29 Abr Ni un paso atrás, ni un derecho menos
Marina Rodríguez Hernando. Coordinadora Nacional de Choventut Aragonesista
En un momento en el que deberíamos estar consolidando derechos y garantizando vidas dignas para todas las personas, asistimos con preocupación al resurgir de discursos que buscan socavar los avances conquistados por el colectivo LGTBIQ+, y en particular por las personas trans. Lo que hace solo unos años parecía un consenso mínimo en torno a la igualdad, hoy se ve amenazado por una oleada de negacionismo y odio que, lejos de ser anecdótica, se ha instalado en los debates públicos y en las instituciones.
El ataque a los derechos trans no es aislado, ni accidental. Forma parte de una estrategia política perfectamente calculada, que utiliza el miedo, la ignorancia y la desinformación para erosionar los pilares de la convivencia democrática. El blanco de esta ofensiva son personas concretas: aquellas que se atreven a vivir su identidad en libertad. Personas que han sufrido el peso del silencio, del estigma y del rechazo institucional históricamente.
Aquellas que siguen teniendo que justificar su existencia frente a una sociedad que, demasiadas veces, no quiere escuchar. Lo que está en juego no es un debate técnico ni un conflicto de opiniones. Lo que está en juego son derechos humanos. Negar el derecho a la autodeterminación de género, dificultar el acceso a una atención sanitaria adecuada, bloquear el reconocimiento legal de la identidad de una persona o cuestionar su presencia en los espacios educativos y laborales no es una diferencia ideológica, es una forma de violencia estructural.
Esta violencia, además, se ve reforzada por una retórica que pretende enfrentar derechos entre sí. Reconocer nuevas realidades no resta derechos, los refuerza. Ampliar el marco de justicia social no amenaza a nadie, salvo a quienes se han beneficiado de una visión excluyente de la igualdad. Lo que realmente pone en riesgo el bienestar de nuestras sociedades es permitir que el odio marque la agenda. Es aceptar que determinadas personas deben justificar su derecho a existir, o que su dignidad puede ser objeto de debate. Porque cuando los derechos de una parte de la población son cuestionados, se abre la puerta a que lo sean los de todas.
La defensa de los derechos trans debe ser, por tanto, un compromiso colectivo. No basta con la solidaridad individual ni con el posicionamiento simbólico. Se necesitan políticas públicas ambiciosas, que garanticen la protección efectiva frente a la discriminación, la violencia y el abandono institucional. Se necesita una educación pública que forme en el respeto y en la diversidad. Se necesita, sobre todo, valentía política para no ceder ni un milímetro ante quienes utilizan el poder para recortar derechos.
Es especialmente grave que parte de esta regresión se presente bajo el paraguas del feminismo. No hay feminismo posible que excluya, señale o niegue la identidad de otras mujeres. El feminismo es una herramienta de emancipación, no de control. Su vocación es liberadora.
Defender a las mujeres trans no es una concesión ni una contradicción, es una responsabilidad feminista ineludible. Frente a la reacción, toca organización. Frente al odio, diversidad. Ni un paso atrás. Ni un derecho menos.