09 Jul Mina Muga: un proyecto especulativo que nunca debió nacer

Isabel Lasobras Pina, Secretaria General de Chunta Aragonesista

Llevamos más de una década denunciando un proyecto que nunca debió pasar de la fase de estudio: la Mina Muga, impulsada por la empresa Geoalcali entre los municipios de Undués de Lerda (Aragón) y Sangüesa (Navarra).

Desde su anuncio en 2011, alertamos desde CHA que no se trataba de una propuesta sostenible, ni beneficiosa para el territorio, sino de un proyecto especulativo diseñado más para satisfacer intereses financieros y urbanísticos que para promover un desarrollo real y justo.

Hoy, con la sombra de la corrupción sobrevolando su tramitación y con decisiones judiciales que cuestionan la legalidad de los permisos concedidos, la realidad nos da la razón.

Durante años, Mina Muga se ha presentado como una gran promesa para la zona: inversión extranjera, creación de empleo y dinamización del medio rural. Sin embargo, tras ese relato optimista se oculta un modelo de desarrollo extractivo y agresivo, sin garantías ambientales ni respaldo social suficiente.

Desde CHA hemos criticado la opacidad del proceso, la debilidad técnica de los estudios de impacto ambiental y la ausencia de participación ciudadana real. Un proyecto de esta envergadura no puede imponerse de espaldas al territorio.

Uno de los elementos más agresivos y emblemáticos del proyecto es la instalación de una cinta transportadora de más de ocho kilómetros entre la mina ubicada en Undués de Lerda y la planta de Sangüesa. Esta infraestructura atravesaría un entorno de gran valor natural y turístico, generando fragmentación del paisaje, contaminación acústica, polvo en suspensión y un fuerte impacto visual. En pleno siglo XXI, este tipo de actuaciones no son ni justificables ni aceptables.

A esto se suma la previsión de un tráfico de más de 500 camiones diarios, lo que supondría una presión insoportable para las infraestructuras y la calidad de vida de las comarcas afectadas. Cinco Villas, una de las zonas más golpeadas por la despoblación y la falta de servicios, no puede convertirse ahora en el vertedero de un modelo extractivista fallido.

Además del impacto paisajístico y social, los riesgos ambientales son inasumibles. La explotación de potasa genera residuos salinos que podrían contaminar acuíferos vitales para la agricultura y el abastecimiento humano. La cercanía al embalse de Yesa, situado en una ladera geológicamente inestable, añade un elemento más de peligro. Estos no son temores abstractos, sino amenazas reales, documentadas y alertadas por numerosos informes.

En los últimos días hemos asistido con preocupación a informaciones que apuntan a presuntos “favores políticos” en la tramitación del proyecto. Figuras como Koldo García o Santos Cerdán habrían actuado como intermediarios en contratos millonarios relacionados con Mina Muga. Esto confirma lo que venimos denunciando desde el primer día: detrás de esta iniciativa se esconde una operación urbanística con “aroma a pelotazo”. Mientras se vendía una supuesta creación de empleo, algunos, supuestamente, hacían caja a costa del territorio.

Además, a este hecho, suficientemente grave, se une la reciente anulación de uno de los permisos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo que evidencia las graves carencias del proceso desde sus inicios. La justicia ha empezado a poner en evidencia lo que la lógica ambiental y social ya había anticipado.

Por eso, exigimos tres medidas urgentes: la paralización definitiva del proyecto, una auditoría independiente que investigue las relaciones entre Geoalcali y las administraciones públicas implicadas, y la protección integral de los recursos naturales de la zona. No podemos permitir que, bajo el pretexto de atraer inversión, se comprometa el futuro de todo un territorio.

Como dijo José Antonio Labordeta: “No entendemos el progreso como la destrucción del paisaje y la gente. No queremos ser modernos a costa de perder lo que somos.” Ese sigue siendo nuestro compromiso. Un modelo de desarrollo basado en la justicia social, el respeto al medio ambiente y la participación ciudadana. Porque el futuro de Aragón y sus pueblos no está bajo tierra ni en sobres opacos, sino en una economía que cuide la tierra y a quienes la habitan.