejo de una gestión ineficaz que ha priorizado los discursos sobre las soluciones reales. En su momento, Nolasco prometió un sistema de justicia más justo y eficiente, pero la realidad muestra lo contrario. Al final de su mandato, nos encontramos con una justicia aún más fragmentada, con diferencias alarmantes entre las zonas urbanas y rurales, y con profesionales que abandonan su labor por falta de condiciones dignas.
Por otro lado, no podemos ignorar que estos problemas afectan directamente a la ciudadanía. En las zonas rurales, donde el acceso a los servicios ya es limitado, la falta del servicio del turno de oficio agrava la situación de vulnerabilidad de muchas personas que dependen de este recurso para ejercer sus derechos. La incapacidad del Gobierno de Aragón para resolver este conflicto pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la justicia, uno de los pilares de cualquier sociedad democrática.
En las Cortes de Aragón ya se han planteado iniciativas exigiendo una respuesta inmediata a la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero. Es hora de que el Gobierno de Aragón tome decisiones firmes y ponga fin a esta injusticia que afecta a profesionales y ciudadanía por igual.
La herencia de Nolasco en el departamento de Justicia es una mezcla de promesas incumplidas y agravios no resueltos. El tiempo para discursos vacíos ya ha pasado. Ahora, el Gobierno de Aragón tiene la obligación de actuar y, sobre todo, de no seguir prolongando el abandono del medio rural en cuestiones tan esenciales como el derecho a la justicia.